José Antonio Kast presentó este miércoles en cadena nacional su Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico, anunciado como una agenda de más de cuarenta medidas articuladas en cinco ejes. Más allá del relato de reactivación, tres disposiciones del proyecto concentran la atención por su alcance y por las tensiones que anticipan en la tramitación legislativa.
Moratoria a la gratuidad: cuatro años sin nuevas universidades en el sistema
La medida más polémica en el ámbito educacional es la suspensión por cuatro años del ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento institucional de la gratuidad, regulado en la Ley N°21.091. El gobierno fundamenta la decisión en el ritmo de crecimiento del gasto: en 2025 se destinaron más de 2,2 billones de pesos al financiamiento de la gratuidad, 250 mil millones más que en 2024, con proyección de seguir aumentando.
La medida no elimina la gratuidad para los estudiantes de las instituciones que ya están en el sistema. Su efecto concreto es diferente: congela la expansión del sistema impidiendo que nuevas universidades, institutos o centros de formación técnica puedan acogerse a este financiamiento durante cuatro años, lo que les impediría también ampliar su acceso a estudiantes sin capacidad de pago que dependan de esa vía.
El impacto potencial más directo recae en instituciones de educación superior que llevan años cumpliendo los requisitos para acceder al sistema —entre ellos, contar con acreditación— y que en este período quedarían excluidas de la posibilidad de incorporarse. Para los estudiantes de esas instituciones, el acceso a la gratuidad permanecería bloqueado independientemente de su nivel socioeconómico.
El Estado pagará a empresas cuyas RCA sean anuladas por la justicia
La segunda medida de alta significación política y económica es el mecanismo de reembolso de gastos a titulares de proyectos que cuenten con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada pero que posteriormente sea revocada o anulada en sede judicial. Es decir: si el Estado aprueba un proyecto ambiental y luego un tribunal lo revoca, el fisco deberá reembolsar los gastos ya ejecutados entre la aprobación y la revocación.
El gobierno lo presenta como un «seguro» para los inversionistas que ya iniciaron obras bajo una RCA válida y que luego ven su proyecto paralizado por impugnaciones judiciales. El argumento tiene sustento técnico: actualmente, los titulares asumen íntegramente el riesgo de que una RCA sea impugnada incluso años después de su aprobación, lo que en la práctica desincentiva el inicio de faenas.
Sin embargo, la medida abre una pregunta institucional de fondo: ¿debe el Estado cargar con el costo de procesos judiciales que resuelven legítimamente impugnaciones ciudadanas? En el caso de proyectos grandes —minería, energía, infraestructura— la fracción de inversión ejecutada entre la aprobación y una eventual revocación puede representar cifras considerables. El gobierno acota que solo se reembolsa lo efectivamente ejecutado en ese intervalo, no el total de la inversión proyectada, pero la ausencia de un límite máximo en la norma deja abierta la magnitud real del compromiso fiscal potencial.
Los sectores más favorecidos serán energía, minería, obras públicas y construcción, según el propio texto del proyecto.
Rebaja del Impuesto de Primera Categoría: del 27% al 23% en cuatro años
La tercera medida de alto impacto es la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) del 27% actual al 23%, con una escala de reducción que se extiende hasta 2029: 27% en 2026, 25,5% en 2027, 24% en 2028 y 23% en 2029.
El gobierno enmarca la medida en un argumento de competitividad: mientras la OCDE redujo el promedio de impuestos corporativos del 31% al 22% entre 2000 y la fecha, Chile subió el suyo del 15% al 27%. La brecha, sostiene el Ejecutivo, ha costado inversión y empleo.
Junto a la rebaja, el proyecto contempla la reintegración gradual del sistema tributario, que permitirá a los dueños de empresas imputar el 100% del crédito del IDPC pagado por sus empresas en contra de sus impuestos finales.
El proyecto y sus ausencias
El conjunto del proyecto contempla más de cuarenta medidas e incluye también la exención de IVA durante doce meses para la venta de viviendas nuevas con recepción vigente, la eliminación de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años, y la ampliación del Fondo de Emergencia para cubrir la reconstrucción en Ñuble y Biobío. Lo que no contiene, como admitió el propio presidente de la Cámara Jorge Alessandri tras el cónclave de Cerro Castillo, son nuevas medidas específicas para la clase media.
El proyecto ingresará formalmente al Congreso entre el lunes y martes de la próxima semana.
