La agrupación Mujeres por Los Ríos, la Justicia y la Dignidad manifestó su rechazo al proyecto de “megarreforma” impulsado por el Ejecutivo y afirmó que la iniciativa, “bajo la excusa de la reconstrucción pretende beneficiar a los más ricos, a costa de la mayoría de los chilenos”. A través de un comunicado público, la organización llamó a la ciudadanía a informarse sobre el contenido de la propuesta y a considerar la mirada de especialistas que han cuestionado sus alcances.
En su declaración, el colectivo sostuvo que diversos expertos han advertido que el proyecto “constituye un riesgo para las finanzas públicas y, por tanto, para el financiamiento del Estado y los servicios a los que accede la comunidad”. En esa línea, la agrupación planteó que el debate no puede quedar reducido a consignas, y que la evaluación sobre sus efectos debe incorporar el impacto en ingresos fiscales y en el sostenimiento de políticas públicas.
Uno de los puntos centrales de su crítica se enfocó en la rebaja de impuestos contenida en la iniciativa. Según el texto, “las voces técnicas han descartado que la rebaja de impuestos a los ‘súper ricos’ propuesta por el presidente Kast garantice un aumento de empleos y una mayor inversión en el país”, agregando que, a su juicio, los principales beneficios quedarían concentrados en las grandes fortunas ya existentes en Chile.
El comunicado también señaló que la discusión pública debe incluir una evaluación sobre quiénes reciben los beneficios directos e indirectos de los cambios propuestos, y cómo esos eventuales efectos se distribuyen en la economía y en el acceso a servicios estatales. En ese marco, la organización insistió en que la ciudadanía revise el detalle del proyecto y contraste sus promesas con análisis técnicos.
Exención de contribuciones y efectos en municipios
Otro aspecto abordado por Mujeres por Los Ríos, la Justicia y la Dignidad fue la propuesta de exención de contribuciones para personas mayores. Sobre ese punto, la agrupación expresó que espera que se considere la visión de alcaldes y alcaldesas que han advertido impactos negativos para los municipios, especialmente por eventuales mermas en recursos que sostienen servicios comunales.
En el texto, la organización afirmó que “la gran mayoría de la población mayor ya se encuentra liberada de ese pago”, lo que atribuyó a las bajas pensiones. En consecuencia, planteó que la medida “beneficiaría solo a un grupo reducido que goza de pensiones millonarias y posee viviendas de alto valor”.
La declaración también recogió cuestionamientos desde el mundo municipal, señalando que más de 100 alcaldes y alcaldesas han advertido que la propuesta podría afectar recursos del Fondo Común Municipal. Según plantearon, una reducción en esa recaudación tendría impactos en prestaciones básicas que dependen del financiamiento local, como alumbrado público, mantención de calles y recolección de residuos domiciliarios.
Para la agrupación, esta dimensión territorial es clave en el debate sobre la megarreforma Los Ríos: no solo por los cambios tributarios, sino por el efecto que un ajuste en el flujo de recursos podría tener en la capacidad de los municipios para sostener servicios cotidianos. En ese sentido, el llamado fue a incorporar las alertas de alcaldías y no tratar el punto como una medida aislada.
Salud pública y preocupación por el Hospital Base de Valdivia
En su comunicado, Mujeres por Los Ríos, la Justicia y la Dignidad también expresó preocupación por los recortes en salud pública. En particular, afirmaron: “no podemos aceptar los recortes a la salud pública que en nuestra región está afectando directamente al funcionamiento del Hospital Base de Valdivia, generando un daño a la población de toda la región”.
La agrupación vinculó ese escenario al debate sobre el financiamiento del Estado y sostuvo que decisiones fiscales tienen consecuencias directas en la red asistencial, especialmente en establecimientos de referencia regional. En esa línea, apuntaron a que el análisis de reformas tributarias y exenciones debe considerar, además de sus efectos macroeconómicos, el eventual impacto en la provisión de servicios esenciales.
Hacia el final de la declaración, la organización llamó a las fuerzas políticas “a actuar con responsabilidad ante este proyecto y no hipotecar al país y su gente por medidas de corto plazo”. El comunicado cerró con una consigna: “¡Ni un paso atrás!”.
Por ahora, el pronunciamiento instala la postura del colectivo en la discusión pública y refuerza un foco regional al situar parte de su preocupación en el funcionamiento del Hospital Base de Valdivia y en las advertencias municipales asociadas a ingresos que sostienen servicios comunales en el territorio.
