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Una investigación de más de un año coordinada desde la Fiscalía Regional de Los Lagos, a través de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), derivó en uno de los operativos anticrimen organizado más significativos del sur del país. La operación, ejecutada de manera simultánea en las regiones de Los Lagos, Los Ríos, Biobío, Metropolitana y Tarapacá, desarticuló una red criminal dedicada al robo, procesamiento, comercialización y exportación ilegal de cobre, con vínculos que se extendían desde el sur de Chile hasta mercados del Asia.
El resultado es contundente: 22 personas detenidas por orden judicial, 187 toneladas de cobre incautadas, más de 1.600 millones de pesos congelados en cuentas bancarias de los imputados, 64 propiedades bajo medidas cautelares reales, alrededor de 40 vehículos y máquinas incautados, además de armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.
La fiscal regional subrogante de Los Lagos, María Angélica de Miguel, encabezó la presentación pública del operativo y detalló el funcionamiento de la organización desarticulada.
Cómo operaba la red: del sur de Chile a los mercados asiáticos
La cadena delictual comenzaba en el sur del país con el robo de cables de cobre que suministraban redes de infraestructura crítica, afectando directamente a la ciudadanía. Ese cobre era luego trasladado hacia el norte mediante un intermediario que actuaba como «pasamano» entre dos clanes familiares: uno operando en el sur y otro en el norte del país.
Para eliminar la trazabilidad del material robado y hacer imposible su identificación, la red sometía el cobre a un proceso de quemado, pelado o trituración, de modo que las empresas no pudieran reconocer su procedencia. Una vez procesado, el metal era exportado desde Iquique a mercados del Asia, clasificado como chatarra.
Empresas de fachada y lavado de activos
Uno de los elementos más complejos de la organización era su entramado financiero. La red operaba a través de chatarrerías y empresas de papel que tenían por objeto legalizar las operaciones y blanquear las ganancias ilícitas. Para ello utilizaban facturas falsas e instrumentos tributarios adulterados, que permitían presentar el cobre de origen robado como material de procedencia legal.
Esta dimensión del caso involucró un trabajo conjunto con el Servicio de Impuestos Internos, clave para rastrear el flujo de dinero y determinar las cuentas y propiedades vinculadas a la organización.
Roles definidos y jerarquía clara
Según la fiscal De Miguel, la organización tenía una estructura con roles permanentes y jerarquía específica, que abarcaba todas las etapas del delito: adquisición, acopio, procesamiento, transporte, comercialización y exportación del cobre. Además de los clanes familiares en el sur y el norte, la red incluía intermediarios y múltiples participantes en cada eslabón de la cadena.
Los 22 imputados serán formalizados ante los tribunales por una amplia lista de delitos, entre los que destacan asociación ilictiva, lavado de activos, robo y hurto de suministros de redes, receptación, contrabando y comercio ilícito.
Una investigación que partió en Los Lagos
La fiscal subrogante destacó el carácter estratégico de haber iniciado y liderado esta investigación desde la región, subrayando el trabajo conjunto entre funcionarios de la PDI, el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía como factor determinante para llegar no solo a los ejecutores del robo, sino también a los intermediarios, las empresas de fachada y los responsables del blanqueo de capitales.
