La Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI) encendió las alertas por el impacto que está teniendo el alza de los combustibles en las regiones, luego de cambios en el MEPCO (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles). El gremio sostuvo que el incremento presiona el costo de vida de las familias, eleva los precios asociados a la logística y amenaza con profundizar desigualdades territoriales, particularmente donde las distancias y la conectividad complican la distribución de bienes y servicios.
El pronunciamiento fue liderado por el gobernador regional de Los Lagos y presidente de AGORECHI, Alejandro Santana, quien planteó que el encarecimiento de los carburantes no solo se refleja en el bolsillo de los hogares, sino también en la operación cotidiana de los territorios: transporte de carga, traslado de personas, y distribución de productos esenciales.
Desde la asociación, los gobernadores apuntaron a que esta situación se explica por factores externos, como conflictos internacionales, y que por lo mismo debe ser abordada desde el Gobierno central. En su declaración, remarcaron que los gobiernos regionales no cuentan con facultades legales ni con presupuestos diseñados para absorber o compensar estos incrementos de manera sostenida.
En ese marco, la principal solicitud fue el traspaso de la administración de medidas de apoyo al nivel central. “Hemos solicitado al Presidente de la República y al ministro de Hacienda que sea el Ministerio de Transportes quien asuma la administración de los subsidios”, señaló Santana, recalcando que esta responsabilidad no debe recaer en los presupuestos regionales.
Presión en transporte y abastecimiento
AGORECHI advirtió que el alza de combustibles impacta con mayor fuerza a los territorios más apartados. En las llamadas zonas extremas, explicaron, la combinación de mayores distancias, conectividad limitada y dependencia del transporte terrestre o marítimo encarece la distribución de bienes esenciales, afectando precios finales y disponibilidad de productos.
La asociación puso el foco en las consecuencias que esta variable puede tener en la economía familiar y en los servicios locales. El combustible es un componente transversal: influye en el costo de abastecimiento, en la movilidad cotidiana y en la operación de distintos rubros productivos que dependen del transporte para mantener cadenas de suministro.
A nivel de transporte público, los gobernadores manifestaron su rechazo a cualquier intento de traspasar a las regiones la tarea de mitigar el impacto en la locomoción colectiva. Consideraron inviable que los gobiernos regionales asuman ese rol desde el punto de vista financiero, más aún en un escenario marcado por recientes recortes que han afectado a las arcas regionales.
En el planteamiento del gremio, el diseño de subsidios y medidas de contención debe tener conducción nacional, justamente para evitar respuestas fragmentadas que dejen a algunas regiones con menor capacidad de reacción frente a variaciones del precio del petróleo.
Electromovilidad y mesa urgente
Como propuesta de mediano y largo plazo, AGORECHI planteó acelerar la implementación de la electromovilidad en todo el territorio nacional. Los gobernadores indicaron que se trata de un cambio estructural que permitiría reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia un sistema de transporte más sustentable, con mayor estabilidad frente a fluctuaciones internacionales.
Además, solicitaron la conformación de una mesa de trabajo urgente con el Ejecutivo nacional. Según indicaron, el objetivo es diseñar mecanismos que resguarden el bienestar de las comunidades y eviten un deterioro de los servicios asociados a la movilidad, particularmente en comunas y territorios donde el transporte es un factor crítico para acceder a salud, educación, trabajo y actividades productivas.
La señal política que busca instalar el gremio es que el aumento de los combustibles no es un problema abstracto: se traduce en costos concretos para hogares, empresas y servicios en regiones. Con la solicitud de que el Ministerio de Transportes administre los subsidios y la convocatoria a una instancia de coordinación con el Ejecutivo, los gobernadores apuntan a una respuesta con foco territorial, que priorice continuidad operacional y equidad para los distintos rincones del país.
