Con 24 votos a favor y 24 en contra, el Senado rechazó este martes 9 de junio la norma que permite el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, en el marco de la votación del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. El resultado, técnicamente un empate que el reglamento del Senado resuelve como rechazo, constituye la tercera derrota consecutiva de la iniciativa y obliga al proyecto a pasar a una Comisión Mixta para intentar destrabar el impasse legislativo.
Los 24 votos en contra provinieron en su totalidad de senadores de derecha, integrada por RN, UDI, Republicanos, Evópoli e independientes vinculados a ese bloque. La lista completa de quienes se opusieron es la siguiente: Andrea Balladares (RN), Miguel Ángel Becker (RN), Rodolfo Carter (Independiente), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (Independiente), Rojo Edwards (Independiente), Sergio Gahona (UDI), María José Gatica (RN), Vanessa Kaiser (Republicanos), Sebastián Keitel (Independiente), Camila Flores (RN), Carlos Kuschel (RN), Enrique Lee (Independiente), Andrés Longton (RN), Javier Macaya (UDI), Iván Moreira (UDI), Paulina Núñez (RN), Manuel José Ossandón (RN), Gustavo Sanhueza (UDI), Arturo Squella (Republicanos), Renzo Trissotti (Republicanos), Ignacio Urrutia (Republicanos) y Enrique Van Rysselberghe (UDI). También figura Cristian Vial (Independiente).
La norma que la derecha bloqueó: qué permitía el levantamiento del secreto bancario
La norma buscaba permitir que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requiriera directamente a los bancos información protegida por secreto bancario en tres casos puntuales, sin autorización judicial previa: cuando se trate de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que provenga de un banco; cuando el ROS esté referido a un funcionario público; y cuando se refiera a una persona jurídica. La legislación vigente exige que la única forma de acceder a las cuentas bancarias de un sujeto de interés sea a través de una investigación del Ministerio Público y con previa aprobación de un tribunal.
La oposición argumentó que la medida vulnera garantías fundamentales al omitir el control judicial. Sin embargo, el oficialismo y parte de la oposición que apoyó la norma recordaron que la herramienta habría sido clave para acelerar uno de los golpes antinarco más importantes de los últimos años en Chile.
Operación Tokio: el escándalo que impulsó el debate
La Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI desarticularon mediante la denominada «Operación Tokio» una sofisticada estructura financiera que blanqueó aproximadamente 85 millones de dólares a través del sistema bancario formal y el uso de criptoactivos entre los años 2022 y 2026, con vínculos directos al Tren de Aragua. Entre los imputados figura un ejecutivo del Banco Santander identificado como José Carlos Pérez Asencio. Además, la PDI allanó este martes una sucursal de BancoEstado en el centro de Santiago en busca de antecedentes sobre una imputada que prestaba servicios al banco a través de una empresa externa.
El senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista, fue uno de los más críticos al señalar que «resulta incomprensible que sectores de la derecha, que hicieron su campaña con el tema de la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, ahora se opongan a levantar el secreto bancario». En la misma línea, el senador Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, cuestionó el temor a la iniciativa: «Ningún ciudadano honesto debe temer al levantamiento del secreto; en cambio, quienes sí deben temer son los miembros del crimen organizado que utilizan el sistema bancario para sus actividades», afirmó, agregando que la Operación Tokio habría operado con mayor rapidez de haber contado con esta herramienta.
Ausencias que definieron el resultado
Para el rechazo habría sido determinante la ausencia de la senadora Ximena Órdenes, independiente e integrante del comité mixto conformado por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, independientes y el Partido Liberal. La ausencia de Matías Walker —quien viajó a Ginebra para participar de una conferencia de la OIT junto al ministro Tomás Rau— también pesó en la izquierda, que buscaba impulsar la enmienda.
Otro aspecto que generó debate fue el presunto incumplimiento de un pareo acordado en el hemiciclo: la senadora Camila Flores (RN) no iba a estar presente, pero sí participó de la votación y luego se retiró para asistir a reuniones con sus abogados. Desde el oficialismo replicaron que para el secreto bancario el pareo no operaba.
Con este revés legislativo, la Comisión Mixta será la encargada de intentar destrabar una de las reformas más sensibles del último tiempo en Chile, que busca redefinir los límites de la inteligencia financiera y el acceso a la reserva de información bancaria. La decisión del bloque opositor adquiere una dimensión política mayor en el contexto de la Operación Tokio: la derecha que hizo de la seguridad su principal bandera electoral se convierte ahora en el factor que impide dotar al Estado de herramientas financieras para perseguir al crimen organizado.
