La discusión por recortes en materia de seguridad volvió a instalarse en el debate público luego de que el gobierno confirmara ajustes en el presupuesto del sector. La medida fue abordada por la ministra de Seguridad, Trinidad Stinert, y el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, quienes defendieron la decisión en medio de críticas por sus posibles efectos.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Seguridad, Trinidad Stinert, explicó que los recortes responden a una reestructuración del gasto y a la necesidad de optimizar recursos, señalando que no se trata de una disminución del compromiso con la seguridad pública. En la misma línea, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, sostuvo que los ajustes buscan mejorar la eficiencia del sistema y priorizar áreas estratégicas.
Sin embargo, la medida genera cuestionamientos considerando que la seguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, lo que abre un debate sobre la pertinencia de reducir recursos en este ámbito.
En ese contexto, desde la oposición surgieron críticas más duras respecto al impacto territorial de la medida. El abogado y ex seremi, Angel Cabrera, advirtió que “la contracción de 72.000 millones de pesos en materia de seguridad es operativamente inviable para nuestra región. Restar recursos a las policías, a los carabineros, anula el control territorial que tiene que tener el Estado respecto de los delincuentes”.
En esa línea, agregó que “esto además contradice el sentir mayoritario de los vecinos y vecinas de la región. El 65% menciona el crimen y la violencia como una de sus principales preocupaciones. Entonces, esta medida del Ejecutivo transgrede directamente ese sentir ciudadano”.
Cabrera también planteó que “tenemos que trabajar por la justicia territorial y por la seguridad de las personas, porque eso es lo que permite que puedan desarrollar una vida digna”. Finalmente, sostuvo que “como Frente Amplio, vamos a exigir la restitución inmediata de estos fondos operativos, porque tenemos plena convicción que la eficiencia administrativa no se logra desmantelando la persecución penal”.
Impacto en el sistema judicial
Uno de los efectos más inmediatos de un recorte en seguridad podría reflejarse en el funcionamiento del sistema judicial. Menores recursos pueden traducirse en una sobrecarga de trabajo para fiscales, defensores y tribunales, lo que a su vez podría generar mayores tiempos de tramitación de causas.
Esto implica que las investigaciones podrían extenderse y que las sentencias tarden más en dictarse, afectando tanto a víctimas como a imputados. La demora en los procesos también puede debilitar la percepción de justicia oportuna, un factor clave en la confianza institucional.
Además, una menor disponibilidad de recursos puede limitar la capacidad investigativa, afectando el levantamiento de pruebas, peritajes y seguimiento de causas complejas.
Efectos en la prevención y control del delito
Más allá del ámbito judicial, los recortes también pueden impactar en la prevención del delito. Programas comunitarios, patrullajes y estrategias territoriales podrían verse reducidos, especialmente en zonas donde la presencia del Estado ya enfrenta desafíos.
En la práctica, esto podría traducirse en menor capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, debilitando las estrategias que buscan anticipar o contener fenómenos delictuales.
El financiamiento es clave para sostener iniciativas que articulan a municipios, policías y organizaciones sociales, por lo que cualquier ajuste presupuestario puede tener efectos en cadena.
Una señal compleja en el contexto actual
En un país donde la seguridad se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, los recortes en esta área abren un debate relevante sobre las prioridades del gasto público.
Si bien desde el gobierno la ministra de Seguridad, Trinidad Stinert, afirmó que “los recursos se están redistribuyendo de manera estratégica”, y el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, indicó que “no se está debilitando la seguridad, sino haciendo un uso más eficiente de los recursos”, las dudas persisten respecto a los efectos concretos de estas medidas.
Reducir el presupuesto en seguridad, en un escenario de alta demanda por mayor control del delito, aparece como una decisión compleja, cuyos impactos podrían reflejarse tanto en la capacidad operativa del sistema como en la percepción de protección de la población.
