La Fiscalía Regional de Los Lagos obtuvo la prisión preventiva para siete imputados, todos ex funcionarios de Gendarmería de Chile al momento de cometer los hechos, en el marco de una investigación por cohecho reiterado, sobornos reiterados, asociación criminal y lavado de activos. En la misma causa, una imputada civil quedó con arresto domiciliario total, resolución que fue apelada por la Fiscalía y que será revisada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt este viernes.
La fiscal Nathalie Yonsson, de la Fiscalía Regional de Los Lagos, informó que durante dos jornadas de audiencia el Ministerio Público expuso ante el tribunal el modus operandi de la red, que operaba al interior de la cárcel Alto Bonito. Según se acreditó, los imputados se valían de sus funciones de custodia en distintos módulos del penal para permitir la circulación y comercialización de especies prohibidas, tanto reglamentariamente no permitidas como ilícitas, entre ellas teléfonos celulares y drogas.
De acuerdo con la Fiscalía, la facilitación de teléfonos celulares permitió que personas privadas de libertad realizaran estafas telefónicas y coordinaran lanzamientos de objetos desde el exterior hacia el interior del recinto penitenciario, ampliando el alcance de la actividad delictiva más allá del penal.
La investigación fue compleja y de largo aliento, con una duración aproximada de dos años (2023–2025), y estuvo liderada por la Unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Los Lagos. Las diligencias investigativas fueron desarrolladas por unidades especializadas de Gendarmería (ORICREM y DICREM), en **cooperación con la Policía de Investigaciones de Chile.
El tribunal fijó un plazo de investigación de 200 días, período durante el cual el Ministerio Público continuará reuniendo antecedentes y profundizando las indagatorias sobre la eventual extensión de la red y los flujos asociados a los delitos imputados.
Desde la Fiscalía se destacó que la medida cautelar de prisión preventiva fue decretada considerando la gravedad de los hechos, el peligro para la seguridad de la sociedad y la necesidad de asegurar el éxito de la investigación, subrayando que se trata de un nuevo avance en el combate contra estructuras criminales que buscan operar desde recintos penitenciarios en la Región de Los Lagos.
