Durante treinta y cuatro años, el Programa Mujeres Rurales fue una de las pocas puertas que el Estado chileno mantuvo abierta para las mujeres del campo. No entregaba un cheque y se retiraba: acompañaba durante tres años a cada usuaria con capacitación técnica, financiamiento productivo, desarrollo organizacional y fortalecimiento personal. Ese modelo, ejecutado en convenio entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Fundación PRODEMU, está siendo desmantelado. El 1 de junio de 2026, mediante un oficio de la Dirección Nacional de INDAP, se comunicó que este año no ingresarían nuevas participantes. Semanas después, el Gobierno confirmó ante la Cámara de Diputadas y Diputados que la decisión no es una pausa: es el término definitivo del programa, con una extinción gradual proyectada hacia 2029.
La molestia en el sur de Chile ha sido inmediata y transversal. En una región donde la agricultura familiar campesina no es un dato estadístico sino la base material de miles de hogares, el cierre se leyó como lo que es: la eliminación de un instrumento que no tiene reemplazo diseñado. Y ahí está el corazón de esta historia. Porque una cosa es lo que el programa entregaba, y otra muy distinta es lo que el Gobierno ofrece a cambio.
Lo que se elimina no es un fondo concursable más
El Programa Mujeres Rurales operaba desde 1992 en las quince regiones del país. Desde ese año capacitó a cerca de 35 mil mujeres en rubros como la producción de hortalizas, aves de corral, apicultura y artesanías. Su arquitectura de intervención integral —tres años de acompañamiento sostenido, no una transferencia aislada— es precisamente lo que ningún otro instrumento del Estado replica hoy.
Los resultados que el propio INDAP encargó medir refuerzan esa singularidad. Según la evaluación de resultados 2022-2024, el 68,1% de las participantes aumentó sus ingresos brutos por ventas, la proporción de mujeres con producción activa pasó de 33,4% a 89,6% entre el ingreso y el egreso, y el programa registró una tasa de permanencia del 88%. El mismo estudio, elaborado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), consigna que se trata de una de las pocas respuestas del Estado —si no la única— para las mujeres que habitan territorios rurales, donde ser mujer y vivir en el campo implica cargas dobles o triples de trabajo, aislamiento y desprotección.
Ese es el documento que INDAP invoca para justificar la «reformulación» del programa. El mismo informe que valida su impacto es el que el servicio cita para desarmarlo.
La versión oficial: eficiencia, déficit y gastos administrativos
INDAP ha construido su defensa sobre un argumento presupuestario. Ante la Comisión de Agricultura de la Cámara, la subdirectora nacional (s) de INDAP, Antonella Pecchenino, planteó que el punto es si corresponde seguir transfiriendo recursos públicos a una fundación privada que no ha tenido los mejores resultados de gestión. En su exposición precisó que el programa trabaja actualmente con 3.016 beneficiarias y que un 38,5% de los recursos correspondería a gastos administrativos, agregando que no se busca castigar a PRODEMU sino entregar los recursos de manera eficiente a las mujeres rurales.
La contraparte no negó la crisis financiera, pero la enmarcó. La directora de PRODEMU, Jessica Flores, reconoció que la fundación está en condiciones financieras muy precarias y que arrastra un déficit de más de 2.600 millones de pesos, pero advirtió que la fundación no desaparecerá porque atiende a un grupo de mujeres que no encajan en otros programas o políticas públicas.
La trayectoria del recorte quedó explicitada en el Congreso. Tras la exposición del Ministerio, se proyecta el término de las transferencias desde INDAP hacia PRODEMU manteniendo el financiamiento del año en curso, reduciendo los recursos durante 2027 y 2028 para finalizar con el cierre definitivo en 2029. No es, entonces, una suspensión temporal a la espera de mejores números: es un calendario de defunción.
El contraste que el Gobierno no resuelve
Aquí el argumento oficial choca con su propio flanco. El comunicado que INDAP difundió el 24 de julio insiste en que el servicio «mantiene plenamente vigente» su compromiso con las mujeres rurales y que lo que concluye es únicamente un convenio de ejecución. La institución sostiene que atiende a más de 160 mil usuarios a nivel nacional, de los cuales el 48,2% son mujeres —cerca de 77 mil beneficiarias—, y que el convenio con PRODEMU permitía atender a unas 3.016 mujeres, una proporción que califica de acotada.
El problema es que esa aritmética compara cantidades, no calidades de intervención. Los otros instrumentos de INDAP entregan asesoría técnica, riego, inversión o financiamiento como prestaciones puntuales. Ninguno reproduce el acompañamiento integral de tres años con enfoque de género que definía al Programa Mujeres Rurales. Reemplazar un modelo de proceso por una batería de transferencias aisladas no es continuidad: es sustitución por algo distinto. Y mientras INDAP anuncia que un nuevo programa «flexible» será ejecutado directamente por el servicio, las organizaciones advierten que ese diseño aún no existe.
La presidenta nacional del sindicato de PRODEMU, Fabiola Cayla, describió la situación práctica que dejó el oficio. Explicó que INDAP notificó que en 2026 no habría ingresos de mujeres, pese a que ya estaba focalizado casi el 100% de los grupos del primer año, un proceso iniciado el año anterior, y que ahora había que dar la cara a esas mujeres para decirles que el programa no va. El desmantelamiento, además, no es solo de usuarias: se estima que unas 3.000 mujeres a nivel nacional podrían quedar sin el programa, incluidas 300 solo en la Región de Los Ríos, sumado al despido de 60 funcionarios.
Las voces del sur: incongruencia y abandono
La reacción política en Los Lagos y Los Ríos apuntó a la contradicción del Ejecutivo. El diputado de la Región de Los Ríos, Matías Fernández, cuestionó que primero se comunicara solo una modificación programática y luego se avanzara hacia el cierre de nuevas inscripciones. Fernández afirmó que hoy se conoció «no solamente el recorte de 1.236 millones al programa, sino el cierre definitivo para el futuro de PRODEMU», cifra que el parlamentario entregó como parte de su declaración política y que no figura en los antecedentes oficiales expuestos en la Comisión. El diputado sostuvo que se trata de un programa que ayuda a las mujeres a generar independencia desde la agricultura familiar campesina y a acceder a herramientas de emancipación fundamentales para el manejo de la tierra. «Hoy día vemos un gobierno que le ha dado la espalda precisamente a personas que lo eligieron», planteó, acusando a una administración que habla de desarrollo económico pero olvida a quienes trabajan la tierra y llevan las frutas, verduras y el pan a las mesas.
Desde el Consejo Regional de Los Lagos, el consejero Francisco Reyes fue más duro con la ausencia de un plan de reemplazo. Reyes señaló que el Gobierno se está llenando de contradicciones al declararse una administración de emergencia mientras genera una emergencia, y calificó el cierre como «una señal nefasta, una pésima señal». Su crítica central apunta al vacío: sostuvo que han transcurrido meses sin ninguna medida de mitigación que reemplace el programa desde la línea productiva de INDAP, y que pese a las miles de quejas y solicitudes de reevaluación, no se ha movido «ni un ápice» la voluntad de crear un nuevo programa que atenúe el impacto sobre una iniciativa que generaba esperanza en las mujeres en materia de empoderamiento, comercialización y organización colectiva.
El impacto concreto en el sur
El desglose del propio programa dimensiona lo que se pierde en el territorio. En su tercer año de inversión, la iniciativa contemplaba 61.600.000 pesos para 112 usuarias, con un incentivo de 550.000 pesos por participante. La cobertura provincial reflejaba el peso del sur: 46 mujeres en Osorno, 50 en Llanquihue, 55 en Chiloé y 46 en Palena, para un total de 197 usuarias en la macrozona, trabajando en rubros como frutales menores, apicultura, viveros, procesados, turismo rural y artesanías en lana, cuero, fibras vegetales, madera y cerámica.
El estado administrativo agrega incertidumbre. Según los antecedentes del programa, el convenio se encuentra firmado y enviado a Contraloría para toma de razón, pero las capacitaciones no han podido iniciarse a la espera de que se concrete el traspaso de recursos a PRODEMU. Es decir, incluso lo comprometido para el ciclo vigente permanece congelado en el trámite.
Los llamados a concurso por área, con fechas de cierre entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026, marcaban el último calendario de una maquinaria que ahora tiene fecha de término. Las áreas de Ancud y Chonchi ya figuraban como cerradas antes de que se conociera el desenlace.
El cierre de un modelo, no solo de un convenio
La disputa de fondo no es contable. INDAP tiene razón cuando afirma que una fundación con déficit y con más de un tercio de su gasto en administración plantea un problema legítimo de uso de recursos públicos. Pero la decisión de terminar el convenio y la decisión de extinguir el modelo de intervención son dos cosas distintas, y el Gobierno las ha fusionado en una sola. Se puede corregir la gestión de PRODEMU sin eliminar el único instrumento estatal que acompaña de manera sostenida a las mujeres del campo. Lo que queda sobre la mesa, hoy, es un cierre confirmado hasta 2029 y un reemplazo que aún no se ha diseñado. Para las 197 usuarias del sur y para las cerca de 3.000 a nivel nacional, esa es la única certeza disponible.
