Una ofensiva judicial y política quedó nuevamente en marcha para intentar frenar la instalación de una piscicultura en el río San Pedro, en la comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos. El movimiento ciudadano Río San Pedro Sin Salmoneras, encabezado por la abogada y vocera Ornella De Pablo, busca que se declare la caducidad de la evaluación ambiental que habilita el proyecto de la empresa Salmones Antártica, mientras suma apoyos de autoridades regionales y locales.
La organización, constituida en noviembre de 2024, sostiene que la iniciativa —de capitales japoneses, según los antecedentes entregados por la vocería— se apoya en una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada en 2008, cuando aún no existía la Región de Los Ríos como división político-administrativa independiente. En esa línea, señalan que han transcurrido cerca de dos décadas sin que se ejecuten las obras y que el proyecto se ampararía en una normativa ambiental que actualmente no estaría vigente en Chile.
En el plano judicial, De Pablo indicó que la estrategia tuvo un punto de inflexión con la presentación de un recurso de protección durante el verano de 2025, dirigido contra la resolución de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Los Lagos. Esa acción, de acuerdo con la vocería, permitió paralizar los trabajos preliminares por varios meses mientras se tramitaba el recurso.
Aunque la Corte de Apelaciones respectiva no acogió los argumentos de fondo vinculados a la obligatoriedad de una consulta indígena para la comunidad Saturnino Lealman —ubicada a menos de 100 metros de la faena, según el movimiento—, la causa escaló al máximo tribunal.
Recurso en la Corte Suprema y petición de caducidad
La controversia se encuentra actualmente radicada en la Corte Suprema de Chile. Según confirmó la vocería, desde febrero de 2026 el tribunal analiza la admisibilidad de un recurso que apunta a obtener la caducidad definitiva de la evaluación ambiental asociada al proyecto en la cuenca hidrográfica.
En paralelo, los opositores a la piscicultura río San Pedro también activaron otra vía institucional: presentaron una denuncia ante el Consejo de Monumentos Nacionales. En esa presentación, acusaron la existencia de daños “graves e irreparables” a estructuras de carácter paleontológico emplazadas en el área donde se desarrollan las obras.
La coordinación del movimiento, además, señaló que mantendrá la articulación técnica con la red de organizaciones de la cuenca del Río Valdivia, con un objetivo inmediato: concentrar esfuerzos logísticos en la paralización de la fase inicial de construcción de la planta de cultivo.
Respaldo de consejeros, concejales y un diputado del Distrito 24
La ofensiva sumó respaldo explícito de autoridades en un punto de prensa donde participaron los consejeros regionales Juan Carlos Farías, Camila Mata y Felipe López, junto al gobernador regional de la Región de Los Ríos.
A ese apoyo político se integraron también el concejal de la comuna de Los Lagos, Felipe Bustos; el concejal de Valdivia, Luis Contreras; y el administrador municipal Cristóbal Rosas, en representación de la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann.
En el ámbito legislativo, el diputado por el Distrito 24, Matías Fernández, informó que se encuentra revisando antecedentes técnicos del caso con el objetivo de patrocinar un proyecto de ley para regular la vigencia temporal de los permisos otorgados por el Estado. La propuesta, según se expuso, busca impedir que resoluciones ambientales dictadas hace cerca de 20 años puedan ejecutarse sin una adecuación obligatoria a estándares técnicos, sociales, ambientales y territoriales vigentes.
Por ahora, el conflicto por la piscicultura en el río San Pedro continúa concentrado en la tramitación ante la Corte Suprema, mientras el movimiento opositor insiste en la caducidad de la RCA de 2008 y mantiene abierta la denuncia ante el Consejo de Monumentos Nacionales por presuntos daños a estructuras paleontológicas en la zona de obras.
