La percepción ciudadana de que los discursos de odio hacia las personas LGBTIQ+ están aumentando en las redes sociales creció con fuerza en el último año, según el informe N°51 «Claves Ipsos», elaborado en conjunto con Fundación Iguales. El estudio, que cada mes consulta a mil personas sobre temas de interés nacional, dedicó esta edición a las opiniones ciudadanas sobre el trato, los derechos y la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ en Chile.
Una percepción de odio en alza
El dato central del informe es el avance de la percepción de hostilidad en el entorno digital. Un 31% de las personas consultadas considera que los discursos de odio hacia las personas LGBTIQ+ han aumentado en redes sociales, una cifra que supera en 9 puntos porcentuales el resultado registrado en mayo de 2025, cuando llegaba al 22%. Ese salto convierte al clima digital en uno de los focos de preocupación más visibles del estudio.
En paralelo, crece el respaldo a regular este tipo de expresiones: un 58% apoya la existencia de una ley que sancione el discurso de odio por orientación sexual o identidad de género, cuatro puntos más que un año atrás. El informe también subraya el peso de las autoridades en este escenario, ya que un 63% cree que las declaraciones y opiniones de figuras públicas influyen, ya sea promoviendo o conteniendo, la violencia y la discriminación contra la población LGBTIQ+.
Derechos percibidos y rol del gobierno
La mirada sobre los avances en derechos muestra señales mixtas. Si bien la mitad de los consultados (50%) cree que los derechos de las personas LGBTIQ+ han mejorado en los últimos cinco años, esa cifra retrocede frente al 57% que opinaba igual en 2025. A ello se suma que un 52% se manifiesta en desacuerdo con restringir o eliminar las leyes ya existentes que reconocen derechos a esta población.
Respecto del rol del Ejecutivo, solo un 30% considera que el gobierno chileno está haciendo lo suficiente para apoyar y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+. En contraste, un 43% estima que no lo está haciendo y un 27% declara no saber. Para Alejandra Ojeda Mayorga, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, el reconocimiento ciudadano de que las palabras de las autoridades no son neutras constituye un llamado a la responsabilidad de la clase política y los líderes de opinión en la construcción de un clima de respeto.
Educación, salud y trabajo
En el ámbito educativo predomina el respaldo a políticas de integración. Un 77% está de acuerdo con que los colegios públicos y privados cuenten con protocolos contra el acoso y la discriminación hacia estudiantes LGBTIQ+, un 69% considera que debería haber orientaciones para acompañarlos en salud mental y bienestar, y un 58% respalda enseñar educación sexual integral con enfoque de diversidad en las escuelas.
El panorama es más crítico en salud. Solo una de cada tres personas cree que médicos y profesionales reciben la preparación adecuada para atender a personas trans (32%) o que el sistema de salud está preparado para responder a las necesidades específicas de la población LGBTIQ+ (30%). Además, un 52% rechaza que profesionales de la salud o funcionarios públicos puedan negarse a atender a personas LGBTIQ+ amparándose en convicciones religiosas o personales.
En el mundo laboral, en cambio, las percepciones son más favorables: un 60% considera que los lugares de trabajo son hoy más inclusivos que hace cinco años y un 58% opina que las personas LGBTIQ+ tienen las mismas oportunidades de crecer y ser reconocidas que el resto. El estudio identifica los espacios laborales como ámbitos de menor discriminación en comparación con instituciones religiosas o educacionales.
Una ciudadanía que pide avanzar
Para María José Cumplido, directora de Fundación Iguales, los resultados muestran a una ciudadanía que mayoritariamente apoya sancionar los discursos de odio, respalda los protocolos de inclusión en colegios y trabajos y rechaza eliminar las leyes que protegen a las personas LGBTIQ+. A su juicio, ese sector es más amplio de lo que sugiere el debate político, por lo que espera que estos datos sirvan para enfocar la discusión en el Congreso y el Ejecutivo y avanzar en lo pendiente.
