El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales cuatro artículos del proyecto de ley «Escuelas Protegidas», una de las iniciativas emblemáticas del Gobierno de José Antonio Kast en materia de seguridad escolar, desarmando varias de las disposiciones que el Ejecutivo había presentado como el núcleo de su estrategia contra la violencia en los establecimientos educacionales. La resolución, comunicada la noche del martes, acogió parcialmente los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición y de la Democracia Cristiana, y obliga al Gobierno a corregir la normativa antes de que pueda convertirse en ley.
Qué normas declaró inconstitucionales el Tribunal
El fallo afectó aspectos de los artículos 1, 2, 5 y 6 del proyecto, que ya había sido despachado por el Congreso. Entre las disposiciones rechazadas figura la que facultaba a funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) para revisar vestimentas y pertenencias de estudiantes dentro de los establecimientos, sin orden previa del Ministerio Público, ante la existencia de indicios de un delito. El Tribunal también objetó la norma que obligaba a los sostenedores a contactar a las policías cuando un alumno se negara a la revisión de su mochila y su apoderado no concurriera al recinto dentro del plazo establecido.
A ello se sumó la declaración de inconstitucionalidad de la disposición que condicionaba el acceso y la mantención de la gratuidad en la educación superior, una de las medidas más debatidas. El proyecto establecía que los estudiantes condenados por sentencia firme por determinados delitos vinculados a hechos graves de violencia escolar perderían el beneficio durante cinco años. El TC estimó que esa norma vulneraba principios constitucionales relacionados con la igualdad ante la ley y el acceso a la educación. Finalmente, el Tribunal rechazó la prohibición de usar accesorios o vestimentas que hicieran apología de la violencia, así como un nuevo criterio de prioridad en el Sistema de Admisión Escolar que excluía a estudiantes sancionados con expulsión, y parte de las modificaciones introducidas a la Ley de Subvenciones.
Las reacciones: del «freno a una ley autoritaria» a la contraofensiva de la UDI
La resolución generó lecturas opuestas según el sector político. Desde la oposición, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) calificó el fallo como un revés para el Ejecutivo, mientras que el diputado Luis Cuello (Partido Comunista) sostuvo que el Tribunal había puesto un «freno» a una iniciativa que, a su juicio, tenía una «inspiración autoritaria». En la misma línea, la senadora Yasna Provoste (DC) planteó que enfrentar la violencia escolar es una necesidad legítima, pero advirtió que no se puede transformar las escuelas en espacios de control policial ni establecer castigos que afecten el derecho a la educación.
Desde la vereda contraria, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) lamentó la decisión y anunció una contraofensiva legislativa. La jefa de bancada, Flor Weisse, junto a los diputados Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann, señalaron respetar el fallo aunque no compartirlo, y adelantaron que impulsarán una reforma constitucional para reponer la restricción a la gratuidad para condenados. Los legisladores gremialistas sostuvieron que ese beneficio se financia con recursos públicos y que, por lo mismo, puede estar sujeto a exigencias, una tesis que chocó con el criterio del Tribunal.
La respuesta del Gobierno y el alcance político del fallo
La estrategia inicial del Ejecutivo apuntó a contener el impacto político. La ministra de Educación, María Paz Arzola, evitó la confrontación con el Tribunal y optó por destacar que la ley mantiene vigentes otras herramientas que, a juicio del Gobierno, permitirán avanzar en seguridad escolar. Pese a ello, el fallo recae sobre los componentes más visibles del proyecto, lo que representa un desafío para una administración que situó la seguridad como uno de sus sellos.
Más allá del caso puntual, la resolución fija un precedente sobre los límites del Estado al invocar razones de seguridad para restringir garantías constitucionales en el ámbito educativo. El criterio del Tribunal respecto de la gratuidad podría proyectarse hacia otras iniciativas que el oficialismo ha promovido en una línea similar, como el denominado Registro de Vándalos e Incivilidades. El pleno que adoptó la decisión estuvo encabezado por su presidenta, la ministra Daniela Marzi. Por ahora, el Gobierno deberá recalibrar «Escuelas Protegidas» e introducir las correcciones advertidas por el Tribunal para que la iniciativa complete su tramitación.
