La Corporación Nacional Forestal (CONAF) activó una cobranza judicial y solicitó el embargo de bienes para exigir el pago de una multa histórica en la provincia de Chiloé, en la Región de Los Lagos. La acción apunta contra la forestal china Golden Spring y la Comunidad Indígena Coihuín de Compu, por una sanción de $22.450 millones asociada a tala ilegal.
La ofensiva judicial se materializó mediante una demanda ejecutiva presentada ante el Juzgado de Letras local, con el objetivo de recuperar el monto establecido tras comprobarse la destrucción de 1.058,9 hectáreas. Los antecedentes del caso describen afectación a bosque nativo con presencia de especies protegidas.
Entre las especies consignadas en el expediente figuran canelo, coihue, tepú, mañío y luma. La magnitud del daño, por superficie y por volumen de extracción, instaló este conflicto como uno de los episodios más relevantes en materia de fiscalización forestal y aplicación de sanciones en Chiloé.
La base de la cobranza es el fallo dictado por la jueza María Agustina Barrientos, que estableció que la forestal china Golden Spring y la Comunidad Indígena Coihuín de Compu son deudores solidarios. En esa resolución se atribuye a la comunidad la ejecución material de las talas, mientras que la corporación asiática aparece como dueña legal de los terrenos involucrados.
Qué se busca cobrar y qué acreditaron los peritajes
Los peritajes incorporados al proceso confirmaron la extracción de 249.452 metros cúbicos de leña entre 2017 y 2018. Esa madera fue tasada en $3.741 millones, cifra que se suma al cuadro de antecedentes considerado en la sanción aplicada por la autoridad.
Las áreas intervenidas correspondían a bosque nativo con especies protegidas, un punto central en la controversia debido a la regulación que rige estas formaciones vegetacionales y al valor ecológico del territorio chilote. En términos prácticos, el expediente se sostiene en la constatación de tala ilegal y en la determinación de responsabilidades ya asentada en sede judicial.
En el plano institucional, la persecutora de la cobranza es la Corporación Nacional Forestal, dirigida por Aída Baldini Urrutia. Tras correr los plazos iniciales sin pago, CONAF decidió reimpulsar la vía ejecutiva para acceder a mecanismos de apremio como el embargo, orientados a asegurar el cumplimiento de la obligación.
Deudores solidarios y reactivación del cobro en tribunales
Según lo resuelto, la Comunidad Indígena Coihuín de Compu actúa en el proceso a través de su representante Pedro Loncuante Silva. En la sentencia se consignó que la comunidad ejecutó materialmente la tala, mientras que la forestal Golden Spring figuró como propietaria legal de los predios donde se habría realizado la intervención.
En paralelo, la defensa de la forestal buscó frenar el cobro al sostener que la causa estaba prescrita. Ese planteamiento se enmarca en las disputas habituales que se dan cuando el Estado activa mecanismos de cobro de multas de alto monto, especialmente cuando se intenta impedir que la sanción se materialice en el patrimonio de los deudores.
La arista judicial y el detalle del caso fueron abordados en una investigación del periodista Yerko Roa Núñez, que siguió el conflicto y su evolución en tribunales, incluida la tesis de prescripción esgrimida por la empresa.
El paso que reactivó el proceso fue el vencimiento del plazo legal de cinco días sin registrarse abono voluntario. Con ese antecedente, CONAF impulsó la demanda ejecutiva y la solicitud de embargo para perseguir el pago de la multa de $22.450 millones, conforme al fallo de la jueza María Agustina Barrientos que declaró a Golden Spring y a la Comunidad Indígena Coihuín de Compu como deudores solidarios por los hechos ocurridos en Chiloé.
