El Juzgado de Garantía y Letras de Puerto Aysén condenó a un armador de la Región de Magallanes por cometer infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, tras ser sorprendido realizando faenas extractivas sin autorización en la Región de Aysén y por entregar información inconsistente sobre sus operaciones. La sanción total asciende a 66,7 unidades tributarias mensuales (UTM), equivalente a más de $4.769.000 en multas.
La resolución se origina en un procedimiento de fiscalización efectuado en noviembre de 2023, cuando personal detectó una embarcación desarrollando actividades extractivas en las cercanías de la isla Byron. Según los antecedentes recogidos en el fallo, al momento del control se observó que la nave mantenía en su cubierta mallas con luga roja, además de dos tripulantes a bordo.
El tribunal consideró relevante que, durante la inspección, también se advirtieron mangueras de color amarillo, elementos que —de acuerdo con lo establecido en la sentencia— son indicativos de la realización de actividades de buceo extractivo. Esa constatación, en el contexto de la fiscalización, fue parte de los antecedentes que sostuvieron la acusación por faenas realizadas sin autorización.
La sentencia también tuvo en cuenta la revisión de la información de desembarque asociada a la embarcación fiscalizada. En ese análisis se concluyó que lo declarado no se ajustaba al viaje de pesca controlado, un punto que terminó configurando otra de las infracciones sancionadas.
Operación sin autorización y reporte de capturas bajo cuestionamiento
De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, el armador fue sancionado por ejecutar pesca extractiva en la zona sin contar con autorización para ello. La decisión judicial se sustentó en los hallazgos del control en terreno, específicamente por la presencia de luga roja en la cubierta y los implementos observados durante la fiscalización.
En paralelo, el fallo estableció que la información de desembarque presentada no era fidedigna respecto del viaje de pesca fiscalizado. En la documentación revisada, se declaraba que las capturas de luga roja se habrían realizado en la Región de Magallanes, en un área distinta a aquella donde se concretó el procedimiento de control.
Ese contraste entre lo observado en las cercanías de isla Byron y lo consignado en los registros de desembarque fue clave para la conclusión del tribunal, al estimar que existió entrega de antecedentes que no correspondían al lugar efectivo de extracción detectado durante el operativo.
Las multas, fijadas en 66,7 UTM, se aplicaron como sanción por el conjunto de infracciones acreditadas, en una causa que abordó tanto la realización de faenas sin respaldo autorizatorio como las inconsistencias en la información aportada sobre el origen de las capturas.
Sernapesca valora el fallo y refuerza foco en control
Tras conocerse la resolución, la directora regional de Sernapesca en Aysén, Daniela Leiva, se refirió al alcance del dictamen y lo vinculó con la importancia de mantener la fiscalización en el territorio. “Este fallo ratifica que la fiscalización y el control son herramientas fundamentales para proteger nuestros recursos pesqueros y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente”, afirmó.
Leiva añadió que el servicio continuará trabajando coordinadamente con otras instituciones. “Seguiremos trabajando junto a las instituciones de la Red Sustenta para detectar y perseguir la pesca ilegal, resguardando una actividad que es clave para el desarrollo económico y social de la región y para el sustento de cientos de familias”, señaló.
En esa línea, desde la autoridad regional se enfatizó que el combate contra la pesca ilegal Aysén busca resguardar los recursos pesqueros y sostener el cumplimiento de las reglas que regulan la extracción, trazabilidad y declaración de capturas, especialmente en ámbitos donde el control en terreno permite contrastar lo informado con lo efectivamente observado.
Con el fallo del Juzgado de Garantía y Letras de Puerto Aysén, el caso queda zanjado con una sanción económica superior a $4.769.000, en una causa originada por una fiscalización realizada cerca de isla Byron y que incluyó la detección de actividades extractivas y la verificación de inconsistencias en los registros de desembarque asociados a la embarcación controlada.
