Contraloría detecta 146.469 permisos irregulares en 322 municipalidades

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Resumen generado automáticamente con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por Mirada Sur.

Un informe de Contraloría reveló permisos de circulación irregulares otorgados a vehículos con multas impagas entre 2022 y 2025.

El Consolidado de Información Circularizada N° 23 detectó fallas de control en 345 municipios y ordenó sumarios en las entidades involucradas, además de remitir antecedentes al Ministerio Público.

La Contraloría General de la República detectó una entrega extendida de permisos de circulación a vehículos que mantenían multas de tránsito impagas o cuyos propietarios figuraban en registros de infractores, pese a las restricciones legales vigentes. El hallazgo quedó plasmado en el Consolidado de Información Circularizada N° 23, que revisó el periodo 2022-2025 y derivó en la instrucción de sumarios administrativos y el envío de antecedentes al Ministerio Público.

El reporte examinó las operaciones de 345 municipalidades del país, cruzando información de patentes y comunas de renovación con el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas y el Registro de Pasajeros Infractores. A partir de ese análisis, el órgano fiscalizador concluyó que 322 municipios otorgaron, de forma indebida, 146.469 permisos de circulación a vehículos que no cumplían las condiciones para renovar.

Según lo establecido en la Ley N° 18.287, los vehículos con sanciones pecuniarias anotadas al 30 de noviembre de cada año, que siguen impagas en marzo del año siguiente, quedan inhabilitados para obtener el permiso de circulación. Pese a ello, la auditoría constató un “quebrantamiento sistemático” de la normativa asociada al control de multas en el proceso municipal de otorgamiento del documento, configurando permisos de circulación irregulares a nivel nacional.

Las comunas con mayor volumen de casos y situaciones extremas

En la Región Metropolitana, el informe concentró las mayores frecuencias de esta infracción administrativa en la Municipalidad de Santiago, con 7.356 casos, seguida por Estación Central con 6.924, Providencia con 5.727, Maipú con 5.124 y Ñuñoa con 3.920 permisos observados.

El análisis también describió situaciones de acumulación de infracciones sin que ello impidiera la renovación. Entre los casos expuestos, se señaló un automóvil en Quilicura que obtuvo el permiso manteniendo 240 multas vigentes. Patrones similares fueron detectados en Santiago, con 149 multas; Estación Central, con 127; Las Condes, con 124; y Concepción, con 109, de acuerdo con lo consignado en el consolidado.

Además, el documento indicó que más de 5.900 vehículos completaron el trámite de forma irregular durante tres de los cuatro años considerados en el estudio, lo que a juicio del organismo da cuenta de fallas persistentes en los mecanismos de verificación y control interno asociados al proceso.

Funcionarios, familiares y permisos ligados a evasión en transporte público

En otro apartado, la Contraloría alertó sobre eventuales conflictos de interés al individualizar 1.172 casos correspondientes a funcionarios municipales y 7.378 casos asociados a familiares directos que habrían eludido restricciones a través de la plataforma informática vinculada al trámite.

Respecto de las sanciones relacionadas con la evasión en el transporte público metropolitano, reguladas por la Ley N° 21.083, la fiscalización identificó a 62 entidades edilicias involucradas. Según el informe, esas reparticiones cursaron indebidamente 497 permisos a personas inscritas en la nómina de morosos del sistema, encabezando nuevamente la Municipalidad de Santiago con 57 permisos y Maipú con 49.

Los antecedentes fueron expuestos públicamente el lunes 15 de junio de 2026. Ante la gravedad de lo observado, la jefatura superior del organismo de control ordenó la instrucción inmediata de sumarios administrativos en los municipios involucrados y, en paralelo, resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público por la eventual existencia de conductas que podrían revestir caracteres de delito.

El consolidado deja como saldo un diagnóstico crítico sobre los controles municipales aplicados al proceso de renovación del permiso, en un periodo de cuatro años. La situación quedó sujeta a investigación administrativa en las entidades observadas y a las diligencias que determinen las instancias competentes tras la derivación de los antecedentes, en el marco del caso por permisos de circulación irregulares.