La Contraloría General de la República (CGR) puso bajo la lupa el gasto municipal destinado a eventos tras consolidar que, entre 2024 y 2025, los municipios desembolsaron $31.034.612.672 en compras asociadas a celebraciones, conmemoraciones y aniversarios. El dato está contenido en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 22 y se conoce en un escenario donde varias comunas, como Río Verde, exhiben cifras per cápita especialmente elevadas.
El documento advierte que el monto informado excluye los gastos de corporaciones municipales y las festividades de Fiestas Patrias. Con ese alcance, el consolidado se enfoca en órdenes de compra y servicios vinculados a actividades municipales durante ambos periodos analizados.
Uno de los focos del informe está en la comparación entre gasto en eventos y recursos dirigidos a la asistencia social directa para personas naturales. Durante 2024, la CGR identificó una brecha en comunas como Talca, Camarones, Huara y San Pedro de Atacama, donde el gasto anual en celebraciones superó en más de $90 millones lo invertido en ayudas sociales.
La Contraloría también observó una repetición del patrón en Alto Hospicio, Arica y Pozo Almonte, comunas que mantuvieron este comportamiento en ambos periodos (2024-2025). En su referencia normativa, el informe recuerda que “Los gastos municipales deben estar directamente relacionados con el cumplimiento de sus funciones propias y orientarse al beneficio de la comunidad local y al interés general (arts. 3, 4 y 5 de la Ley N° 18.695)”.
Gasto por habitante: comunas con cifras que superan el promedio nacional
Al revisar el gasto por persona, el informe fija un promedio nacional de $9.064 por habitante. Sin embargo, en comunas con baja población, el gasto per cápita aparece muy por sobre esa referencia.
Entre los casos más extremos reportados por la CGR figuran Río Verde, con $981.871 por habitante y una población de 102 personas; Sierra Gorda, con $201.964 por habitante (1.472 personas); y Camarones, con $198.915 por habitante (861 personas). En la lista también aparecen Laguna Blanca, con $154.081 por habitante (269 personas), y Torres del Paine, con $105.109 por habitante (203 personas).
El consolidado también detalla compras asociadas a efemérides específicas, sumando $136.489.150 en celebraciones como el Día de la Trashumancia, del Payador y del Artista Local; el Día del Títere, del Rock y del Circo; y fechas como el Día de la Sonrisa, de las Mascotas, del Perro y de la Primavera. En el mismo grupo se mencionan el Día de la Cuidadora, el Día de la Amistad y el festejo “Los que pasamos agosto”.
Qué se compró: logística, catering y auditorías anunciadas
El análisis de órdenes de compra muestra que un 39% del presupuesto total se concentró en logística, por un monto de $12.095.188.345. En esa categoría se agrupan servicios como catering (alimentación y banquetetería), equipos de sonido, escenarios y producción, además de baños químicos.
Por temáticas, el Día Internacional de la Mujer lideró el gasto con 4.447 millones, seguido por el Día de las Infancias con 3.682 millones. En el desglose también aparecen montos relevantes asociados al Día de la Madre (1.583 millones) y Halloween (849 millones).
En cuanto a criterios de control, el informe CIC N° 22 establece parámetros para identificar casos que quedan por sobre referencias nacionales: en 2024, 118 municipios superaron el promedio de 51 millones, mientras que en 2025, 104 entidades excedieron la media de 38 millones. La CGR, además, informó especial atención sobre un grupo de 11 municipalidades que superaron los $360 millones de gasto total acumulado, entre ellas Victoria, Teno y Melipilla.
La Contraloría citó la jurisprudencia del Dictamen N° 16.903 para recordar que este tipo de actividades deben operar como un “medio” para cumplir objetivos municipales y no como un “fin en sí mismo”. Como consecuencia de los hallazgos, el organismo dispuso fiscalizaciones y exámenes de cuentas en los casos donde el gasto en celebraciones superó la asistencia social, además de auditorías centradas en principios de “economicidad y eficiencia” en el uso de recursos municipales.
