Mientras el debate por los recortes de Hacienda se concentraba en el Programa de Alimentación Escolar o el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, un conjunto de decisiones con consecuencias potencialmente letales pasó casi sin ruido: el Ministerio de Hacienda recomendó descontinuar el Programa Nacional de Prevención del Suicidio para el presupuesto 2027.
No es el único. El ajuste presupuestario solicitado por Hacienda a todas las carteras contempla, en el caso de Salud, la eliminación de al menos 24 programas, incluyendo el Programa Salud Mental en la Atención Primaria de Salud, el Programa de Acompañamiento Psicosocial en APS y el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, entre otros.
Los ministerios pueden responder con propuestas alternativas y el debate definitivo se resolverá en la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, que ocurre en el segundo semestre del año. Ninguno de estos programas ha sido eliminado aún. Pero la señal política existe, está documentada en un oficio oficial, y en una región como Los Lagos, ignorarla sería una irresponsabilidad.
La región con la tasa más alta del país
Los Lagos no es una región más dentro del mapa del suicidio en Chile. Es la de mayor riesgo.
Un informe que considera datos del período 2010-2019 establece que la región con la mayor tasa observada de suicidios en el país es precisamente Los Lagos, con 16,6 muertes por cada 100 mil habitantes, superando a Aysén (14,7), La Araucanía (14,1) y Los Ríos (13,3). En Osorno, se ha reportado un aumento en intentos de suicidio, con 87 rescates y 6 muertes en 2025.
Esa cifra no es un accidente estadístico ni un problema reciente. Entre los años 2000 y 2017, las tasas más altas de mortalidad por suicidio en adolescentes y jóvenes de Chile se encontraron consistentemente en las regiones de Aisén, Los Lagos, Magallanes y Los Ríos. Dos décadas de datos que apuntan al mismo lugar del mapa.
Los jóvenes: la crisis dentro de la crisis
Si Los Lagos concentra el mayor riesgo general, el segmento juvenil representa la dimensión más alarmante del problema.
Según un estudio publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública, el riesgo de suicidio en el grupo de jóvenes de 20 a 24 años a nivel nacional alcanza una tasa de 14,7 por cada 100.000 personas, casi el doble que el promedio nacional. En las cuatro regiones con mayor riesgo, encabezadas por Los Lagos, las tasas del segmento 20-24 años llegan a 22,5 por cada 100.000 jóvenes.
El riesgo más alto de suicidio se estimó en los hombres, con un riesgo relativo de 3,5 veces mayor que las mujeres, y en los jóvenes, cuyo riesgo relativo es 2,7 veces superior al promedio nacional.
Dicho de otra forma: un joven hombre en Los Lagos tiene un riesgo de morir por suicidio que no tiene comparación en el resto del país.
Una brecha que se abre más
Entre los años 2021 y 2022, el suicidio adolescente aumentó un 31% a nivel general en Chile, con un incremento del 68% entre mujeres de 15 a 19 años. La pandemia no creó el problema, pero lo aceleró de manera brutal.
Chile destina actualmente solo el 2% de su presupuesto de salud a salud mental, muy por debajo del 6% recomendado a nivel internacional. En ese contexto, los programas de Atención Primaria son frecuentemente el único punto de contacto real que tienen las personas en crisis con el sistema de salud —especialmente en territorios como Los Lagos, donde la oferta de especialistas es escasa y dispersa geográficamente.
Lo que desaparecería del territorio
Los tres programas de salud mental que Hacienda propone eliminar operan justamente en ese nivel de base: la Atención Primaria de Salud (APS). El Programa Salud Mental en APS, ejecutado con un gasto de $14.672 millones en 2024, sostiene la detección y tratamiento inicial de trastornos mentales en los consultorios del país. El Programa de Acompañamiento Psicosocial en APS —$9.447 millones— financia equipos de acompañamiento para personas en situación de vulnerabilidad severa. El Programa Nacional de Prevención del Suicidio, con $195 millones ejecutados en 2024, es el único programa del Estado chileno dedicado específicamente a la prevención de esta causa de muerte.
Para Los Lagos, donde los centros de salud familiar son con frecuencia la única infraestructura de salud mental accesible en comunas como Fresia, Hualaihué, Futaleufú o Chaitén, eliminar estos tres programas no es un ajuste contable. Es retirar la red de contención donde más se necesita.
«Estos programas se evaluaron mal»
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el instructivo señalando que se trata de una recomendación técnica basada en evaluaciones de la Dipres. «Estos son programas que se evaluaron mal», sostuvo.
La afirmación merece una pregunta: ¿qué métrica define que un programa de prevención del suicidio funciona mal? ¿La cantidad de personas que no murieron? ¿El número de crisis evitadas antes de que llegaran a urgencias?
Los indicadores de impacto en salud mental son, por naturaleza, difíciles de medir. Lo que sí es medible es lo que ocurre cuando la red desaparece.
Lo que pide la evidencia
Estudios publicados en la Revista Panamericana de Salud Pública recomiendan explícitamente evaluar y fortalecer los programas de prevención del suicidio en adolescentes y jóvenes de las regiones de Chile, especialmente en aquellas con mayor desigualdad geográfica. Los Lagos encabeza esa lista.
En Chile, el suicidio supera en tasa a los homicidios: mientras los homicidios alcanzan 6 por cada 100.000 habitantes, los suicidios llegan a 10,3 por cada 100.000 en el mismo año. Es una crisis silenciosa, sin portadas ni cadenas nacionales, pero con más víctimas.
¿Qué sigue?
El proceso presupuestario está abierto. El Ministerio de Salud puede presentar argumentos para mantener los programas. El Parlamento puede exigir su continuidad. La sociedad civil puede movilizarse.
En Los Lagos, mientras tanto, cada consulta evitada, cada llamado sin respuesta, cada joven que no encuentra un profesional en su consultorio es un riesgo que el Estado estaba, hasta ahora, intentando reducir.
Retirar esa protección en la región con mayor tasa de suicidio del país no es una decisión técnica. Es una decisión política. Y merece ser tratada como tal.
Si tú o alguien cercano está atravesando una situación de crisis, puedes llamar al 600 360 7777 (SALUD RESPONDE) o al 800 104 024, línea de orientación en salud mental del Minsal, disponibles las 24 horas.
