El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible una querella criminal por presuntos delitos de administración desleal y prevaricación contra el exgobernador de La Araucanía Luciano Rivas y un grupo de exfuncionarios del Gobierno Regional. Entre los querellados figura Stephanie Caminondo, quien en la época de los hechos se desempeñaba como asesora jurídica de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo del GORE y que hoy ocupa el cargo de seremi de Justicia de La Araucanía.
La presencia de Caminondo en la nómina de querellados es el elemento más sensible de la acción judicial: es una autoridad en ejercicio, designada por el gobierno actual, que deberá responder ante la justicia por su actuación en la administración anterior. La situación la convierte en la primera seremi activa en verse involucrada en el caso Rivas, una investigación que hasta ahora apuntaba exclusivamente a exfuncionarios.
Un programa de $9 mil millones con el 65% de los recursos observados
La querella apunta a la ejecución del programa concursable «Reactivación Económica de las MIPYMES», iniciativa que distribuyó cerca de $9 mil millones entre 328 beneficiarios de la región. La investigación es encabezada por el Ministerio Público con apoyo de la PDI en Temuco. Según expone la acción judicial, se detectó un presunto perjuicio patrimonial de $5.898 millones asociado a gastos rechazados durante la ejecución del programa, lo que equivale a cerca del 65% de los recursos ejecutados observados por la administración regional actual.
El foco principal de las irregularidades identificadas por el Gobierno Regional recae sobre la Comisión de Evaluación Estratégica, integrada por el propio exgobernador Rivas, su exjefe de gabinete Juan Pablo Leonelli y el exdirector de la corporación Cristian Salas. Dicha instancia tenía la responsabilidad de recomendar al directorio los proyectos que serían adjudicados. Según la querella, sus integrantes habrían intervenido en decisiones que beneficiaron a personas vinculadas a sus entornos personales, políticos o comerciales, sin inhabilitarse de los procesos respectivos. Se acusa además que proyectos con menor puntaje habrían sido favorecidos por sobre iniciativas mejor evaluadas.
Caminondo: asesora jurídica durante los hechos, seremi hoy
El rol de Stephanie Caminondo en la querella es el de asesora jurídica de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo durante la ejecución del programa. La acusación de prevaricación —delito que supone el incumplimiento doloso de deberes jurídicos por parte de quien ejerce funciones de asesoría legal— apunta directamente a su actuación en ese cargo. El hecho de que hoy ocupe la Seremi de Justicia, cartera cuyo rol institucional es precisamente velar por el correcto funcionamiento del sistema de justicia en la región, añade una dimensión política que el gobernador Saffirio no abordó directamente en su declaración pública.
Saffirio: «No estamos persiguiendo personas, sino exigiendo responsabilidades»
El gobernador René Saffirio sostuvo que la querella responde a una obligación institucional ante la gravedad de los antecedentes reunidos. «Cuando existen antecedentes de esta gravedad, la obligación nuestra no es guardar silencio, sino acudir a la justicia. Es importante precisar que no estamos persiguiendo personas, sino que estamos exigiendo responsabilidades», afirmó. En paralelo, Saffirio informó que presentó una denuncia por eventuales delitos contra la función pública, entre ellos fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.
Los recursos fueron transferidos entre 2023 y 2024 desde el Gobierno Regional de La Araucanía a diversas empresas, algunas de ellas vinculadas a familiares de figuras políticas de derecha de la zona. Tras el cierre del programa, el Gobierno Regional detectó además información extraviada, rendiciones incompletas y presunta triangulación de recursos, por lo que instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades funcionarias. La Contraloría General de la República mantiene por su parte una investigación especial respecto del destino final de los recursos entregados a los 328 beneficiarios, cuyo uso aún no ha sido completamente esclarecido.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona querellada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
