En Puerto Varas, Región de Los Lagos, un grupo de 78 ex colaboradores del Hotel Enjoy Puerto Varas denunció el impago de finiquitos e indemnizaciones que, aseguran, suma $580 millones, tras la liquidación forzosa de la sociedad Operaciones Integrales Isla Grande S.A. La situación, sostienen, dejó a decenas de familias sin el pago de prestaciones básicas al término de su vínculo laboral.
Los ex trabajadores relatan que el conflicto se gatilló luego de una demanda interpuesta ante el Tribunal de Castro, por una deuda de arrendamiento equivalente a 25.000 UF. En su declaración, afirman que la acción legal fue impulsada por Inmobiliaria y Hotelera Puerto Varas S.A. y que ese proceso terminó derivando en el cierre de operaciones.
Uno de los puntos más sensibles, según los denunciantes, es el manejo de la información hacia el personal. Aseguran que no fueron informados oportunamente del proceso judicial iniciado en mayo de 2025, y que recién en octubre representantes legales confirmaron la liquidación, agregando que se les indicó de manera errónea que los fondos para las indemnizaciones estaban provisionados.
En ese contexto, el grupo indica que las cartas de despido fueron entregadas el 17 de noviembre. Sin embargo, detallan que 61 operarios continuaron desempeñando funciones hasta finales de ese mes, lo que —según plantean— permitió al recinto cumplir con compromisos asumidos y con eventos internacionales previamente pactados.
La denuncia: despidos, continuidad de turnos y promesas de pago
Los ex colaboradores sostienen que la continuidad de labores posterior a la entrega de las cartas de despido se dio bajo una “falsa promesa de pago total”. En su versión, pese a la desvinculación formal, se mantuvo el funcionamiento necesario para responder a actividades comprometidas con antelación, mientras el personal esperaba la regularización de sus finiquitos.
La deuda reclamada, explican, se concentra principalmente en indemnizaciones por años de servicio y en prestaciones legales asociadas al término de la relación laboral. En su declaración pública, el grupo recalca que el monto acumulado del no pago alcanza los $580 millones entre los 78 afectados.
Además, acusan una falta de acompañamiento empresarial durante el proceso y cuestionan movimientos de capital que, señalan, se habrían realizado hacia otras sociedades en forma previa al proceso de quiebra. Para los denunciantes, esas decisiones requieren ser aclaradas con transparencia, dada la afectación directa en el pago de derechos laborales.
Impacto local y exigencia de transparencia por el traspaso de operaciones
El grupo de ex trabajadores hizo un llamado público para visibilizar el impacto humano y familiar que atribuyen a esta crisis laboral en Puerto Varas. En particular, buscan que la comunidad conozca cómo el cierre y la liquidación forzosa de Operaciones Integrales Isla Grande S.A. repercutió en quienes dependían de esos ingresos, en una comuna con fuerte actividad turística y de servicios.
En su declaración, también exigen transparencia respecto del traspaso de operaciones en la zona y demandan el cumplimiento estricto de los derechos fundamentales de los trabajadores desvinculados. Su principal petición es que se clarifique el camino seguido por las decisiones societarias que antecedieron a la liquidación y que se asegure el pago íntegro de finiquitos e indemnizaciones.
El caso, según la denuncia, queda marcado por el origen judicial del conflicto: una demanda por arriendo de 25.000 UF tramitada en el Tribunal de Castro, que terminó con la liquidación forzosa de Operaciones Integrales Isla Grande S.A., escenario en el que los 78 ex colaboradores reclaman que aún se mantienen impagos por $580 millones.
