La Policía de Investigaciones incautó este viernes el teléfono celular y el computador del senador independiente Alejandro Kusanovic (cercano al Partido Social Cristiano), en el marco de una causa penal por la presunta devolución forzada de parte del sueldo de un exfuncionario de su oficina parlamentaria. El procedimiento fue autorizado por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, luego de una solicitud presentada por el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto. Según consignó Mega Investiga, las diligencias se realizaron en la oficina parlamentaria y en el domicilio del legislador en Punta Arenas.
El caso se suma a una serie de investigaciones que remecen al Senado por un mecanismo similar. La práctica —bautizada por medios nacionales como la «cuota Kusanovic»— es descrita como análoga a la llamada «cuota Flores», el caso que ya tiene a la senadora Camila Flores (RN) bajo investigación de la Fiscalía de Valparaíso por fraude al fisco.
El mecanismo denunciado y la «cuota Kusanovic»
La investigación se originó en junio de 2026, tras la denuncia presentada por Rodrigo Gutiérrez Soto, exencargado de la oficina parlamentaria de Puerto Natales, ante la Unidad de Contraloría del Senado. En ella, el exfuncionario sostuvo que antes de asumir el cargo se le informó que debía restituir mensualmente 500 mil pesos de su sueldo y, además, asumir diversos gastos de funcionamiento de la oficina parlamentaria con recursos propios. Según su relato, antes de firmar su contrato fue citado a una reunión con José Cárcamo, jefe de gabinete de Kusanovic, quien le informó que del sueldo que percibiría debía devolver mensualmente la suma de 500.000 pesos.
De acuerdo con el denunciante, el mecanismo operó entre marzo de 2022 y diciembre de 2025, período en que se desempeñó en la oficina parlamentaria. El escrito también afirma que, con el paso del tiempo, las devoluciones comenzaron a realizarse mediante transferencias y depósitos, acompañando comprobantes bancarios y conversaciones de WhatsApp que, según el denunciante, respaldarían el mecanismo.
Peritajes y defensa del parlamentario
La Fiscalía Regional de Magallanes abrió la causa para determinar si existió el cobro de una eventual «cuota» a los asesores y cuál fue el destino de esos montos. Además de los equipos pertenecientes a Kusanovic, la policía incautó dispositivos de su jefe de gabinete. Los peritajes buscan comunicaciones, documentos y archivos que puedan estar relacionados con la denuncia.
Consultado en el Congreso al conocerse la investigación, el senador aseguró no haber sido notificado formalmente. «Yo no tengo ninguna información», afirmó, y señaló que realizaría consultas a su equipo para saber «qué pasó». El legislador manifestó su disposición a colaborar con la justicia. Esta indagatoria se suma a la que se lleva por denuncias similares en contra del ex diputado Juan Fuenzalida (UDI) y la senadora Camila Flores (RN), lo que configura un patrón que la Fiscalía revisa en paralelo en distintas regiones.
El caso escala en un momento políticamente sensible: tanto Kusanovic como Flores integraron el grupo de senadores que votó esta semana en contra del levantamiento del secreto bancario, coincidencia que ha sido destacada por la prensa nacional al vincular ambas causas.
Aunque la investigación se desarrolla en la Región de Magallanes, el caso de la «cuota Kusanovic» reactiva el debate sobre el uso de asignaciones parlamentarias en las oficinas territoriales del sur austral, una materia que interpela directamente a la representación de las regiones extremas y que sigue con atención la ciudadanía de Los Lagos y Los Ríos, donde los parlamentarios administran estructuras de asesoría bajo el mismo régimen de financiamiento público.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
