El Servicio de Salud Osorno (SSO) fue el mejor evaluado de Chile durante dos años consecutivos. Su director, Rodrigo Alarcón Quesem, encabezó el ranking nacional de gestión del Ministerio de Salud en 2024 y 2025, y obtuvo las más altas calificaciones del país en el convenio de desempeño que se les exige a los altos directivos públicos. Pese a ese resultado, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió no renovar su nombramiento: el próximo 6 de agosto cesará en sus funciones.
La decisión, comunicada por vía telefónica el pasado 7 de julio —el último día del plazo legal para hacerlo—, saca al directivo mejor calificado de la red pública de salud. Y no solo a él: según ha trascendido, con su salida se iría también la primera línea completa del servicio —las tres subdirecciones y las jefaturas de departamento, más de 20 personas en total—, lo que en la práctica significaría un descabezamiento de la conducción sanitaria de la provincia de Osorno en medio del mayor recorte presupuestario que ha vivido el sector en años.
Un aviso en el último día del plazo
El nombramiento de Alarcón, realizado por Alta Dirección Pública (ADP) en agosto de 2023, tiene una vigencia de tres años que se cumple el 7 de agosto de 2026. La ley que rige el sistema (artículo cuadragésimo de la Ley 19.882, modificado por la Ley 20.955) obliga a la autoridad a comunicar la decisión de renovar o poner término al cargo con 30 días corridos de anticipación al vencimiento, informando de manera conjunta al interesado y a la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Ese plazo vencía, precisamente, en torno al 7 de julio. Ese día, mediante un llamado telefónico, se le informó a Alarcón que no continuaría. Ocho días después, el miércoles 15 de julio, el propio director comunicó a todo su equipo que no seguiría al frente del servicio. El cese efectivo será el 6 de agosto.
Con la no renovación, la normativa obliga al Servicio Civil a iniciar un nuevo proceso de selección para proveer el cargo. Mientras ese concurso se desarrolla —un trámite que puede tomar meses—, la ley permite designar a un directivo transitorio y provisional, figura que en la práctica queda a discreción de la autoridad de turno.
Dos años en el primer lugar del país
Los números de la gestión de Alarcón son inusualmente altos para el estándar del sistema público.
En el convenio de desempeño de Alta Dirección Pública, que mide directamente al director del servicio, Alarcón obtuvo un 93% de cumplimiento en su primer año (2024) —el más alto del país, cuando el promedio de sus pares fue de 79,6%— y un 95% en su segundo año (2025), nuevamente el primer lugar nacional, por sobre el promedio de 79,2%.
En paralelo, en los Compromisos de Gestión (COMGES) del Ministerio de Salud —el instrumento que evalúa al servicio en su conjunto entre los 29 del país—, el SSO fue primero a nivel nacional en 2024 y 2025. En la última medición alcanzó un 81,90% de cumplimiento, frente a un promedio nacional de 67,69%, con un 100% en indicadores como seguridad del paciente, detección precoz de cáncer y participación social e interculturalidad.
A esa gestión se suma una inversión histórica: durante 2025 el servicio ejecutó cerca de $20.236 millones del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), la cifra más alta desde 2013, junto a una reducción del 40% en el ausentismo laboral y una baja en los tiempos de espera, según expuso el propio servicio en su cuenta pública de gestión.
La promesa que choca con la decisión
El sistema de Alta Dirección Pública fue creado en 2003, mediante un acuerdo transversal, con un objetivo explícito: despolitizar la provisión de los cargos directivos del Estado y anteponer el mérito a la afiliación partidaria.
Durante su campaña, el hoy Presidente José Antonio Kast hizo de ese principio una bandera. Reivindicó el mérito como «principio rector del acceso a los cargos directivos» y prometió terminar con la práctica «transversal» de instalar en el Estado a personas no calificadas. «Nadie que haya sido electo popularmente tendrá un familiar en algún cargo de confianza designado por alguna autoridad del Ejecutivo», declaró, al comprometerse a poner fin a esa costumbre.
La remoción del director mejor evaluado del país tensiona ese compromiso. No es la primera vez que la administración Kast enfrenta cuestionamientos en esta materia: en octubre de 2025, como candidato, debió defender la presencia de integrantes de su equipo en el propio panel del sistema ADP, y su Gobierno ha impulsado cambios al mecanismo.
Descabezar en plena estrechez presupuestaria
La decisión ocurre, además, en un momento crítico para la red asistencial. En mayo de 2026, a través del Decreto 333 del Ministerio de Hacienda, el Gobierno recortó el presupuesto de Salud en $413.193 millones, un 2,4% del gasto sectorial del año. El ajuste golpea a los servicios de salud, la atención primaria y los hospitales de alta y mediana complejidad, y generó un emplazamiento transversal en el Senado y de las asociaciones de funcionarios, que advierten un impacto directo en la capacidad operativa de la red.
En ese escenario, un eventual recambio de la conducción completa del servicio mejor gestionado del país —y no de un directivo aislado, sino de su primera línea entera— abre interrogantes sobre la continuidad de las obras en ejecución, la gestión de las listas de espera y el funcionamiento de una red que atiende a toda la provincia de Osorno.
Las voces del Gobierno
Consultado por MiradaSurTV, el director Rodrigo Alarcón prefirió no referirse públicamente a su salida.
Este medio se contactó con el equipo de prensa del subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt Vidal —organismo del que depende el Servicio de Salud Osorno y que evalúa el convenio de desempeño—, desde donde confirmaron la no renovación del director del Servicio de Salud Osorno, aunque no entregaron declaraciones sobre los fundamentos de la decisión.
MiradaSurTV dará seguimiento a este caso y publicará las reacciones de autoridades regionales, parlamentarios y representantes de la comunidad.
