La Cámara de Diputadas y Diputados declaró ha lugar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras una votación de 77 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención. Con ese resultado, el libelo quedó formalmente derivado al Senado, que deberá resolver en definitiva el juicio político.
El debate en Sala fue abierto por el diputado Benjamín Moreno, quien expuso los capítulos del libelo acusatorio y sostuvo que las desviaciones en las proyecciones financieras del Ejecutivo constituirían una infracción grave a los deberes del cargo. En su presentación, el parlamentario planteó que, por la magnitud de los desajustes, existiría responsabilidad política de la exautoridad.
Durante la discusión, la argumentación de los acusadores apuntó a supuestas faltas legales vinculadas, entre otros puntos, al retraso en la transferencia de recursos destinados a la gratuidad universitaria y al programa de infraestructura escolar. Según se planteó en Sala, esos retrasos habrían comprometido la estabilidad de la administración.
Moreno también cuestionó formalmente el reajuste del sector público, afirmando que no hubo fuentes de financiamiento explícitas para cubrir un monto estimado en 800 millones de dólares durante el ejercicio fiscal correspondiente. Ese elemento fue parte del eje de las críticas levantadas por quienes respaldaron la acusación.
Defensa pidió desestimar el libelo y citó informes del Consejo Fiscal Autónomo
La defensa compareció a través del abogado Patricio Zapata, quien solicitó a la Cámara desestimar la presentación. En su intervención, sostuvo que los cuestionamientos apuntados por los acusadores correspondían a una discrepancia política y técnica sobre la conducción macroeconómica, y descartó la existencia de ilícitos constitucionales.
Zapata fundamentó su postura en informes del Consejo Fiscal Autónomo, organismo que, según expuso, descartó la existencia de inconsistencias aritméticas en los balances de la Dirección de Presupuestos del Estado. La defensa planteó que ese punto era clave para desvirtuar una eventual imputación de infracciones en la formulación y reporte de cifras.
Antes de entrar al fondo, la corporación legislativa rechazó la cuestión previa planteada por la defensa, con 83 votos en contra y 61 votos a favor. Ese resultado obligó a la Sala a pronunciarse sobre la procedencia del libelo, paso que terminó abriendo la puerta al envío al Senado.
Posturas divididas en la comisión revisora y definición de la comisión acusadora
La Comisión Revisora manifestó posiciones divididas, de acuerdo con lo expuesto durante la tramitación. Su presidenta, Marcela Hernando, junto a los diputados Alejandro Bernales, Carlos Bianchi y Joanna Pérez, cuestionaron la proporcionalidad de las sanciones solicitadas, en particular la destitución e inhabilidad planteada en el libelo.
En sentido contrario, el diputado Luis Sánchez defendió la procedencia del juicio político y argumentó que la exautoridad habría vulnerado principios institucionales de probidad administrativa, al no proveer información fidedigna sobre el estado de la deuda pública nacional.
En la Sala, las bancadas de oposición respaldaron la aprobación del texto mediante intervenciones de Pier Karlezi, Constanza Hube, Paz Charpentier, Stephanie Jéldrez, Francisco Orrego, Javier Olivares y Cristian Contreras.
Por su parte, los comités oficialistas del Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista, representados por Constanza Schonhaut, Ignacio Achurra, Carolina Tello, Juan Santana, Nelson Venegas, Marcos Barraza, Irací Hassler y Boris Barrera, rechazaron la acusación durante el debate.
A esa oposición al libelo se sumaron los parlamentarios Jaime Araya, Carlos Cuadrado, Álvaro Ortiz, Héctor Barría, Jorge Díaz y el diputado de Renovación Nacional Luis Pardo, quien descartó que existiera una base jurídica sólida para sustentar la acusación.
Con el resultado ya zanjado en la Cámara, la Mesa deberá notificar formalmente la decisión al Senado dentro del plazo legal de 24 horas. Además, se designó una comisión integrada por Pier Karlezi, Benjamín Moreno y Paulina Muñoz para sostener los capítulos acusatorios ante la Cámara Alta.
El proceso queda ahora en manos del Senado, que tendrá la responsabilidad de resolver el fondo y determinar si corresponde o no aplicar las sanciones contenidas en la acusación Nicolás Grau.
