La Contraloría General de la República ha iniciado una auditoría a la Ilustre Municipalidad de Osorno, según confirmó este jueves la concejal Natali Guissen tras reunirse con el contralor regional de Los Lagos, Mario Quezada. La edil reveló el hecho en el marco de una serie de denuncias acumuladas desde principios de 2026 sobre el manejo administrativo y financiero del municipio bajo la alcaldía de Jaime Bertín. «La reunión que sostuve con el contralor regional está orientada a poder notificar aquellas preocupaciones que existen respecto al manejo de los presupuestos y de cómo se está llevando la administración municipal», declaró Guissen.
Sumarios pendientes, facturas impagas y suplencias que exceden los plazos legales
La concejal detalló un conjunto de situaciones anómalas que habrían motivado la intervención del organismo fiscalizador. Entre ellas mencionó los sumarios derivados del caso del reloj control —sistema de registro de asistencia que habría sido manipulado para ocultar inasistencias y duplicar días administrativos—, las facturas impagas del Departamento de Salud Municipal, y las suplencias de directores que ya habrían excedido el plazo máximo permitido por la Contraloría. Agregó además los «despidos injustificados, juicios en donde el municipio no ha presentado su defensa y por tanto ha lesionado gravemente el patrimonio que es de todos». Guissen también advirtió que en reiteradas ocasiones el Concejo Municipal ha solicitado informes que no llegan a manos de los ediles, lo que dificulta el ejercicio de la fiscalización a la que están legalmente obligados.
La denuncia de hoy tiene antecedentes directos en los meses previos. En mayo de 2026 fueron desvinculados dos funcionarios municipales por alterar registros de horas trabajadas en el Sistema de Gestión Municipal (SMC), después de que un fallo de la Corte Suprema estableciera responsabilidades. En ese mismo momento, Guissen advirtió sobre la existencia de una presunta red transversal de manipulación que se habría extendido a dependencias del Segundo Juzgado de Policía Local, Dideco y el área de Deportes, y anunció que llevaría los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. En marzo de 2026, la misma concejal había expuesto una deuda millonaria del municipio con la Central de Abastecimiento (Cenabast) que ponía en riesgo el stock de medicamentos en los centros de salud familiar de la comuna, incluyendo antibióticos, estabilizadores del ánimo y pañales para adultos mayores. Una auditoría del Departamento de Salud Municipal había revelado, según Guissen, «altas posibilidades de que hubiera malversación de fondos». La alcaldía de Jaime Bertín respondió en esa oportunidad que no existía un quiebre de medicamentos.
Un patrón que se arrastra desde 2025
El historial de irregularidades señaladas por Guissen no comienza en 2026. En julio de 2025, la misma edil presentó una denuncia por desacato ante la Contraloría contra el alcalde Bertín por el presunto incumplimiento de un fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia que ordenaba garantizar accesibilidad universal en el edificio consistorial. En marzo de 2026, una auditoría del Departamento de Salud Municipal reveló el uso de una sola cuenta corriente genérica, la confección manual de certificados de disponibilidad presupuestaria fuera del sistema oficial, la ausencia de conciliaciones bancarias y un incremento superior al 100% en el gasto presupuestario de personal, según documentación difundida por Paislobo. El mismo informe señalaba que las jefaturas previas habrían ocultado deliberadamente las auditorías anteriores, omitiendo su publicación en el portal de Transparencia Activa.
La auditoría ahora confirmada por la Contraloría representa la primera intervención directa del organismo fiscalizador sobre el conjunto de la administración municipal, y no solo sobre aristas específicas. Su resultado podrá derivar en responsabilidades administrativas, y de constatarse delitos, en denuncias ante el Ministerio Público.
