Hasta el año pasado, Guillermo Quiroz era uno de los rostros institucionales del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en la Región de Los Ríos. Como director regional subrogante de Sernapesca, aparecía ante la prensa informando sobre fiscalizaciones, incautaciones y procedimientos contra el comercio ilegal de recursos hidrobiológicos. Hoy figura entre los imputados de la Operación Nereida, el megaoperativo que desarticuló en la Región de Los Ríos una red criminal dedicada exactamente a eso: la comercialización ilícita de productos del mar.
El biólogo marino estaba suspendido de sus funciones desde junio de 2025 y fue desvinculado de Sernapesca durante mayo de 2026. Su detención se produjo en el marco del operativo desarrollado el lunes 8 de junio por la PDI y el Ministerio Público, que culminó con 54 personas detenidas en lo que la Fiscalía de Los Ríos calificó como la audiencia de control de detención más masiva en la historia de la región.
Una red de $8.800 millones entre Los Lagos y Los Ríos
La Operación Nereida desarticuló una organización criminal que trasladaba productos —principalmente merluza austral, congrio dorado, pejerreyes y locos— desde la Región de Los Lagos para ser distribuidos en cinco regiones del país. Mediante análisis financiero, la PDI detectó ingresos superiores a los $8.800 millones durante 2023 y 2024, de los cuales más de $8.260 millones corresponderían a recursos no declarados ante la autoridad tributaria. El director regional del SII, Hugo Brito, confirmó que la institución trabajó durante más de un año y medio en el análisis de la trazabilidad contable del ilícito, estimando una evasión fiscal superior a los 6 mil millones de pesos.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, explicó que la investigación permitió identificar proveedores, transportistas, comercializadores, personas encargadas de administrar las ganancias y también personas que facilitaban la evasión de los controles. La estructura criminal operaba adquiriendo recursos hidrobiológicos sin acreditar su origen legal ni su trazabilidad, para después introducirlos en canales de distribución formal.
Tres carabineros, un funcionario municipal y un exfuncionario de Sernapesca
El caso no se limita a Quiroz. Entre los 54 detenidos hay tres carabineros activos, un trabajador de la Municipalidad de Valdivia y el exfuncionario de Sernapesca. El trabajador municipal detenido es Pablo Sánchez, periodista del equipo de comunicaciones del municipio valdiviano. La Municipalidad de Valdivia instruyó un sumario administrativo tras conocerse la noticia. Carabineros de la Zona de Los Ríos, por su parte, confirmó la detención y desvinculación de dos funcionarios de la institución, señalando que su captura se produjo tras acreditarse irregularidades en procedimientos policiales relacionados con la facilitación del tránsito de recursos del mar obtenidos ilegalmente.
La directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia, reaccionó con dureza a la vinculación del exfuncionario: «Frente a la detención de un exfuncionario de Sernapesca, solo podemos comentar que expresa uno de los aspectos más riesgosos de la asociación ilícita y el crimen organizado, cuando se trata de vulnerar a las instituciones de control.» Tapia agregó que el servicio realizó una denuncia en el Ministerio Público en septiembre de 2024, luego de un cruce de datos con la Armada y Carabineros, y que desde entonces ha fortalecido su sistema de integridad interna. En paralelo, entre 2025 y mayo de 2026, Sernapesca incautó 28,58 toneladas de merluza austral y 8,72 toneladas de congrio dorado de origen ilícito. La TerceraLa Tercera
Los 54 imputados serán formalizados este martes ante el Juzgado de Garantía de Valdivia. El caso, bautizado ya en redes como «MerluzaGate», pone en el centro de la agenda regional una pregunta incómoda: si quienes debían custodiar los recursos del mar del sur de Chile formaban parte de la red que los saqueaba, ¿con qué profundidad penetró esta organización en las instituciones de control?
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
