A 100 días de instalado en La Moneda, el gobierno de José Antonio Kast enfrenta un diagnóstico que sus propias cifras se encargan de documentar: la administración que se presentó como un «gobierno de emergencia» —cuya promesa central era actuar con rapidez frente a problemas urgentes— llegó a este hito con la ciudadanía evaluando resultados, no expectativas. La última encuesta CEP, según consignó La Tercera, mostró que el oficialismo parece haber agotado tempranamente el beneficio de la duda que normalmente acompaña a las nuevas administraciones, con un 52% de desaprobación.
No es un dato aislado. La encuesta Criteria, difundida el 14 de junio, ubicó la aprobación del Presidente Kast en 39% y la desaprobación en 52%. La medición de Pulso Ciudadano fue aún más severa: la aprobación presidencial cayó del 47,5% al 31% en solo tres meses. La curva de desgaste tiene un punto de inflexión preciso, y no fue un accidente externo: fue una decisión propia.
Marzo: el bencinazo que disparó la primera crisis
A doce días de asumir, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial un decreto que modificó el mecanismo de cálculo del MEPCO. El resultado fue inmediato y brutal: un aumento de $370 por litro en la bencina de 93 octanos y de $580 en el diésel, el mayor registrado desde que comenzaron los registros hace 46 años. La ENAP terminó confirmando alzas todavía mayores: la gasolina de 97 escaló hasta $391 por litro.
El gobierno justificó la medida en el shock internacional del crudo —el Brent superó los US$100 tras la escalada en Medio Oriente— y en la «estrechez fiscal» heredada. Pero los números revelan la otra cara de la decisión. Según el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, los cambios al MEPCO le permitieron al fisco ahorrarse cerca de US$1.590 millones. Dicho de otro modo: el alivio fiscal se construyó traspasando el costo directo a los consumidores. De haberse mantenido el mecanismo operando con normalidad, el alza de las bencinas se habría materializado en unas 12 semanas, y la del diésel en unas 19. El gobierno lo concentró en una sola jornada.
El golpe a la aprobación fue medible y fulminante. Según Cadem, la aprobación presidencial cayó seis puntos en una semana, desde el 57% inicial hasta el 51%, con caídas de hasta 20 puntos entre mujeres y votantes de centro. Para el 5 de abril, la desaprobación llegaba al 53%.
La promesa que se volvió «metáfora» y luego «hipérbole»
Si el bencinazo fue el golpe económico, la migración fue el golpe a la credibilidad. Durante la campaña, la expulsión de 300 mil migrantes irregulares «el primer día» de gobierno fue uno de los ejes más visibles del discurso de Kast: apareció en debates, piezas comunicacionales y hasta una cuenta regresiva rumbo a La Moneda. El 11 de marzo llegó, y la promesa no se concretó.
El 13 de mayo, ante la Cámara Chilena de la Construcción, el Presidente intentó cerrar el flanco y lo abrió aún más. «Algunos dicen: ‘Llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes’. Es una metáfora. Si alguien creyó que en un día vamos a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje», afirmó. Un día después, desde Atacama, corrigió su propia corrección: «quizás la palabra era hipérbole, no metáfora».
El giro semántico —de promesa a metáfora, de metáfora a hipérbole— concentró la crítica transversal. El senador Iván Flores (DC) resumió el cuestionamiento: «No se gobierna con metáforas. ¿Para qué hizo tanta parafernalia? ¿Para qué hizo una cuenta regresiva?». La senadora Fabiola Campillai fue más directa: «Mentir no es una metáfora». El episodio, además, opacó el propio anuncio de seguridad del gobierno, sepultando la agenda bajo la controversia discursiva.
El gobierno que no logró armar su propio equipo
A la promesa rebajada y al golpe en el bolsillo se sumó un tercer frente, este de gestión pura: la incapacidad de instalar equipos estables desde el día uno. Desde el 11 de marzo, al menos 22 seremis han dejado sus cargos en tres meses, según consignó The Clinic el 12 de junio, a propósito de la desvinculación del seremi de Salud de Ñuble, Jorge Carrillo. Algunos no alcanzaron a durar una jornada: Renato Münster permaneció 24 horas como seremi de las Culturas en la Región Metropolitana, mientras que en el Biobío el nombramiento de Alexander Nanjarí en Educación fue revertido poco más de un día después de anunciado, al reflotar antiguos posteos cuestionados. Otros cayeron por filtros que simplemente no operaron: títulos profesionales inexistentes, sumarios administrativos, denuncias de estafa o falta de experiencia para la cartera.
El goteo no se limitó a las regiones. En tres meses y un día salieron también tres subsecretarios y dos ministros. El subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, renunció el 11 de mayo por diferencias con su ministra; el 2 de junio, el nuevo ministro de Seguridad Martín Arrau pidió la salida de los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana tras evaluar sus desempeños.
El punto de quiebre llegó el 19 de mayo. A solo 69 días de asumir, Kast se vio obligado a realizar su primer cambio de gabinete, removiendo a las ministras Trinidad Steinert (Seguridad) y Mara Sedini (Secretaría General de Gobierno), en lo que el Diario Financiero calificó como el ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia en 1990. El golpe cayó justo en dos áreas críticas: la seguridad, que fue bandera de campaña, y la vocería, el rostro comunicacional del gobierno. El propio Presidente reconoció el traspié: «No esperaba ni era lo que tenía pensado para esta etapa del gobierno, pero en base al sentido de urgencia que tiene el país (…) es necesario hacer este ajuste». Desde el oficialismo, el diputado republicano Luis Sánchez relativizó la seguidilla, asegurando que las renuncias se mantenían «dentro del margen de lo esperable, de lo que ocurre en todos los Gobiernos». Para el analista Luis Felipe Vergara, en cambio, la improvisación demostraba que «aún no estaban preparados para ser Gobierno».
El relato de la Cuenta Pública contra los datos del propio gobierno
El 1 de junio, en su primera Cuenta Pública, Kast presentó el alza de combustibles como un acto de responsabilidad. «Quiero agradecerle a la ciudadanía por la responsabilidad que han tenido a la hora de enfrentar las decisiones difíciles… En otros países, quizás esto habría generado un estallido», sostuvo, y reiteró su meta de crecer al 4%.
El problema es que sus propias proyecciones ya contradecían el discurso. La proyección fiscal del propio gobierno descartaba la meta de crecimiento del 4%, mientras la economía retrocedió 0,5% en el primer trimestre del año. El relato de la crisis «bajo control» se sostiene seleccionando qué cifras se muestran y cuáles se omiten.
El gobierno de la «responsabilidad fiscal» pide la mayor deuda en años
Pero la contradicción más profunda de estos 100 días no está en el discurso migratorio ni en el bencinazo, sino en el terreno donde el sector de Kast construyó su identidad política: la responsabilidad fiscal. El 3 de junio, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz ingresó al Congreso, con suma urgencia, un proyecto para elevar el techo de endeudamiento en US$6.200 millones adicionales, llevando la autorización total de US$18.000 millones a US$24.200 millones.
El argumento de Quiroz fue técnico: el déficit proyectado para 2026 trepó a 2,4 puntos del PIB, muy por encima del 1,5% con que se elaboró la Ley de Presupuestos, por una sobreestimación de ingresos y subestimación de gastos. Pero las cifras exponen la paradoja. Según los cálculos de expertos citados por La Tercera, de usarse el máximo de la nueva deuda, el ratio subiría desde el 41,3% proyectado hasta entre 44,6% y 44,8% del PIB, quedando prácticamente pegado al límite de 45% considerado prudente, e implicando traspasarlo ya en 2027.
Y aquí está el dato que vuelve el contraste insalvable: ese techo del 45% del PIB no lo fijó Kast. Es la meta de deuda autoimpuesta por el gobierno de Gabriel Boric y validada por el Consejo Fiscal Autónomo. Más aún, la administración saliente había logrado un hito que la propia Dipres destacó: en el cierre de 2025 la deuda bruta se frenó en 41,5% del PIB, deteniendo su crecimiento por primera vez en 18 años. El gobierno que llegó a La Moneda prometiendo «ordenar la casa» y que responsabilizó a su antecesor de la estrechez fiscal recibió una deuda estabilizada y, a 100 días, pide autorización para acercarla al techo que ese mismo antecesor dejó instalado. La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, ya advirtió por el riesgo país y llamó a cumplir las metas fiscales, recordando que el costo «finalmente lo terminan pagando las personas».
El sur paga la cuenta: hospitales recortados y gremios a pérdida
Para Los Lagos y Los Ríos, la aritmética de estos 100 días es concreta y dolorosa. Decretos de Hacienda firmados en paralelo al ajuste fiscal recortaron más de $5.300 millones a los hospitales base de Valdivia, Osorno y Puerto Montt. El desglose es elocuente: el Hospital Base Valdivia pierde $2.232 millones, el Hospital Regional de Puerto Montt $1.970 millones y el Hospital Base San José de Osorno $1.158 millones. La Fenpruss y la Confusam iniciaron asambleas permanentes advirtiendo que la falta de recursos obligaría a reprogramar cirugías electivas, en una macrozona que ya opera históricamente con déficit estructural y listas de espera.
El bencinazo, además, golpeó con dureza particular a la economía productiva del sur. En la Región de Los Lagos, los gremios locales advirtieron que sin un mecanismo de compensación directo era imposible absorber el costo del diésel, el «corazón» de sus operaciones, mientras en provincias como Llanquihue se reportaron alzas de hasta $1.000 en recorridos interurbanos. La Fedeleche, gremio clave para la economía regional, alertó por el impacto en los costos de producción láctea, un rubro fuertemente ligado al petróleo tanto en maquinaria como en transporte. Y para los colectiveros, el bono de $100.000 prometido por el gobierno se «evapora» en apenas tres o cuatro días de carga de combustible.
El cierre de la brecha
Cien días después, la distancia entre lo prometido y lo entregado es la que ordena el balance. El gobierno que ofreció expulsar a 300 mil migrantes el primer día rebajó la promesa a figura retórica. El que prometió cuidar el bolsillo de las familias decretó el alza de combustibles más alta en casi medio siglo y se ahorró US$1.590 millones a costa de los consumidores. El que se presentó como adalid de la responsabilidad fiscal pide ahora autorización para US$6.200 millones de deuda adicional, acercándose al techo que dejó instalado el gobierno que tanto criticó. El que prometió crecer al 4% vio la economía retroceder. Y el que se presentó como una administración de gestión eficiente no logró sostener a sus propios equipos: al menos 22 seremis, tres subsecretarios y dos ministros fuera en cien días, con el ajuste de gabinete más temprano desde 1990. En el sur, esa brecha tiene rostro: hospitales con $5.300 millones menos, productores de leche encareciendo costos y transportistas trabajando a pérdida. La ciudadanía, según las encuestas, ya hizo su propia cuenta.
