El diputado Javier Olivares, del Partido de la Gente (PDG), fue víctima de una violenta agresión física durante la madrugada de este domingo en la comuna de Olmué, región de Valparaíso. El hecho ocurrió en medio del aniversario 53 del Club Deportivo Montevideo, que se celebraba en su sede social ubicada en calle Alcalde Hugo Quinteros, Lo Narváez.
Secuencia del ataque
Según la denuncia, el primer agresor abordó al parlamentario mientras bailaba junto a su abogada, instante en que le propinó un puñetazo en el rostro y huyó del lugar. Mientras Olivares intentaba reincorporarse, un segundo hombre lo empujó provocando su caída al suelo, para luego propinarle reiteradas patadas en el cuerpo.
El asesor parlamentario acudió en auxilio del diputado y también fue agredido por uno de los atacantes. Ambos afectados fueron trasladados hasta el Hospital de Limache, donde se les diagnosticó heridas de carácter leve.
Versión del equipo de Olivares
La oficina parlamentaria del diputado emitió un comunicado relatando que el ataque ocurrió apenas seis minutos después del ingreso del parlamentario al recinto, cuando un jugador del club lo agredió por la espalda con un golpe de puño mientras gritaba «La izquierda siempre vive».
Desde el entorno del legislador precisaron que el atacante y su hermano —ambos plenamente identificados, uno de ellos con antecedentes policiales— huyeron del lugar tras la agresión. El equipo calificó el episodio como un acto de violencia política.
El antecedente: Olivares y el gasto público en celebraciones
La agresión tiene lugar semanas después de que el propio Olivares se posicionara como un fiscalizador del uso de recursos públicos en actividades festivas. A mediados de abril, el diputado presentó un oficio formal ante la Contraloría General de la República cuestionando que la Municipalidad de Navidad utilizara fondos públicos para financiar la exhibición de un documental sobre el Che Guevara en sus dependencias. Olivares calificó la situación como «inaceptable» y señaló que «el dinero de sus impuestos se utilice para estas actividades» constituye «una falta de respeto para los vecinos de Navidad y para todo el país».
Esta acción parlamentaria se enmarca en un debate nacional más amplio. En abril, la Contraloría General de la República reveló mediante el Consolidado de Información Circularizada N°22 que múltiples municipalidades del país destinaron más recursos a celebraciones, conmemoraciones y festividades que a asistencia social durante 2024 y 2025, con un gasto total en órdenes de compra que superó los $31.034 millones. El organismo fiscalizador dispuso exámenes de cuentas respecto de los municipios que no hubieran dado cumplimiento a la normativa o que presentaran niveles de gasto en celebraciones superiores al gasto social y al promedio nacional.
El episodio de Olmué instala así una paradoja: el parlamentario que cuestionaba el uso de fondos públicos en festividades resultó agredido mientras asistía, como invitado, al aniversario de un club deportivo amateur.
Investigación en curso y acciones legales
Carabineros realizó un empadronamiento de testigos, recabó antecedentes y puso la totalidad de la evidencia a disposición del Ministerio Público, que conduce la investigación penal. Hasta el cierre de esta nota, no se registraban detenciones.
La oficina parlamentaria de Olivares anunció la presentación de acciones judiciales y querellas criminales contra todos los responsables, indicando que actuarán «hasta las últimas consecuencias que la ley permita».
El Club Deportivo Montevideo emitió un comunicado señalando que los hechos «corresponden a la acción individual de una persona y no representan los valores ni el actuar» de la institución.
El propio Olivares publicó en redes sociales que se encontraba en buenas condiciones, calificó el episodio como «un hecho aislado, pero no carente de extrema gravedad» y anunció que perseguirá judicialmente «a los dos cobardes extremistas que pretendieron asustarnos».
Los hechos descritos están siendo investigados por el Ministerio Público. Las personas señaladas como presuntos responsables no cuentan con condena judicial a la fecha de publicación.
