La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, llegará debilitada a su votación en la Sala de la Cámara de Diputados este martes 23 de junio. La comisión revisora recomendó rechazar el libelo y, en la misma jornada, un informe del Consejo Fiscal Autónomo desarmó el argumento técnico que le daba sustento: las supuestas inconsistencias en las proyecciones de deuda que había denunciado el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
La comisión revisora recomienda rechazar el libelo
La instancia, presidida por la diputada Marcela Hernando (PR), votó este lunes mayoritariamente en contra de la acusación. Tres parlamentarios la rechazaron —Hernando, Carlos Bianchi (IND-PPD) y Alejandro Bernales (PL)—, mientras Joanna Pérez (Demócratas) se abstuvo y solo Luis Sánchez (Republicanos) votó a favor. Con ese resultado, el libelo llegará con informe negativo a la Sala, aunque el documento no es vinculante y será el pleno de la Cámara el que defina su destino.
El diputado Bernales sintetizó el reparo de fondo al señalar que una acusación constitucional requiere hechos concretos, responsabilidad personal, una norma infringida y antecedentes que acrediten culpa o dolo, y que no puede construirse sobre percepciones, sospechas o diferencias políticas. En la misma línea, la bancada de la Democracia Cristiana anunció su voto en contra al concluir que «no existen méritos suficientes» para aprobar el libelo, calificando la herramienta como un mecanismo de última ratio reservado para situaciones de gravedad comprobada.
La acusación, presentada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano con el respaldo de firmas del Partido de la Gente, Renovación Nacional y el Partido Social Cristiano, imputa a Grau la subestimación del déficit fiscal proyectado y errores en la elaboración de las proyecciones de deuda y de la Ley de Presupuestos. Sin embargo, la ofensiva tuvo problemas para encontrar respaldo experto: durante el trabajo de la comisión, una decena de juristas y economistas se excusaron de exponer, y las presentaciones de constitucionalistas como Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, restaron piso al texto. Incluso en Renovación Nacional, con figuras como el jefe de bancada Diego Schalper, se anticiparon rechazos al libelo.
El informe del CFA contradice a Quiroz
El golpe técnico más relevante llegó desde el Consejo Fiscal Autónomo. En su informe semestral, publicado este mismo lunes, el organismo presidido por la economista Paula Benavides concluyó que no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025, elaborado en el último tramo del gobierno de Gabriel Boric. En otras palabras, las proyecciones de deuda que la oposición usó como base de la acusación «cuadran».
El dato es central porque esos cuestionamientos no nacieron en el Congreso, sino en la propia cartera que hoy debe administrar las finanzas públicas. Fue el ministro Quiroz quien, el 25 de mayo, denunció que el informe de la administración anterior estaba mal calculado y que faltaban cerca de 9,6 billones de pesos —unos 10 mil millones de dólares— entre la trayectoria del déficit y la proyección de la deuda. Sobre esa acusación, un grupo de diputados oficialistas construyó el libelo contra Grau. El CFA recordó, además, que la Dirección de Presupuestos ya había llegado el 5 de junio a una conclusión similar: la trayectoria fiscal es internamente consistente y la diferencia entre el mayor déficit y la variación de deuda se explica por partidas identificables.
El pronunciamiento deja en una posición incómoda al ministro de Hacienda, cuya denuncia inicial terminó siendo desestimada por el organismo técnico encargado precisamente de vigilar la sostenibilidad fiscal. En su momento, Grau había respondido a Quiroz acusándolo de ignorar el efecto del tipo de cambio y sosteniendo que la proyección era consistente y sin errores de cálculo.
Una advertencia fiscal que persiste
El respaldo del CFA a la consistencia de las cifras no equivale a un parte de tranquilidad sobre el estado de las finanzas públicas. El mismo informe advirtió que la deuda bruta superaría el nivel prudente del 45% del PIB entre 2027 y 2030 si no se adoptan medidas adicionales, y que en su escenario base podría alcanzar un máximo de 48% del PIB hacia 2033. El organismo también señaló que las presiones de gasto reconocidas en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre superan los recortes anunciados por Hacienda, y planteó la necesidad de un acuerdo amplio entre el Ejecutivo y el Congreso para asegurar la convergencia fiscal.
De esta forma, la discusión que se tomará la Sala este martes enfrenta dos planos. Por un lado, una acusación constitucional cuyo sustento técnico quedó cuestionado por el propio órgano fiscal autónomo y que llega sin respaldo mayoritario de su comisión revisora. Por otro, un debate de fondo sobre la trayectoria de la deuda pública chilena que, más allá de responsabilidades individuales, exige decisiones estructurales. El desenlace en la Cámara, según coinciden los análisis, se definirá menos por los antecedentes jurídicos y económicos que por la aritmética política de las bancadas.
