La Contraloría Regional de Los Lagos detectó posibles irregularidades por más de $1.847 millones en pagos efectuados por la Corporación Municipal de Castro, en Chiloé, a empresas externas contratadas para recuperar subsidios asociados a licencias médicas. El organismo fiscalizador formuló un reparo por esa cifra y remitirá los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Servicio de Impuestos Internos (SII), para determinar eventuales responsabilidades por operaciones realizadas entre 2022 y 2024.
El mecanismo cuestionado operaba durante la administración municipal anterior. La corporación contrataba firmas privadas para gestionar la recuperación de subsidios por incapacidad laboral de funcionarios con licencia médica ante Fonasa, isapres o cajas de compensación, mientras la entidad seguía pagando íntegramente las remuneraciones de esos trabajadores. Por esa gestión, las empresas cobraban porcentajes del 18% y el 15% de los montos recuperados.
Pagos sin respaldo y facturas con inconsistencias
La revisión de Contraloría se centró en contratos suscritos con Finanzas Públicas SpA y Consultora Asesora Pyme SpA. Según el informe, se detectaron pagos sin respaldo suficiente, recuperaciones de subsidios no acreditadas, diferencias entre los registros internos de la corporación y los antecedentes entregados por las empresas, además de facturas con inconsistencias respecto de los registros del Servicio de Impuestos Internos.
El secretario general de la Corporación Municipal de Salud de Castro, Daniel Navarro, precisó que el caso se refiere exclusivamente a las empresas contratadas para recuperar subsidios y aclaró que no tiene relación con los casos de licencias médicas conocidos a nivel nacional. La distinción es relevante: el llamado «caso licencias» que estalló en mayo de 2025 apunta a funcionarios que vulneraron su reposo médico, mientras que el reparo de Castro objeta la gestión financiera de contratos con terceros, no la conducta de los trabajadores con licencia.
Once juicios ejecutivos comprometen recursos de la salud comunal
Navarro advirtió que uno de los efectos más complejos son los 11 juicios ejecutivos y embargos derivados de facturas vinculadas a estas empresas, por cerca de $800 millones, que según afirmó comprometen recursos destinados al funcionamiento de la salud municipal en la comuna. La jefa de la Unidad Jurídica de la corporación, María Maceiras, indicó que la investigación penal sigue en desarrollo y que la corporación amplió la querella presentada contra una de las empresas para incluir a la segunda firma involucrada.
El alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, sostuvo que la actual administración ha colaborado desde el inicio con las diligencias. «Hemos actuado con total transparencia, colaborando con los organismos fiscalizadores y entregando todos los antecedentes requeridos durante este proceso», afirmó el jefe comunal, quien agregó que el objetivo ha sido transparentar ante la comunidad la situación en que se encontraba la corporación al asumir la nueva gestión.
Exalcalde citado a declarar
El concejal Ignacio Álvarez señaló que el informe habría constatado presuntos pagos de facturas sin acreditar la prestación efectiva de los servicios, además de eventuales facturas falsas y pagos a cuentas personales. La autoridad destacó que la Fiscalía acogió la solicitud de citar a declarar al expresidente de la Corporación de Castro y exalcalde, a sus exsecretarios generales y al exdirector de Finanzas de la entidad.
El caso se inscribe en un escenario de mayor escrutinio sobre las corporaciones municipales en Chile. En noviembre de 2025, la contralora general Dorothy Pérez dictaminó que es improcedente que una corporación municipal destine recursos públicos para anticipar el pago de remuneraciones a trabajadores con licencia médica, advirtiendo que esa práctica puede menoscabar su patrimonio. Para Chiloé y la Región de Los Lagos, el reparo deja en evidencia la fragilidad de los controles internos en entidades que administran servicios esenciales como la salud comunal, en un momento en que los $800 millones en embargos amenazan directamente la continuidad de esas prestaciones.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada o investigada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
