Este miércoles José Antonio Kast firmó y despachó al Congreso el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico, una iniciativa de más de 40 medidas que busca reactivar la economía, enfrentar el desempleo y acelerar soluciones habitacionales. Lo que era conocido era el contenido general del proyecto. Lo que no era conocido —y que promete dominar la discusión técnica y parlamentaria— es el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
El documento calcula que sin contar el impacto de las medidas que incentivan el crecimiento económico, el saldo es negativo para las finanzas públicas desde el primer año (2026) hasta el 2050, con un déficit que oscila entre US$ 944 millones en el primer año a US$ 3.124 millones en el año 25. En proporción al Producto, eso representa entre un 0,22% y un 0,43% del PIB durante todo el período proyectado.
El corazón tributario del proyecto
El eje central de la iniciativa es la reducción progresiva del impuesto de primera categoría desde el 27% actual hacia un 23%, buscando entregar señales de estabilidad al mundo empresarial. A esto se suma la reintegración gradual del sistema tributario —que volvería al modelo previo a la reforma de 2014— y un crédito tributario de US$ 1.400 millones orientado a fomentar la contratación formal.
Según el informe financiero, las medidas de mayor costo para el Fisco en el primer año son el crédito tributario para el empleo (US$ 752 millones, equivalente a un 0,19% del PIB) y la exención de IVA a viviendas durante un año (US$ 476 millones). En el largo plazo, la rebaja corporativa acumula un costo de US$ 3.204 millones al 2050, mientras que la reintegración tributaria resta US$ 842 millones adicionales al Fisco.
¿Cuándo se equilibra la ecuación?
El gobierno sostiene que el mayor crecimiento económico generado por el proyecto compensará los menores ingresos. La Dipres calcula que con el efecto del crecimiento incorporado, la recaudación tributaria aumentaría en $ 7.781.536 millones al año 2050. Sin embargo, ese punto de equilibrio —donde la recaudación supera la reducción de ingresos— no llegaría antes del año 10, es decir, 2035.
La economista y socia de Tax & Legal de Deloitte, Vanesa Lanciotti, advierte que la lógica del proyecto no se sostiene en el corto plazo: incluso considerando el crecimiento proyectado por el propio gobierno, el Estado enfrenta déficits durante varios años, y revertir ese balance requiere crecer a tasas superiores al 3%, algo que Chile no ha logrado de forma sostenida en la última década.
Una apuesta que divide a los economistas
Una minuta elaborada por exfuncionarios de Hacienda, la Dipres y el SII del gobierno anterior —enviada a parlamentarios de oposición— estima que la reforma reduciría los ingresos fiscales en US$ 4.400 millones al año, un 7% de la recaudación anual del Estado.
El economista senior del OCEC UDP, Juan Ortiz, plantea que si la situación fiscal se confirma como estrecha, el proyecto podría requerir compensaciones para ser fiscalmente neutro, y que su impacto real debe medirse no solo en el PIB, sino también en el mercado laboral. La economista de LyD, Macarena García, advierte que el proyecto genera estrés en las cuentas fiscales en los primeros años, y que el informe financiero de Dipres ni siquiera considera el recorte de gasto de US$ 4.000 millones anunciado por el Ejecutivo para este año.
Desde la oposición se señala que el 98,5% de las rentas del capital pertenecen al 1% de contribuyentes de mayores ingresos, lo que implica que cualquier reforma que beneficie a los receptores de rentas del capital tendrá efectos distributivos marcadamente regresivos.
El contexto fiscal que el gobierno omite
El propio proyecto reconoce que «las finanzas públicas de Chile arrastran un déficit crónico y endeudamiento que compromete la sostenibilidad del Fisco en el mediano plazo», señalando que en 16 de los últimos 18 años Chile ha tenido déficit estructural, y que la deuda bruta del Fisco pasó de 5% del PIB en 2008 a casi 42% del PIB en 2025.
Es esa misma institucionalidad fiscal la que, según los críticos del proyecto, no puede absorber una reducción adicional de ingresos en el corto plazo sin consecuencias sobre el gasto social.
En la segunda sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado Agustín Romero (Republicanos) propuso conformar una comisión técnica para concordar las principales cifras y proyecciones económicas del proyecto, propuesta que contó con el respaldo del ministro Quiroz. La discusión técnica, en rigor, recién comienza.
