El Juzgado de Letras y Garantías de Maullín decretó prisión preventiva para Erico Jaramillo, agricultor de esa comuna de la provincia de Llanquihue, formalizado por delitos tributarios reiterados que habrían generado un perjuicio fiscal de $166 millones —equivalentes a cerca de 3.800 UF—. Según expuso el fiscal de Maullín, Patricio Llancamán, entre 2016 y 2019 el imputado habría emitido 190 facturas falsas provenientes de 29 empresas proveedoras, muchas de las cuales eran ficticias o de papel, para declarar irregularmente impuestos a través de tres sociedades vinculadas a los rubros de ganadería, agricultura y transportes.
Facturas falsas y empresas de papel: el mecanismo del fraude al fisco
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Jaramillo habría utilizado comprobantes tributarios apócrifos para simular operaciones comerciales que en realidad no existían, reduciendo artificialmente su carga impositiva. El esquema —conocido en la jerga tributaria como uso de «empresas de papel»— consiste en aparentar gastos mediante facturas emitidas por entidades sin actividad real, lo que permite al contribuyente deducir costos inexistentes ante el Servicio de Impuestos Internos. En este caso, la maniobra habría operado durante tres años consecutivos y comprometió a tres razones sociales distintas bajo control del imputado.
Reincidencia y pena previa, factores clave para la prisión preventiva
El antecedente que inclinó la balanza hacia la medida cautelar más severa fue la condena previa que pesa sobre Jaramillo. En 2011, el mismo imputado fue condenado por fraude al fisco mediante un mecanismo idéntico: entre 2005 y 2007, operó desde Puerto Varas y generó un perjuicio al Estado que alcanzó los $700 millones. El tribunal de Maullín consideró que la multiplicidad de delitos imputados en esta nueva causa, sumada a esa condena anterior por hechos similares, configura el riesgo para la seguridad de la sociedad que exige el artículo 140 del Código Procesal Penal para decretar la prisión preventiva.
Jaramillo participó de la audiencia de forma telemática desde la Región de Aysén, por lo que el tribunal fijó un plazo máximo de 24 horas para que se presentara voluntariamente a un centro penitenciario. Se ordenó su ingreso al Penal de Puerto Montt. En caso de no comparecer, el tribunal agendó una audiencia para el martes siguiente, instancia en que la fiscalía solicitaría el despacho de una orden de captura.
El caso pone en evidencia la continuidad de un patrón de evasión tributaria en el sector agropecuario de Los Lagos, donde el uso de facturas falsas y proveedores ficticios sigue siendo una modalidad recurrente de fraude fiscal. La reincidencia documentada de Jaramillo, con más de quince años entre uno y otro episodio, abre interrogantes sobre la eficacia de las penas anteriormente impuestas y la capacidad del sistema para detectar este tipo de esquemas a tiempo.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 4 del Código Procesal Penal, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
