La Corte de Apelaciones de Valdivia revocó una medida cautelar que ordenaba el desalojo de una comunidad indígena en la comuna de San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno. La decisión del tribunal de alzada se basó en que no había antecedentes contundentes que justificaran una acción de alto impacto para las familias del sector.
El fallo dejó sin efecto una resolución previa del Juzgado de Garantía de Osorno, dictada en el marco de una querella por presunta ocupación ilegal. La causa investigativa se originó en 2021 y, a la fecha, aún no ha sido formalizada por el Ministerio Público.
En su análisis, los magistrados de Valdivia pusieron el foco en la excesiva prolongación de la investigación. Para el tribunal, la ausencia de diligencias claras y avances concretos impide sostener, con el estándar requerido, una medida cautelar tan gravosa como la expulsión de familias desde el territorio en disputa.
La resolución se inserta en un contexto particularmente sensible para San Juan de la Costa y la provincia de Osorno, donde el acceso y la tenencia de la tierra han sido históricamente un punto de conflicto. En estos casos, las decisiones judiciales no solo afectan el desarrollo del proceso penal, sino que también impactan la vida cotidiana de comunidades completas, sus redes sociales y su continuidad territorial.
Investigación prolongada y estándares
El criterio central del tribunal de alzada fue que una medida como el desalojo requiere fundamentos robustos, algo que, según el fallo, no se cumplía en este caso. Al tratarse de una cautelar que altera de forma inmediata el lugar de residencia y la organización comunitaria, la exigencia probatoria y de contextualización es mayor.
La Corte de Apelaciones de Valdivia sostuvo que la falta de diligencias claras en un periodo prolongado debilita la justificación de la actuación solicitada. En términos prácticos, el tribunal consideró que no era posible respaldar una medida de esa envergadura mientras la investigación se mantiene sin definiciones procesales relevantes.
Título de merced y derechos territoriales
En la discusión judicial, tomó relevancia la presentación de un título de merced, documento que fue incorporado como antecedente por la defensa. El abogado de la Defensoría Penal Pública, Marcelo Troncoso, explicó que este instrumento resultó clave para demostrar una relación histórica legítima con el territorio, materia que —según lo planteado— debe ser investigada de manera íntegra.
El defensor detalló que el título de merced se encuentra en vías de reivindicación ante la Conadi, lo que refuerza la necesidad de examinar el trasfondo territorial del conflicto más allá de los documentos tradicionales de dominio. En esa línea, Troncoso recalcó que presentar únicamente un título de dominio no basta, por sí solo, para ejecutar un desalojo.
La corte acogió la idea de que, en casos donde se invocan derechos territoriales de pueblos originarios, el análisis debe considerar el contexto completo. Esto implica atender los antecedentes históricos y administrativos asociados a la ocupación y al vínculo con la tierra, antes de imponer medidas que puedan afectar derechos de comunidades indígenas.
Con esta revocación, el desalojo queda sin efecto y la causa continúa en etapa investigativa. El desarrollo del proceso dependerá de los próximos pasos del Ministerio Público y de las diligencias que se realicen para esclarecer los hechos denunciados y el contexto territorial alegado, un punto que el tribunal consideró indispensable antes de avalar una medida cautelar de expulsión.
