Por Dr. Roberto Canales Reyes, Profesor Titular de la Universidad de Los Lagos
Chile enfrenta importantes retos en materia de educación, entre ellos la Formación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), especialmente en términos de cobertura y calidad de la enseñanza. Según datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN, 2022), una cifra que dista de ser motivo de orgullo, refleja que cuatro millones y medio de personas en el país no han completado su enseñanza media. Este dato revela la magnitud del problema y posiciona a la EPJA como una respuesta indispensable para quienes buscan una segunda oportunidad educativa.
La EPJA está compuesta por personas que, además de estudiar, deben compatibilizar múltiples responsabilidades: trabajan, muchas veces son madres o padres, cuidadores de niños, niñas, personas mayores o familiares dependientes. En este contexto, el esfuerzo que realizan es significativo. No solo buscan completar su enseñanza básica o media, sino también proyectarse hacia la educación superior como una vía concreta de movilidad social y desarrollo personal.
En este escenario, la propuesta del actual gobierno de limitar los beneficios de gratuidad en la educación superior para personas mayores de 30 años representa un retroceso preocupante. Esta medida afecta directamente a quienes forman parte de la EPJA: ciudadanos y también población migrante que han hecho grandes esfuerzos por reinsertarse en el sistema educativo a través de Centros de Educación Integrada de Adultos (CEIA), jornadas nocturnas en escuelas y liceos, programas en contextos de encierro, establecimientos en recintos militares o modalidades flexibles de validación de estudios.
La educación de personas jóvenes y adultas es una modalidad reconocida por la Ley General de Educación, precisamente para garantizar el derecho a la educación de quienes no pudieron ejercerlo en su momento. Sin embargo, limitar el acceso a la gratuidad en la educación superior introduce una nueva barrera de exclusión. En la práctica, se discrimina a un grupo que, debido a condiciones laborales muchas veces precarias, difícilmente puede financiar estudios técnicos o profesionales por cuenta propia.
La gratuidad no solo es un beneficio económico, sino una herramienta de justicia social que permite que miles de personas puedan proyectar un futuro distinto. Limitarla en función de la edad desconoce las trayectorias de vida diversas y profundiza desigualdades que el sistema educativo debería, precisamente, contribuir a superar.
