La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) reportó que durante 2025 se emitieron 7.016.470 licencias médicas, una cifra que representa cerca de un millón menos que en 2024 y una caída de 12,9%. El dato no solo marca un cambio relevante en la tendencia reciente, sino que también tiene consecuencias directas sobre el gasto público asociado al Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), en un momento en que el sistema enfrenta presiones financieras y desafíos de gestión.
Según se desprende del balance mencionado, la disminución en la emisión de licencias implicó un menor gasto del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), estimado en torno a US$675 millones. En la lectura del escenario, esto refleja avances en fiscalización y en control del uso de recursos públicos, un punto sensible para el financiamiento de prestaciones y la continuidad de distintos servicios asociados a la red asistencial.
El tema fue abordado por la Vicepresidenta Ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, Claudia Papic, quien plantea que esta reducción “abre una oportunidad” para consolidar mejoras estructurales en la gestión del sistema de salud. En su análisis, el objetivo no debiera quedarse solo en el descenso de licencias o en el ahorro inmediato, sino en cómo esos resultados pueden convertirse en cambios permanentes que permitan sostener el funcionamiento del sistema en el tiempo.
En términos de impacto concreto, una menor presión sobre el SIL puede liberar recursos o disminuir tensiones presupuestarias, lo que resulta especialmente relevante para un sistema que debe responder a una demanda sostenida de atenciones y tratamientos. Sin embargo, en la práctica cotidiana de la salud pública, el acceso continuo a medicamentos, dispositivos médicos e insumos críticos depende también de que los pagos a proveedores sean oportunos y de que exista una administración financiera que dé certezas a la cadena de suministro.
En ese contexto, Papic subraya como punto clave la situación financiera de la red pública y su relación con los proveedores que aseguran el abastecimiento. La advertencia apunta a un eslabón que suele aparecer cuando se agravan los problemas de caja: si el Estado acumula deudas, se tensiona la compra y la entrega de productos esenciales, con el riesgo de afectar la continuidad de la atención para las personas.
La ejecutiva entrega una cifra que dimensiona el problema: la deuda del Ministerio de Salud, Fonasa y Cenabast con proveedores supera los US$150 millones. Además, plantea que ese monto podría acercarse a los US$500 millones al incorporar a municipalidades y corporaciones municipales, entidades que también participan en el funcionamiento de prestaciones y compras asociadas a la atención en distintos territorios.
Más allá del número, el efecto concreto —advierte— es que este tipo de deudas tensiona la cadena de suministro y puede terminar afectando la continuidad de la atención. En la práctica, cuando el sistema se atrasa en sus compromisos, los proveedores enfrentan incertidumbre para planificar producción, distribución o reposición, lo que puede complicar el abastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos críticos necesarios para tratamientos y procedimientos.
Como telón de fondo, el debate se instala en un escenario donde la sostenibilidad financiera del sistema de salud es una preocupación constante. Por un lado, existen esfuerzos de fiscalización y control del gasto, como se refleja en la caída reportada por la Suseso; por otro, persisten tensiones estructurales vinculadas a la gestión de pagos, la coordinación de compras y la estabilidad de la cadena de suministro, elementos que influyen directamente en el acceso oportuno a insumos esenciales.
En su planteamiento, Papic sostiene que profundizar la fiscalización, fortalecer la gestión y mejorar la eficiencia del gasto público es clave para avanzar hacia un sistema de salud financieramente sostenible. El objetivo, enfatiza, debe ser que el sistema cumpla oportunamente con sus compromisos y garantice el acceso continuo a insumos esenciales para la población, evitando que las mejoras en un componente del gasto convivan con fragilidades en otros eslabones críticos.
De cara a los próximos pasos, el desafío que queda instalado es cómo consolidar los avances en control y fiscalización del uso de licencias médicas y, paralelamente, abordar de manera estructural la situación de deuda con proveedores que participan del abastecimiento sanitario. El escenario futuro, según se desprende del punto, dependerá de reforzar la gestión y la eficiencia para que el sistema no solo gaste mejor, sino que también pague a tiempo y sostenga la continuidad de la atención.
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