Los vecinos del sector Río de la Plata, en la comuna de Purranque, creyeron que al fin iban a resolver un problema que llevaban años enfrentando: la falta de agua potable en sus propiedades. El proyecto era concreto —12 pozos individuales financiados con fondos estatales— y la empresa ya tenía nombre y contrato. Lo que ocurrió después es lo que los llevó a los tribunales.
Diez de los doce beneficiarios originales del proyecto denominado «Mejoramiento Abasto de Agua Potable Sector Río de la Plata Pozos del 1 al 12, Comuna de Purranque» interpusieron una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Río Negro. Los imputados son la empresa adjudicataria, Sociedad de Electricidad y Telecomunicaciones RL Ltda., con domicilio en Pasaje Petrarca N° 7073, Cerrillos, Región Metropolitana, y la alcaldesa de Purranque, Alicia del Carmen Villar Vargas. Los delitos invocados son malversación de caudales públicos y fraude al fisco, tipificados en los artículos 233, 234 y 239 del Código Penal.
Los querellantes son en su mayoría adultos mayores y jubilados. Todos tienen domicilio en el sector rural de Río de la Plata y en sectores aledaños como Camarones y Pampa Bonita, en la misma comuna.
Un proyecto financiado con fondos del Estado
El proyecto fue financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) a través del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB), creado en 1982 para proveer soluciones sanitarias a familias en condición de marginalidad en zonas rurales y urbanas. El monto total ascendió a $267.222.562. La fecha de inicio contractual era el 11 de diciembre de 2024, con un plazo de ejecución de 90 días corridos.
El PMB opera bajo la modalidad de transferencias de capital a municipalidades, que actúan como unidades técnicas responsables de licitar, adjudicar y fiscalizar la ejecución de las obras. En este caso, era la Municipalidad de Purranque la entidad responsable de supervisar que la empresa ejecutara el contrato conforme a las especificaciones técnicas acordadas.
Lo que la empresa hizo —y lo que no hizo
Según consta en la querella presentada por la abogada Orietta Eliana Llauca Huala ante el tribunal de Río Negro, la empresa Sociedad de Electricidad y Telecomunicaciones RL Ltda. comenzó trabajos recién el 19 de enero de 2025, con más de un mes de retraso respecto a la fecha contractual. Los trabajos se extendieron hasta octubre de 2025, cuando la empresa se retiró declarando el proyecto como ejecutado y exitosamente concluido.
El problema: los pozos no tenían agua. Según los querellantes, ninguno de los 12 pozos construidos entregó agua potable en condiciones normales. En los casos en que salió algo de líquido, la querella describe que era agua sucia con barro y óxido. Las pruebas de bombeo que debían certificar la aptitud de los pozos nunca se realizaron de manera efectiva, y los documentos que la empresa presentó a la Municipalidad —según los afectados— consignaban resultados favorables que no correspondían a la realidad.
La querella agrega un episodio particularmente grave: el día de la entrega formal de los pozos, representantes de la empresa habrían extraído agua sucia de algunos de ellos y la habrían vertido en los estanques, con el fin de aparentar que los pozos funcionaban, con presencia y conocimiento del municipio.
La empresa habría informado pruebas falsas
Según el relato de los querellantes, cuando los vecinos reclamaban ante la empresa y ante la Municipalidad que los pozos estaban secos, recibían malos tratos y no se les permitía acercarse a las obras. Luego, la empresa habría presentado al municipio informes con pruebas de bombeo favorables que los afectados describen como falsas, al menos en todos los pozos donde no existía caudal.
En paralelo, los querellantes señalan que se emitieron resoluciones sanitarias dando cuenta de agua potable en pozos donde, según ellos, no hay agua o el caudal disponible es agua sucia.
La alcaldesa, en el centro de la querella
La querella señala que la responsabilidad penal de la alcaldesa Alicia Villar Vargas no es por acción directa en la perforación de los pozos, sino por omisión en el ejercicio del control jerárquico que le correspondía como autoridad responsable de la unidad técnica municipal. Según el escrito judicial, la alcaldesa habría sido informada de las irregularidades y de la ausencia de agua en los pozos antes del pago final a la empresa, pero aun así habría dado visto bueno al desembolso de los $267.222.562.
La querella atribuye a Villar Vargas responsabilidad en el delito contemplado en el artículo 234 del Código Penal, que sanciona al empleado público que, por abandono o negligencia inexcusables, permite que un tercero sustraiga caudales públicos. La acusación describe que la alcaldesa incumplió su deber de garante en la fiscalización del proyecto.
El 24 de marzo de 2026, según los querellantes, representantes de la empresa y del municipio habrían intentado ingresar a las propiedades de los afectados para intervenir los pozos secos. Los vecinos interpretan ese intento como una maniobra para aprovechar el agua de lluvia acumulada superficialmente en los pozos, con el objetivo de sustentar las certificaciones previas frente a una eventual inspección.
La Municipalidad espera ser notificada
MiradaSurTV se contactó con la Municipalidad de Purranque para conocer su posición respecto a la querella. Desde el municipio informaron que, a la fecha, no han sido notificados formalmente por el tribunal de esta acción legal, razón por la cual su equipo jurídico aún no ha podido establecer una posición oficial sobre la materia. En ese contexto, la institución señaló que no está en condiciones de entregar declaraciones hasta contar con la notificación correspondiente.
El fondo: cómo opera el PMB y quién responde
El modelo de operación del PMB establece que, una vez aprobado el financiamiento mediante resolución de SUBDERE, el municipio actúa como unidad técnica y es responsable de contratar, licitar, adjudicar y fiscalizar las obras. Eso implica que la Municipalidad de Purranque no era un actor pasivo en este proceso: tenía la obligación formal y legal de verificar que la empresa cumpliera con las especificaciones técnicas pactadas antes de autorizar cualquier pago.
La querella está dirigida al Juzgado de Garantía de Río Negro en virtud del principio de ejecución territorial: los hechos ocurrieron en el sector Río de la Plata, que forma parte de la comuna de Purranque. Entre las diligencias solicitadas al Ministerio Público, los querellantes piden la incautación de toda la documentación obrante en poder de la Municipalidad y de la empresa contratista, así como declaración de la alcaldesa y una orden de investigación amplia a la PDI.
Las personas e instituciones mencionadas en esta nota se encuentran en proceso de investigación judicial. Conforme al principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 4° del Código Procesal Penal, ninguna de ellas puede ser considerada culpable mientras no exista sentencia condenatoria firme y ejecutoriada.
