Una ampliación de querella presentada en el Juzgado de Garantía de Castro sostiene que la denominada comunidad Cahuala, con presencia en Chiloé y en otras ciudades del país, habría operado durante décadas como una presunta secta dedicada a captar personas en situación de vulnerabilidad para someterlas a explotación laboral y sexual. La acción judicial fue interpuesta por los exintegrantes María Jesús Carrascosa y Alfredo Urrutia, quienes solicitan ampliar una investigación iniciada en 2019 para incorporar los delitos de trata de personas y asociación destinada a cometer ese ilícito, según antecedentes a los que accedió Radio Bío Bío.
La querella apunta como imputados a Enrique Urrutia Aburto, identificado por los querellantes como líder de la comunidad, y a María Alejandra Pinto Martínez. La formalización de cargos estaba prevista para el jueves 23 de julio, pero no pudo concretarse: la defensa de los imputados alegó vicios en la notificación, por lo que el tribunal fijó como nueva fecha el 2 de septiembre.
Quince años dentro de la estructura de la comunidad Cahuala
De acuerdo con el documento judicial, Carrascosa y Urrutia eran una joven pareja que atravesaba una crisis personal y profesional cuando consultaron a un psicólogo que posteriormente los vinculó con Enrique Urrutia. Según consta en la querella, fue él quien continuó con el proceso terapéutico y quien los invitó a integrarse a la comunidad mientras se encontraban en ese estado de vulnerabilidad.
Durante quince años los querellantes vivieron en distintas sedes del grupo, desde La Mesilla en Vallenar, pasando por Santiago, hasta asentarse en Chiloé. Allí trabajaron en la estructura económica que sustenta a la comunidad, que según la querella incluye el Colegio Cahuala de Castro, sociedades agrícolas, la empresa Cahuala Consultores y un centro terapéutico, entre otros negocios operados por los propios miembros. Los denunciantes afirman haber desempeñado esas labores sin recibir una remuneración efectiva.
En el mismo documento sostienen haber sido sometidos a un proceso de aislamiento de sus familias, manipulación psicológica y control sobre aspectos centrales de sus vidas, como el lugar donde residían, el trabajo que realizaban y sus relaciones personales. La querella incluye el testimonio de Carrascosa, quien acusa haber sido víctima de acoso y explotación sexual por parte de Urrutia durante años, en un contexto que la querellante describe como de dependencia psicológica construida sobre ella. Ambos abandonaron la comunidad en 2015 para radicarse en España y sostienen que aún enfrentan secuelas psicológicas, además de pérdida de años de desarrollo profesional y patrimonio.
Investigación por trata de personas y antecedentes sobre muertes de menores
El abogado querellante Ignacio Zúñiga señaló a Radio Bío Bío que la investigación en curso al interior de la comunidad Cahuala abarca trata de personas con fines de explotación laboral, eventuales delitos sexuales y antecedentes vinculados a la muerte de menores de edad en circunstancias que calificó de extrañas. Indicó que en la carpeta investigativa existen elementos que darían cuenta del entierro de un menor en un cementerio clandestino, aunque precisó que el foco de su querella apunta a las conductas constitutivas de trata de personas y explotación laboral asociadas a sus representados.
Zúñiga describió la organización como una estructura jerárquica piramidal encabezada por un líder espiritual que, según su planteamiento, definía todos los aspectos de la vida de los integrantes, desde la sexualidad y la reproducción hasta las relaciones familiares y el trabajo. En la querella, los denunciantes sostienen que la comunidad se articulaba en torno a tres ejes —poder, dinero y sexo— controlados por el líder, y que el aislamiento respecto de lo que se denominaba el mundo exterior anulaba progresivamente el criterio y la personalidad de sus miembros.
Ante el riesgo de fuga de los imputados, la parte querellante solicitó el seguimiento de sus movimientos migratorios y la eventual aplicación de una Alerta Blue, mecanismo que permite comunicación directa entre el Ministerio Público y el Departamento de Extranjería en caso de que se intente salir del país.
Un caso que se arrastra desde 2019 en Chiloé
La causa lleva abierta desde 2019 y su desarrollo se concentra en el territorio insular de la provincia de Chiloé, donde la comunidad consolidó buena parte de su actividad económica, incluida una institución educacional en Castro. Esa dimensión local es la que otorga al caso una relevancia particular para la Región de Los Lagos: se trata de estructuras que operaron durante años a la vista de la comunidad, con giro comercial formal y presencia en el sistema educativo, y cuya fiscalización queda ahora bajo escrutinio judicial.
El aplazamiento de la formalización hasta el 2 de septiembre extiende por casi seis semanas más un proceso que ya acumula siete años de tramitación. Para las presuntas víctimas y para las instituciones que operan en Chiloé, la audiencia de septiembre será el primer momento en que el Ministerio Público deba exponer formalmente los cargos y el tribunal resolver sobre medidas cautelares.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
