La encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la segunda semana de julio, mostró que el Plan de Reconstrucción Nacional —conocido también como la “megarreforma” impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast— mantiene una evaluación predominantemente desfavorable en la opinión pública, con 50% de los consultados manifestando estar en desacuerdo con la propuesta.
De acuerdo con los resultados del sondeo, el nivel de rechazo subió un punto porcentual frente a la medición del 18 de junio. En la otra vereda, un 44% señaló estar de acuerdo con el paquete de cambios, en una división que, si bien muestra un respaldo relevante, no logra revertir la tendencia negativa en la evaluación general.
Uno de los componentes que concentra mayor resistencia es la propuesta de rebajar gradualmente el impuesto de primera categoría que pagan las empresas. En específico, la iniciativa plantea reducir la tasa desde 27% a 22% en un plazo de tres años. Según la encuesta, un 56% de los encuestados se opone a esa medida, ubicándola entre los elementos con menor apoyo dentro del conjunto de reformas.
El estudio también midió la percepción sobre otro punto relevante del plan: establecer un régimen de invariabilidad tributaria para grandes proyectos de inversión por períodos de entre 10 y 20 años. En ese ítem, el rechazo alcanzó el 44%, reflejando reparos a mecanismos de estabilidad impositiva de largo plazo para inversiones de gran escala.
División sobre el rol del Congreso en la tramitación
Pese a la evaluación generalmente negativa que recoge la encuesta Cadem megarreforma, la medición muestra un escenario distinto cuando se pregunta por el curso legislativo que debería tener la iniciativa. Un 47% considera que el Congreso debiera aprobar el proyecto, mientras que un 42% estima que debiera rechazarlo.
La distancia entre ambas respuestas sugiere que una parte de los consultados, aun expresando desacuerdo con aspectos del plan, no necesariamente opta por bloquear su avance legislativo. En el relato del sondeo, la discusión se desplaza desde una aprobación global del paquete a una mirada más fragmentada, donde las personas diferencian entre el contenido de ciertas medidas y la conveniencia de que el debate se resuelva en el Parlamento.
En la práctica, los resultados reflejan que la percepción del plan no es homogénea: conviven rechazos nítidos a reformas tributarias permanentes con apoyos altos a medidas acotadas que apuntan a alivios fiscales o estímulos específicos.
Medidas con mayor respaldo: reconstrucción, viviendas e incentivos al empleo
Entre los puntos que sí reciben un respaldo amplio, la encuesta ubica en el primer lugar la destinación de mayores recursos para la reconstrucción de zonas afectadas por incendios en las regiones de Ñuble y Biobío. Esa medida obtuvo un 81% de apoyo, transformándose en el aspecto mejor evaluado del plan.
Otra propuesta con alta adhesión es la eliminación del IVA durante 12 meses para la compra de viviendas nuevas. Este ítem alcanza un 71% de respaldo, lo que sugiere una valoración significativa de medidas orientadas a aliviar el costo de acceso a la vivienda, especialmente en un contexto donde el precio final puede verse fuertemente influido por la carga impositiva.
En el mismo grupo de iniciativas bien evaluadas aparece la eliminación o reducción del pago de contribuciones de la primera vivienda para personas mayores de 65 años. Según el estudio, esta propuesta recibe un 63% de aprobación, posicionándose como una medida socialmente atractiva al enfocarse en hogares de adultos mayores y en su vivienda principal.
La encuesta también muestra una evaluación positiva para los beneficios tributarios dirigidos a empresas que generen nuevos empleos formales. Ese incentivo obtendría un 55% de respaldo, evidenciando que parte importante de los consultados distingue entre rebajas tributarias generales —como la reducción del impuesto corporativo— y mecanismos asociados a resultados concretos en el mercado laboral formal.
El sondeo, en todo caso, marca un contraste: mientras los incentivos vinculados a empleo y medidas temporales o focalizadas concitan apoyos importantes, las modificaciones tributarias de carácter más permanente son las que aparecen con mayores niveles de rechazo dentro del paquete.
En síntesis, la medición de Cadem retrata una “megarreforma” evaluada con desconfianza en sus ejes tributarios más estructurales, pero con componentes específicos de alto respaldo ciudadano. El debate legislativo, según el mismo sondeo, se mantiene abierto, con una mayoría relativa que se inclina por que el Congreso avance en su tramitación mientras la ciudadanía diferencia con claridad entre las medidas que aprueba y aquellas que rechaza.
