El debate sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) escaló esta semana tras el asesinato de Alejandro Águila, de 12 años, durante una encerrona en San Bernardo. Por el crimen hay seis personas detenidas, dos de ellas adolescentes de 17 años. Ocho días después del hecho, el Gobierno definió su camino: acelerar el trámite legislativo para endurecer las sanciones, pero sin bajar la edad de imputabilidad de forma general.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunciaron que pondrán discusión inmediata a un proyecto del senador Andrés Longton (RN) —presentado en 2022 y ya listo para votarse en general en la Sala del Senado— al que sumarán un paquete de indicaciones. La propuesta habilita que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos, a solicitud del fiscal y con resolución fundada de un juez, cuando se les impute alguno de los 17 delitos graves de un catálogo que incluye secuestro, violación, parricidio, homicidio simple y calificado, robo con violencia e intimidación, robo calificado, incendio, tenencia de artefactos explosivos y homicidios contra funcionarios de Carabineros, PDI y Gendarmería, entre otros. La iniciativa también eleva a 10 años el tope de internación para menores de 16 años, dispone su traslado a un recinto de Gendarmería al cumplir la mayoría de edad cuando lo recomiende el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y elimina el beneficio de la irreprochable conducta anterior para adultos condenados por estos delitos siendo menores.
En paralelo, otras iniciativas apuntan directamente a la edad: la bancada de la UDI pidió urgencia para un proyecto que rebaja la imputabilidad de 14 a 13 años —descartado por el Gobierno hasta ahora— y la Cámara aprobó, por 77 votos a favor, 40 en contra y 9 abstenciones, una resolución que solicita al Presidente Kast acelerar dicha tramitación. Quienes promueven estos cambios citan cifras del Ministerio Público según las cuales los menores vinculados a organizaciones criminales habrían pasado de 4.158 en 2022 a 4.675 en 2023 y 4.966 en 2024.
Pero la pregunta de fondo permanece abierta: ¿reduce el delito juvenil el endurecimiento penal? La comparación con otros países y la evidencia acumulada en la última década aportan antecedentes para dimensionar el debate.
Imputabilidad adolescente: qué muestra la experiencia internacional
La edad de imputabilidad en Chile es de 14 años, dentro del estándar del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y de las convenciones internacionales que el país suscribe. La ONU, de hecho, recomienda no bajarla. En otros países de la región el piso es de 12 años —como Brasil y Ecuador—, pero siempre manteniendo la responsabilidad penal adulta en los 18: por debajo de esa edad solo se aplican regímenes similares al chileno, con medidas socioeducativas y no cárcel de adultos.
La experiencia reciente de Ecuador es ilustrativa del contexto en que se endurecen estas leyes. En medio de la guerra del narcotráfico, los homicidios de niños y adolescentes de entre 10 y 19 años subieron un 68% en el primer semestre de 2025 respecto del mismo período de 2024, y las aprehensiones de adolescentes de 12 a 17 años crecieron un 32,5% en los primeros cinco meses de 2026. El reclutamiento de menores por bandas criminales se consolidó como práctica sostenida, con 257 casos formales registrados en 2025, cifra que las propias autoridades reconocen subestimada. En ese escenario, en junio de 2025 Ecuador elevó con fuerza las penas a adolescentes —de un máximo de 8 años a internamientos de hasta 12 a 15 años por delitos de crimen organizado—, reforma que Unicef calificó de «regresiva» y de afectar «gravemente a los adolescentes». Es temprano para medir su efecto, pero organismos de derechos de la niñez advierten que profundiza un modelo sin evidencia de que reduzca el delito.
Estados Unidos: la lección de largo plazo sobre penas a menores
Estados Unidos ofrece la perspectiva más extensa. Tras el pánico por los llamados «superdepredadores» de los años noventa, numerosos estados bajaron la edad para juzgar a menores como adultos y ampliaron el catálogo de delitos transferibles. Sin embargo, los arrestos de menores se desplomaron más de un 75% desde su punto máximo de 1996, mientras el sistema se orientaba cada vez más hacia la derivación y la rehabilitación. Y sobre el mecanismo central de esa ola punitiva —el mismo que hoy explora Chile—, la evidencia es adversa: una síntesis de la Oficina de Justicia Juvenil de ese país halló que cinco de nueve estudios reportaron un aumento de la reincidencia en los menores procesados por tribunales de adultos, en lugar de una disminución.
El contraste deja al Congreso chileno frente a una tensión conocida: la demanda ciudadana por respuestas inmediatas ante crímenes que conmocionan al país, versus una evidencia internacional que sugiere que transferir adolescentes al sistema penal adulto no reduce el delito y puede aumentar la reincidencia. La discusión que se abre en el Senado —con suma urgencia y el impulso político del caso de San Bernardo— definirá si Chile sigue el camino punitivo que Ecuador acaba de tomar o busca una fórmula intermedia que endurezca sanciones sin abandonar el estándar internacional. Para las regiones como Los Lagos y Los Ríos, donde el sistema de reinserción juvenil opera con centros y programas propios, el diseño final de la ley determinará también qué capacidad tendrán los territorios para sostener las internaciones más largas y los traslados a Gendarmería que la reforma contempla.
