La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, solicitó la renuncia de la prefecto general Consuelo Peña, quien se desempeñaba como subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). La salida de la jefa del área de Inteligencia reactivó el debate sobre la conducción de las políticas de seguridad y el manejo de equipos estratégicos en momentos en que el crimen organizado y el narcotráfico marcan la agenda.
La decisión implicó la remoción de una de las figuras con mayor gravitación operativa dentro de la PDI, considerando que la Subdirección de Inteligencia es clave para el análisis, la anticipación de amenazas y el apoyo a investigaciones complejas. En el plano regional, el movimiento también generó atención por el vínculo de la institución con causas de alto impacto y operativos contra redes delictivas que operan en distintas zonas del país.
En el ámbito político, una de las primeras reacciones vino desde la Región de Los Ríos. El senador por Los Ríos, Iván Flores, cuestionó la determinación del Ejecutivo y defendió la trayectoria de Peña, apuntando a la relevancia del cargo y a la necesidad de claridad frente a cambios de esta magnitud.
Flores calificó la decisión como un “error gigantesco” y sostuvo que la exsubdirectora contaba con “una carrera intachable, impecable y con el reconocimiento varias veces de todo el país”. En su argumentación, el parlamentario remarcó que la funcionaria había sido reconocida por su participación en operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El senador insistió en que, tratándose de conducción de Inteligencia policial, la remoción debe estar acompañada de fundamentos claros por el impacto que puede tener en la continuidad del trabajo operativo. En esa línea, advirtió que el cambio se produce en un área crítica para la coordinación y el seguimiento de fenómenos delictuales que no se detienen en límites comunales o regionales.
En un emplazamiento directo al Ejecutivo, Flores planteó que se deben transparentar los antecedentes que llevaron a la salida. “Cuenten la verdad, porque no se puede estar sacando gente tan valiosa y de función tan crítica para el país sencillamente porque a la fiscal Steiner, porque parece que actúa todavía como fiscal y no como ministra, no le gustó que le cambiaran algunas piezas”, sostuvo.
El legislador además advirtió posibles efectos al interior de la policía civil, apuntando al golpe que significaría para el área de Inteligencia. Definió el episodio como un “descabezamiento” y alertó que el reordenamiento podría generar tensión interna y alterar dinámicas de trabajo en equipos que suelen operar con altos niveles de reserva y coordinación.
Lo que está en juego
Más allá de la controversia política, el cambio en la jefatura de Inteligencia de la PDI abre preguntas sobre la continuidad de líneas de trabajo, el enfoque estratégico y la relación entre autoridades civiles y mandos policiales. En un contexto de exigencia ciudadana por resultados en seguridad, las decisiones sobre quién lidera áreas sensibles suelen incidir en la capacidad de anticipación y respuesta frente a bandas organizadas.
Flores, en tanto, dejó abierta la posibilidad de que existan elementos adicionales aún no conocidos públicamente. “Si se investiga como corresponde, nos vamos a llevar una sorpresa”, afirmó, instalando la idea de que el debate no se cerrará solo con la salida de Peña.
En los próximos días, la discusión podría trasladarse a nuevas presiones políticas para que el Gobierno explique el alcance de la decisión y el criterio aplicado para remover a una autoridad policial de alto nivel. Mientras tanto, la PDI deberá sostener la continuidad operacional de su trabajo de inteligencia, clave para investigaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado que impactan directamente a las regiones y sus comunidades.
