La Contraloría Regional de Los Ríos instruyó a la Municipalidad de La Unión adoptar medidas para corregir una situación que calificó como improcedente: el uso del asesor jurídico municipal para patrocinar una acción judicial promovida por autoridades comunales en contra del exalcalde Andrés Reinoso.
El pronunciamiento quedó contenido en el oficio N° OF51011/2026, con fecha 16 de marzo de 2026, originado a partir de una denuncia reservada que cuestionó el uso de recursos municipales y una eventual vulneración al principio de probidad administrativa.
De acuerdo con lo señalado por el organismo contralor, el alcalde de La Unión, Saturnino Quezada, junto a las concejalas Emilia Rauld y Erica Paredes, utilizaron al asesor jurídico municipal para patrocinar una presentación judicial asociada al caso.
En su análisis, Contraloría estableció que “no resultó procedente que tanto el alcalde, como los concejales, otorgaran patrocinio al abogado que desempeña labores como asesor jurídico del municipio”.
El oficio también observó que “tampoco se ajustó a derecho la delegación de poder en una funcionaria municipal”, pese a que esa delegación posteriormente fue revocada.
Qué observó Contraloría
La Contraloría Regional de Los Ríos fue categórica al señalar que el patrocinio del abogado municipal en este tipo de acciones no corresponde a funciones propias del municipio como institución, sino a actuaciones individuales de autoridades.
En esa línea, el organismo recalcó que estas gestiones no pueden financiarse ni ejecutarse mediante recursos públicos ni a través de la estructura jurídica municipal, debido a los estándares aplicables en materia de probidad y adecuada utilización de recursos del Estado.
Con ese fundamento, instruyó que la Municipalidad de La Unión adopte “las medidas que correspondan tendientes a corregir dicha situación”, fijando un plazo de 20 días hábiles para informar las acciones adoptadas.
Contexto de la acción judicial
La acción judicial cuestionada buscaba inhabilitar al exalcalde Andrés Reinoso por presuntas faltas a la probidad durante su gestión. Sin embargo, el Tribunal Electoral Regional (TER) de Los Ríos rechazó la demanda en todas sus partes el 19 de diciembre de 2025, con una votación unánime de 7 a 0.
Pese a ese resultado, el alcalde Saturnino Quezada y las concejalas Emilia Rauld y Erica Paredes presentaron el 24 de diciembre una apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), la que nuevamente fue patrocinada por el asesor jurídico municipal, Javier Azócar.
Según lo consignado en el oficio, la situación se mantenía, considerando que el mismo abogado continuaba representando a las autoridades en la causa. La apelación, a la fecha del pronunciamiento, seguía en tramitación ante el Tricel.
Con el plazo fijado por Contraloría, la Municipalidad de La Unión deberá reportar las medidas implementadas para ajustar el uso del apoyo jurídico municipal a las exigencias de probidad y al marco que delimita el empleo de recursos públicos en actuaciones de carácter institucional.
