La ministra del Medio Ambiente, Maisa Toledo, abordó los desafíos y oportunidades que enfrenta el Estado para responder a la carga regulatoria ambiental, en una presentación centrada en cómo mejorar la gestión pública sin retroceder en las exigencias de protección ambiental. En su intervención, la autoridad puso el foco en la necesidad de entregar mayor certeza a los procesos, fortalecer capacidades y mejorar la coordinación entre instituciones que interactúan en la evaluación y el seguimiento de proyectos.
La ministra sostuvo que el debate sobre permisos, exigencias y plazos debe considerar no solo la etapa de evaluación, sino también lo que ocurre después de que un proyecto obtiene su aprobación. En esa línea, se refirió a un análisis de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), que advierte que proyectos que ya contaban con aprobación enfrentaban obstáculos y cargas posteriores asociadas al cumplimiento de exigencias y a la interacción con múltiples organismos del Estado.
Según planteó Toledo, el desafío de la institucionalidad es asegurar que las reglas ambientales se apliquen de forma consistente y transparente, evitando duplicidades y ambigüedades que terminan elevando costos administrativos, extendiendo tiempos y erosionando la confianza en los procedimientos. La ministra remarcó que cualquier esfuerzo por ordenar la regulación debe resguardar el objetivo central de prevenir impactos y asegurar el cumplimiento de las condiciones ambientales bajo las que se autorizan las iniciativas.
En su exposición, la secretaria de Estado también relevó el valor de contar con evidencia y diagnósticos técnicos para orientar cambios normativos y de gestión. En ese sentido, apuntó a que el análisis de la CNEP contribuye a identificar puntos críticos del sistema, permitiendo distinguir entre exigencias necesarias para la protección ambiental y aquellas que responden a problemas de coordinación, interpretación o capacidad de respuesta institucional.
Coordinación y capacidades para dar certezas
Toledo planteó que una parte importante de la carga regulatoria ambiental se expresa en la fragmentación de competencias y en la necesidad de que los titulares de proyectos se relacionen con múltiples entidades, cada una con sus propios procedimientos, criterios y tiempos de respuesta. A su juicio, avanzar hacia una gestión más integrada ayudaría a disminuir fricciones administrativas, estandarizar criterios y concentrar los esfuerzos fiscalizadores donde efectivamente existe mayor riesgo ambiental.
La ministra vinculó este diagnóstico a la importancia de fortalecer capacidades técnicas y operativas del Estado. Señaló que contar con equipos robustos, sistemas de información adecuados y herramientas de seguimiento oportunas permite mejorar la toma de decisiones, responder con mayor rapidez y evitar que la carga se traduzca en procesos extendidos o en incertidumbre sobre cómo cumplir lo que exigen las resoluciones ambientales.
En ese marco, la autoridad recalcó que el objetivo no es “bajar” las exigencias, sino mejorar la manera en que el Estado las implementa. La ministra insistió en que la protección ambiental requiere estándares claros y fiscalización efectiva, pero también procedimientos comprensibles y una gestión que priorice el cumplimiento, evitando interpretaciones contradictorias entre servicios o requerimientos que se repiten sin agregar valor ambiental.
El foco en lo que ocurre tras la aprobación
Otro punto que destacó la ministra fue la etapa posterior a la aprobación de los proyectos. En su planteamiento, la discusión pública suele concentrarse en el momento de la evaluación ambiental, pero parte de la carga regulatoria ambiental se produce durante la ejecución, cuando comienzan las exigencias de seguimiento, obtención de permisos sectoriales, implementación de medidas y reportabilidad.
Toledo indicó que el desafío es asegurar que las condiciones impuestas en las autorizaciones se traduzcan en acciones verificables y fiscalizables, con reglas consistentes y canales de coordinación que reduzcan incertidumbres. En esa dirección, sostuvo que el Estado debe mejorar la trazabilidad de los compromisos y fortalecer la gestión de información para evitar brechas entre lo aprobado, lo ejecutado y lo fiscalizado.
Asimismo, la ministra subrayó que abordar estas dificultades requiere mirar el sistema de manera integral, con mejoras que combinen gestión institucional, herramientas tecnológicas y procedimientos que permitan dar respuesta oportuna. En su intervención, volvió a relevar el aporte de estudios como el de la CNEP para identificar dónde se producen cuellos de botella y qué ajustes pueden implementarse para que la regulación cumpla su objetivo sin generar trabas innecesarias.
El planteamiento de la ministra Toledo dejó como eje la necesidad de avanzar hacia una institucionalidad ambiental más coherente y predecible, capaz de sostener estándares de protección y, al mismo tiempo, asegurar que el cumplimiento se gestione con eficiencia y claridad. La discusión, enfatizó, requiere decisiones basadas en evidencia y un fortalecimiento del Estado para enfrentar de mejor manera la carga regulatoria ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos.
