Un nuevo foco de cuestionamientos se instaló en la Región de Los Ríos por el desarrollo de un proyecto asociado a Salmones Antártica, debido a que su ejecución se sostiene en una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) emitida en 2008. Las críticas sostienen que, en casi dos décadas, cambiaron el conocimiento científico, la legislación y la evaluación de impactos vinculados a la industria salmonera, por lo que resulta controverso que una autorización de esa data siga habilitando intervenciones en un río descrito como uno de los más prístinos de Chile, relevante para el abastecimiento de agua de miles de personas.
Los reparos no se limitan a la dimensión hídrica. Entre los puntos que se han puesto sobre la mesa aparece la destrucción de un yacimiento de impresiones foliares de alrededor de 30 millones de años, considerado un patrimonio paleontológico de relevancia internacional por su potencial para aportar información sobre la evolución de los ecosistemas del sur de Sudamérica. Quienes advierten esta situación sostienen que, cuando obras de un proyecto eliminan evidencia científica de ese valor, el impacto trasciende lo local y se proyecta como una pérdida para la investigación global.
En este escenario, también ha generado debate la estrategia de relacionamiento comunitario atribuida a la empresa, particularmente el financiamiento de actividades locales. De acuerdo con las críticas, el patrocinio de campeonatos de fútbol rural se presenta públicamente como un gesto de compromiso social, pero despierta dudas cuando coincide con un proyecto ambientalmente controvertido. En esa línea, se plantea que la responsabilidad social empresarial no debiera operar como un mecanismo para obtener aceptación social ni para desplazar la discusión sobre bienes comunes, como el agua y los ecosistemas asociados.
El debate por la vigencia de una RCA antigua
Uno de los ejes que concentra la controversia es la vigencia práctica de una RCA aprobada en 2008 para respaldar una intervención actual. Las críticas apuntan a que, desde entonces, la comprensión de los efectos acumulativos de la salmonicultura y los estándares normativos han evolucionado, por lo que se vuelve complejo justificar que un permiso otorgado bajo condiciones de otra época siga considerándose suficiente para proyectos de gran magnitud.
La discusión adquiere especial sensibilidad en Los Ríos debido a la relación directa del territorio con cuencas, ríos y sistemas de agua que abastecen a comunidades y sostienen actividades económicas locales. En ese marco, los cuestionamientos ponen el acento en el principio preventivo: si un río que cumple un rol de abastecimiento queda expuesto a riesgos de una industria intensiva, se argumenta que debiera primar la prudencia en la toma de decisiones, por sobre la idea de que basta con ajustarse a autorizaciones históricas.
En el mismo debate se incluye una crítica política a la reacción de la autoridad municipal. Se cuestiona que, ante las inquietudes, la máxima autoridad local haya insistido en que “las instituciones funcionan”. Para quienes han expresado reparos al proyecto, esa frase puede ser formalmente correcta desde el punto de vista administrativo, pero insuficiente en términos de liderazgo territorial, considerando que a un alcalde se le atribuye el deber de resguardar el patrimonio ambiental local.
Patrimonio paleontológico y legitimidad social en disputa
La denuncia sobre la destrucción del yacimiento de impresiones foliares de 30 millones de años abrió otro flanco: el impacto sobre el patrimonio científico. El planteamiento crítico indica que se trata de un registro excepcional, no solo por su antigüedad, sino por la información que podría entregar sobre climas, vegetación y cambios ecológicos en el extremo sur de Sudamérica a lo largo de millones de años. Desde esa perspectiva, el daño no se comprende como una pérdida acotada al lugar intervenido, sino como una afectación a un patrimonio que aporta al conocimiento de la humanidad.
A la vez, se recalca que las acciones de apoyo a actividades comunitarias, como el patrocinio deportivo, no son neutrales cuando ocurren en paralelo a una discusión ambiental. Quienes cuestionan el proyecto afirman que ese tipo de aportes, si bien pueden ser valiosos para organizaciones locales, también pueden interpretarse como una forma de construir legitimidad y amortiguar el rechazo social, desviando la atención del debate de fondo: el resguardo de ecosistemas estratégicos y de bienes comunes.
El panorama, según las críticas, deja varias preguntas instaladas en la conversación regional: cómo se evalúa hoy un proyecto que se apoya en permisos antiguos, qué peso se le asigna a la protección del patrimonio científico y natural, y cuál es el rol esperable de las autoridades locales cuando se trata de decisiones que pueden tensionar el modelo de desarrollo que promueve la Región de Los Ríos.
Por ahora, el proyecto y su respaldo administrativo siguen siendo el centro del debate, mientras los cuestionamientos exigen que la discusión sobre Salmones Antártica Los Ríos se mida con estándares actuales y con una mirada que considere tanto el abastecimiento humano de agua como el resguardo del patrimonio natural y científico del territorio.
