El Senado de Chile tiene programado para el próximo martes la segunda votación sobre el levantamiento del secreto bancario, luego de que la semana pasada la Cámara Alta registrara un doble empate de 23 votos a favor y 23 en contra que dejó en suspenso uno de los artículos más relevantes del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. La paradoja política no pasó inadvertida: la votación ocurrió en la misma semana en que la Operación Tokio —el golpe más contundente propinado al patrimonio del Tren de Aragua en Chile— reveló que una organización criminal transnacional logró lavar $78 mil millones a través del sistema financiero chileno sin activar una sola alerta del Estado.
La Operación Tokio: el caso que lo cambió todo
En una sigilosa investigación del Ministerio Público que duró varios meses, se desmanteló la red de lavado de activos más importante vinculada al Tren de Aragua hasta ahora en Chile. La PDI arrestó al venezolano José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander que trabajaba en una sucursal del centro de Santiago desde 2019. Otras 18 personas fueron también detenidas en allanamientos realizados en Santiago, O’Higgins y Biobío en el marco de la denominada Operación Tokio.
Pérez Asencio habría utilizado sus conocimientos del sistema financiero para facilitar la apertura y utilización de cuentas bancarias, permitiendo posteriormente convertir dinero en criptomonedas y enviarlo principalmente a Bogotá, Colombia. La organización operaba mediante una productora utilizada como fachada para blanquear dinero, alcanzando montos que según la investigación llegan a los 85 millones de dólares.
El dato más revelador del caso apunta directamente al corazón del debate legislativo: los movimientos de esta gran cantidad de dinero no generaron alertas de la Unidad de Análisis Financiero destinadas al Ministerio Público o la PDI, por lo que el sistema oficial para detectar lavado de activos volvió a fallar en el caso del Tren de Aragua. El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, quien también investiga el asesinato de Ronald Ojeda, fue explícito al respecto: confirmó que no hubo alerta del sistema preventivo y que la investigación se originó en una línea completamente distinta —el análisis de un celular encontrado tras el quíntuple homicidio de un «parcelazo» en Lampa, en julio de 2024.
El empate que frena la inteligencia financiera
El Comité Legislativo del Senado fijó como primer punto de tabla el debate sobre el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa en la Ley de Inteligencia Económica. La propuesta —aprobada por la Cámara de Diputados— autoriza a la Unidad de Análisis Financiero a acceder a información bancaria sin requerir autorización judicial previa, en casos específicos vinculados a operaciones sospechosas, personas jurídicas, funcionarios públicos o reportes previamente ingresados al sistema. La medida incluye obligación de reserva, sanciones penales para el mal uso de la información y reporte anual al Congreso.
Los sectores que rechazaron fueron todos los senadores independientes de derecha, y también los militantes de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Republicanos y la única representante del Partido Nacional Libertario. Mientras que a favor se mostraron los senadores del PS, DC, independientes progresistas, Frente Amplio, PPD, Partido Comunista y el FREVS.
Votaron en contra de la propuesta los senadores de Renovación Nacional Andrea Balladares, Miguel Becker, Camila Flores, María Gatica, Carlos Kuschel, Andrés Longton, Manuel Ossandón y Paulina Núñez —presidenta del Senado—, además de los republicanos Renzo Trisotti, Ignacio Urrutia y Arturo Squella; los independientes republicanos Rodolfo Carter y Cristián Vial; los UDI Sergio Gahona, Gustavo Sanhueza, Enrique Van Rysselberghe, Javier Macaya e Iván Moreira; los miembros de Evópoli Luciano Cruz-Coke y Sebastián Keitel; Vanessa Kaiser del Partido Nacional Libertario; Enrique Lee y Alejandro Kusanovic.
Gobierno dividido: judicial sí, administrativo no
La postura del Ejecutivo añadió una capa de complejidad al debate. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defiende que el levantamiento del secreto bancario solo se haga por vía judicial, mientras el gobierno de Kast estudia presentar un nuevo proyecto al respecto. El senador Diego Ibáñez (FA) acusó que el Ejecutivo, a través del subsecretario de Hacienda, impulsó una votación separada que terminó provocando el doble empate.
La senadora Beatriz Sánchez (FA) sostuvo que el levantamiento administrativo del secreto bancario responde a recomendaciones internacionales para combatir el crimen organizado. Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, recordó que actualmente el secreto bancario ya puede levantarse con autorización judicial y afirmó que el foco también debe estar en nuevas formas de mover recursos ilícitos, como las criptomonedas.
El senador Ricardo Celis (PPD) apuntó la contradicción de fondo: quienes promueven mayores facultades de control en escuelas y espacios públicos rechazan herramientas para seguir la ruta del dinero vinculado al narcotráfico. La lógica es sencilla: sin inteligencia financiera eficaz, las organizaciones criminales pueden mover cientos de miles de millones a través del sistema bancario formal con total impunidad. La Operación Tokio demostró que esa no es una hipótesis teórica.
El próximo martes, cuatro senadores que no participaron en la votación original podrían definir el resultado. Lo que decidan determinará si Chile cuenta, o no, con una herramienta que especialistas y organismos internacionales consideran indispensable para perseguir el patrimonio del crimen organizado donde más duele: en sus finanzas.
