La Defensoría Penal Pública ingresó este miércoles un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, cuestionando en su doble dimensión —de fondo y de forma— la decisión del Ministerio de Seguridad de invocar la Ley de Seguridad del Estado en el proceso seguido contra los tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile acusados de agredir a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. El recurso fue presentado por los abogados Luis Soto y Juan Pablo Alday, defensores regionales de Los Ríos.
El argumento central: el Ministerio de Seguridad no tiene esa facultad
La Defensoría sostiene que el Ministerio encabezado por Trinidad Steinert carecía de atribución legal para ampliar la querella e incorporar la Ley de Seguridad del Estado. Según el recurso, esa facultad corresponde exclusivamente al Ministerio del Interior, no a la cartera de Seguridad Pública, que fue creada como una entidad distinta con competencias acotadas. El senador Iván Flores (DC), quien presidió la comisión mixta que dio origen al Ministerio de Seguridad, respaldó públicamente esa lectura jurídica y señaló que tanto él como otros legisladores habían advertido esta situación antes de que la Defensoría actuara formalmente.
Irregularidades en la tramitación: derecho a defensa afectado
Más allá del cuestionamiento de fondo, el recurso denuncia irregularidades en el procedimiento de tramitación de la ampliación de la querella. Según los abogados defensores, la notificación fue ilegal y arbitraria, ya que los defensores nunca fueron notificados oportunamente de la resolución que declaró admisible la ampliación, enterándose de su existencia recién en una audiencia posterior. Esa situación, argumentan, afectó el derecho a defensa de los imputados y puso en riesgo su libertad personal. En consecuencia, la Defensoría sostiene que la ampliación debió ser declarada inadmisible desde el origen.
La cronología del caso: de la agresión en la UACh al recurso de hoy
Los hechos que motivan este proceso ocurrieron el 8 de abril de 2026, durante la inauguración del año académico en el campus Isla Teja de la Universidad Austral, en Valdivia. Según la investigación de la Fiscalía y la PDI, los tres estudiantes participaron activamente en los incidentes: rodearon a la ministra cuando se retiraba del Aula Magna, la increparon con insultos, le propinaron empujones y le lanzaron agua. La ministra estuvo más de dos horas sin poder abandonar el recinto universitario debido a las manifestaciones en su contra.
Los tres imputados —Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga— fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad y quedaron con medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y firma quincenal. Tanto el Ministerio Público como el Gobierno solicitaron medidas más gravosas —arresto domiciliario nocturno y prisión preventiva, respectivamente— pero ambas peticiones fueron rechazadas por el Juzgado de Garantía y posteriormente ratificadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Fue en ese contexto donde el Ministerio de Seguridad decidió ampliar la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado, incorporando además la teoría de que los hechos podrían constituir un secuestro, dado el tiempo que la ministra permaneció sin poder salir del recinto. La Corte de Apelaciones de Valdivia, sin embargo, rechazó los recursos del Gobierno y la Fiscalía que buscaban modificar las medidas cautelares de los tres estudiantes.
El estado actual del proceso
Los imputados se encuentran en libertad y sujetos a las cautelares decretadas en primera instancia. La Corte de Apelaciones de Valdivia deberá ahora pronunciarse sobre el recurso de amparo presentado hoy por la Defensoría Penal Pública. Las personas imputadas en esta causa se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
