El Juzgado de Garantía de Valdivia decretó este 9 de junio de 2026 la prisión preventiva para cuatro líderes de una organización criminal investigada por la comercialización ilegal de especies hidrobiológicas en estado de colapso, en un caso que incluye decenas de imputados y un plazo acotado para el cierre de diligencias.
La resolución fue dictada por el magistrado Fabián Duffau, quien ordenó el ingreso de tres de los imputados al Centro Penitenciario de Valdivia, al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Para el cuarto líder, identificado como M.U.S., el tribunal impuso la cautelar por peligro de fuga y fijó una caución económica de $10.000.000.
En la misma audiencia, el tribunal estableció un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación. Además, en esta causa penal otros cuatro imputados considerados de relevancia quedaron sujetos a medidas cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional. Los 47 imputados restantes deberán cumplir firma quincenal y la prohibición de salir del país.
Según la indagatoria del Ministerio Público, el grupo operaba mediante tres subestructuras coordinadas entre sí, con una logística centrada en el abastecimiento y traslado de recursos presuntamente extraídos de manera ilícita desde la Región de Los Lagos hacia Valdivia, con extensión permanente hacia las regiones de La Araucanía y Metropolitana.
Abastecimiento desde Calbuco y acopio en la Feria Fluvial
La investigación descrita en la audiencia sostiene que una primera estructura era encabezada por los imputados identificados como I.R.C. y S.M.N., quienes habrían adquirido cargamentos clandestinos en la comuna de Calbuco. Esos volúmenes, de acuerdo con el Ministerio Público, eran luego movilizados hacia la capital de Los Ríos para su distribución.
El mismo antecedente da cuenta de recaudadores que operaban en la Feria Fluvial de Valdivia, además de la presunta complicidad de cajeras de peaje en la comuna de La Unión, lo que habría facilitado el tránsito de la mercancía y el funcionamiento del circuito de cobros.
La segunda estructura, siempre según la fiscalía, era encabezada por el imputado identificado como J.P.I., con su centro operativo y de acopio situado en puestos específicos del mismo mercado fluvial, punto clave para la comercialización local.
En tanto, la tercera rama delictiva habría sido abastecida por un clan familiar de la provincia de Llanquihue, que —según lo expuesto en la investigación— movilizaba hasta 3.000 kilos de pescado dos veces por semana, un flujo que refuerza el carácter sistemático atribuido a la operación.
Lavado de activos, evasión de IVA e incautación de municiones
Otro eje del caso apunta a la participación de funcionarios públicos en las maniobras atribuidas a la organización. La indagatoria penal detalló la intervención activa de funcionarios de Carabineros de Chile y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), a quienes se les atribuye haber operado como apoyo para evadir controles de trazabilidad sanitaria.
El ente persecutor también expuso la existencia de un esquema de lavado de activos destinado a ocultar ganancias ilícitas estimadas en más de $4.500.000.000 (unos US$4,8 millones, según referencias de tipo de cambio habitual). Ese monto, de acuerdo con la fiscalía, se originaría en la comercialización clandestina de aproximadamente 900 toneladas de merluza austral extraídas al margen de las cuotas legales.
Entre los mecanismos descritos para el blanqueo de capital, se mencionó la compra de vehículos de alta gama, departamentos en la comuna de La Florida y la inversión en un gimnasio.
En paralelo, la investigación cuantificó un perjuicio fiscal para el Estado chileno por evasión del Impuesto al Valor Agregado. En específico, el Ministerio Público señaló que el daño, exclusivamente por concepto de IVA, asciende a $855.000.000.
La fiscalía imputó además la comercialización de salmón no apto para el consumo humano, el que habría provenido de una planta ilegal en Puerto Montt. Y durante allanamientos ejecutados por policías en domicilios de los principales cabecillas, se informó la incautación de armas de fogueo y municiones.
Con la prisión preventiva ya decretada para cuatro líderes y cautelares para el resto de los imputados, la causa entra ahora a su fase de investigación con un plazo judicial de 100 días, mientras el Ministerio Público busca acreditar el circuito de extracción, traslado y venta de recursos desde Los Lagos hacia Valdivia, núcleo del caso conocido como megafraude pesquero Valdivia.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
