El empresario agrícola de Maullín Erico Jaramillo se encuentra prófugo de la justicia. El Juzgado de Letras y Garantía de esa comuna de la provincia de Llanquihue emitió una orden de detención en su contra luego de que el imputado no se presentara al Penal de Puerto Montt dentro del plazo de 24 horas que le fijó el tribunal, tras ser formalizado y quedar en prisión preventiva por delitos tributarios reiterados que habrían generado un perjuicio fiscal cercano a los $166 millones, equivalentes a unas 3.800 UF.
El incumplimiento activó el escenario que el propio tribunal había previsto. Jaramillo participó de la audiencia de formalización de manera telemática desde la Región de Aysén, por lo que el juzgado le otorgó un plazo máximo de 24 horas para presentarse voluntariamente al recinto penitenciario de Puerto Montt. Ante su ausencia, y en la audiencia agendada precisamente para ese efecto, la Fiscalía solicitó el despacho de la orden de aprehensión, que fue acogida por el tribunal.
Fraude tributario con 190 facturas falsas y empresas de papel
Según expuso en la formalización el fiscal de Maullín, Patricio Llancamán, entre 2016 y 2019 el imputado habría emitido 190 facturas falsas provenientes de 29 empresas proveedoras, muchas de ellas ficticias o «de papel», para declarar impuestos de manera irregular a través de tres sociedades vinculadas a los rubros de ganadería, agricultura y transportes. El esquema consiste en aparentar gastos mediante facturas emitidas por entidades sin actividad real, lo que permite deducir costos inexistentes ante el Servicio de Impuestos Internos y reducir artificialmente la carga impositiva.
El factor que inclinó al tribunal hacia la prisión preventiva fue el historial del imputado: Jaramillo ya fue condenado en 2011 por fraude al fisco mediante un mecanismo idéntico, cuando entre 2005 y 2007 operó desde Puerto Varas y generó un perjuicio al Estado que alcanzó los $700 millones. El Juzgado de Maullín consideró que la multiplicidad de delitos imputados en la nueva causa, sumada a esa condena previa por hechos similares, configura el peligro para la seguridad de la sociedad que exige el artículo 140 del Código Procesal Penal.
Prófugo en el sur: la búsqueda del imputado
Con la orden de detención vigente, corresponde ahora a las policías ubicar y aprehender a Jaramillo para su ingreso al Penal de Puerto Montt. Su última ubicación conocida por el tribunal fue la Región de Aysén, desde donde se conectó a la audiencia de formalización, antecedente que amplía el radio de búsqueda más allá de la provincia de Llanquihue.
El caso vuelve a poner en evidencia un patrón de evasión tributaria en el sector agropecuario de Los Lagos, donde el uso de facturas falsas y proveedores ficticios sigue siendo una modalidad recurrente de fraude fiscal. La fuga del imputado agrega ahora una interrogante adicional sobre la decisión de permitir su presentación voluntaria pese a la condena previa que registraba, y deja en manos de la coordinación policial entre Los Lagos y Aysén el desenlace de una causa que acumula, entre ambos episodios, un perjuicio al Estado cercano a los $870 millones en dos décadas.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 4 del Código Procesal Penal, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
