La diputada Paulina Muñoz cuestionó las acciones de cobro que han derivado en embargos a personas con deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), y vinculó la situación a expectativas instaladas durante años sobre una eventual eliminación del mecanismo y condonación de los saldos. La parlamentaria advirtió efectos directos en presupuestos familiares y manifestó preocupación por el alcance de las herramientas legales con que cuenta la Tesorería General de la República para ejecutar medidas, incluso sobre cuentas bancarias.
Según planteó, el escenario actual refleja el costo de promesas políticas que no se concretaron. “Para variar, los chilenos están pagando el precio de las vergüenzas y las mentiras de Gabriel Boric. No hay que olvidar que durante toda su campaña y gran parte de su gobierno se prometió eliminar el CAE y condonar las deudas. Finalmente, eso nunca ocurrió”, sostuvo.
Muñoz afirmó que no desconoce la obligación de pago ni el derecho del Estado a cobrar, pero insistió en que el contexto no puede tratarse como si no existiera. “En ningún caso se trata de desconocer las deudas. Las personas deben cumplir sus compromisos, pero durante mucho tiempo se le metió en la cabeza a la gente que estas deudas no se iban a pagar. Hoy se necesita dar espacio para que las familias puedan ordenarse y asumir compromisos que realmente estén en condiciones de cumplir”, señaló.
Las declaraciones se dan mientras sigue abierto el debate por los embargos deudas CAE y sus consecuencias en hogares con múltiples obligaciones financieras. La diputada sostuvo que el problema no es solo el cobro en sí, sino la forma y el momento en que se está ejecutando, en particular cuando el procedimiento impacta ingresos destinados al funcionamiento diario de las familias.
Cuestionamientos a atribuciones de Tesorería para embargos
Uno de los puntos centrales expuestos por la legisladora fue el papel de la Tesorería General de la República y las facultades que le permite la normativa para concretar embargos. “Lo que no comparto por ningún motivo es que exista una legislación que entregue tantas atribuciones a Tesorería, incluso para embargar electrónicamente las cuentas corrientes de los chilenos. Eso es tremendamente preocupante y hoy es una realidad que está respaldada por la ley”, afirmó.
En esa línea, recalcó que, aunque la política pública debe contemplar mecanismos de recuperación de recursos, también tiene que considerar criterios de proporcionalidad y resguardo para el sustento familiar. A juicio de Muñoz, el impacto de un embargo sobre cuentas bancarias puede dejar a un hogar sin liquidez inmediata, tensionando pagos básicos y compromisos ya adquiridos.
La parlamentaria insistió en que el diseño del sistema de cobro, así como su ejecución, debería incorporar márgenes razonables para que las personas puedan regularizar su situación sin quedar expuestas a una afectación súbita de sus recursos disponibles.
Repactaciones “tarde” y foco en ingresos medios
Muñoz también cuestionó el momento en que, según su evaluación, se presentaron alternativas más flexibles para enfrentar las deudas. “Las medidas más flexibles para generar convenios llegaron demasiado tarde. Muchas personas ya enfrentaban causas judiciales e incluso embargos cuando recién se anunciaron alternativas más razonables para regularizar su situación”, afirmó.
Además, pidió una mirada específica sobre familias de ingresos medios que, sostuvo, cargan con una alta presión financiera mensual. “Hay que tener una consideración especial con quienes ganan menos de $3.500.000. La realidad económica de las familias chilenas es muy ajustada. Estamos hablando de personas que mantienen hogares, hijos y múltiples compromisos financieros. Si les quitamos sus recursos de un día para otro, generamos un problema aún mayor”, expresó.
En su llamado final, la diputada instó al Ejecutivo a revisar los casos afectados y a buscar salidas que permitan compatibilizar el cobro de obligaciones con la capacidad real de pago. “Espero que el gobierno muestre voluntad y busque una solución. Aquí estamos hablando del sustento de muchas familias. Lo que corresponde es revisar los casos y actuar con criterio. Una vez más, los errores y las malas decisiones del gobierno anterior terminan siendo pagados por todos los chilenos”, concluyó.
