La propuesta de indemnización a todo evento que evalúa el Gobierno de José Antonio Kast ha instalado un debate técnico que va más allá del eslogan de «cobertura universal»: cuando se la confronta con el régimen vigente, el modelo revela un costo concreto para los trabajadores de larga trayectoria. Hoy, el artículo 163 del Código del Trabajo garantiza un mes de la última remuneración por cada año trabajado, con un tope legal de 11 años y una base de cálculo máxima de 90 UF. La nueva fórmula —una cotización del empleador de 1,8% acumulada en una cuenta individual— sustituye esa certeza por un ahorro cuya magnitud depende del mercado, no de la ley.
El espejismo de los 11 años: lo que el trabajador antiguo dejaría de recibir
Aquí está el punto que la promoción oficial tiende a omitir. Bajo el sistema actual, un trabajador con sueldo de un millón de pesos y diez años de antigüedad despedido por necesidades de la empresa recibe diez remuneraciones, del orden de diez millones de pesos. Con la propuesta del Gobierno, ese mismo trabajador habría acumulado durante una década aportes del 1,8% mensual sobre su sueldo: aritméticamente, 1,8% de un millón durante 120 meses suma cerca de 2,16 millones de pesos antes de rentabilidad. Aun con una rentabilidad optimista del fondo, la brecha frente a los diez millones del esquema vigente es estructural, no marginal. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, lo reconoce de forma indirecta al señalar que el costo de despido chileno es uno de los más altos de la OCDE, donde un trabajador con cinco años recibe en promedio la mitad de lo que paga la ley chilena. La reforma, en los hechos, busca acercar Chile a ese promedio a la baja.
El tope de 11 años es justamente el mecanismo que el oficialismo presenta como rigidez, pero que para el trabajador de carrera larga opera como un piso garantizado. Con doce años de antigüedad y sueldo final de 1,5 millones, el sistema actual paga 16,5 millones de pesos —los 11 años de tope sobre la última remuneración—, mientras que el fondo a todo evento habría acumulado aportes calculados sobre los sueldos históricos, considerablemente más bajos en los primeros años. La crítica es ineludible: el régimen propuesto traslada el riesgo de la cuantía desde el empleador hacia el trabajador.
Dónde la propuesta sí mejora la cobertura actual
Sería un análisis incompleto negar las ventajas del modelo. El régimen vigente es excluyente: según el propio ministro Rau, solo un poco más del 20% de las relaciones laborales termina por necesidades de la empresa, la única causal —junto al desahucio— que gatilla el pago. Quien renuncia, es despedido por causal disciplinaria o termina su contrato de mutuo acuerdo no recibe un peso por años de servicio. La indemnización a todo evento corrige esa brecha de raíz: cualquier trabajador acumularía un fondo retirable sea cual sea la causal de salida, incluida la renuncia. Para los empleos cortos y de alta rotación —donde, según Rau, la probabilidad de perder el trabajo antes de los 12 meses es más del doble que después—, el cambio representa una protección que hoy simplemente no existe.
El modelo también eliminaría el llamado «efecto amarre», el incentivo perverso que lleva a un trabajador a no cambiarse de empleo para no perder sus años acumulados, y entregaría a las pymes un costo predecible y distribuido en el tiempo en lugar de un pasivo súbito al momento del despido. La académica de la Universidad de los Andes consultada por BioBioChile resume la tensión: la mayor cobertura es real, pero «una cotización del 1,8% mensual no necesariamente produce el mismo resultado económico que la indemnización actual para un trabajador con años de antigüedad».
Una reforma que aún no es ley y que solo regiría para contratos nuevos
Conviene subrayar el estado real de la discusión, porque la difusión apresurada puede generar alarma o falsas expectativas. No existe proyecto de ley ingresado al Congreso: cualquier modificación requiere reformar el Código del Trabajo y un debate legislativo que el propio Ejecutivo sitúa como iniciativa de mediano plazo. Además, según lo adelantado por Rau, el cambio aplicaría solo a los contratos nuevos, sin alterar las condiciones de quienes ya acumulan antigüedad bajo el régimen de los 11 años. Esa salvaguarda es la que, en teoría, neutraliza el perjuicio para los trabajadores actuales, aunque deja en pie la pregunta de fondo: la próxima generación de trabajadores que firmen bajo el nuevo sistema cambiaría la certeza legal de hasta 11 sueldos por un ahorro sujeto a la rentabilidad de un fondo.
Para Los Lagos y Los Ríos, regiones con fuerte presencia de empleo estacional en turismo, salmonicultura, agricultura y comercio —sectores donde la rotación es alta y la causal de «necesidades de la empresa» rara vez se invoca—, una indemnización a todo evento podría ampliar de manera significativa una cobertura que hoy deja desprotegida a buena parte de la fuerza laboral regional. El desafío, como en el resto del país, será calibrar una tasa que no repita el espejismo de proteger a todos en el papel mientras se reduce, en la práctica, lo que recibe el trabajador que más años entregó a una misma empresa.
