Un proyecto de ley que obligaría a las mujeres y niñas a escuchar los latidos del feto antes de acceder a un aborto legal ha desatado un rechazo transversal desde el mundo político, médico y de organizaciones de derechos reproductivos. La iniciativa, denominada «Escucha su corazón», fue ingresada al Congreso el 25 de junio por diputados del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y Renovación Nacional, y propone modificar el artículo 119 del Código Sanitario. Su punto más cuestionado establece que, si la mujer se niega a escuchar los latidos, el médico deberá abstenerse de practicar el procedimiento, incluso en casos de violación o inviabilidad fetal letal.
Qué establece «Escucha su corazón» y quiénes la impulsan
La moción, encabezada por el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL) y firmada además por Chiara Barchiesi, Catalina Del Real y Claudia Reyes (Republicanos), Álvaro Jofré (PNL) y Ximena Ossandón (RN), plantea que el médico deberá informar a la paciente si existe actividad cardíaca detectable y ofrecerle, «de manera verbal y directa», escuchar los latidos mediante los medios técnicos disponibles. Aunque el texto señala que la mujer puede declinar libremente ese ofrecimiento, agrega de inmediato que el médico deberá negarse a realizar la interrupción si eso ocurre, convirtiendo en la práctica la escucha en un requisito para acceder a la prestación. Según su autor, el proyecto se modificó después de su ingreso para excluir la causal de riesgo vital de la madre, aplicándose solo a las causales de violación e inviabilidad fetal.
Urruticoechea defendió la iniciativa argumentando que busca «salvar vidas» y sostuvo que en otros países el aborto ha disminuido cuando las mujeres escuchan los latidos. La moción cita como precedentes legislaciones de estados de Estados Unidos como Kentucky, Texas, Arizona, Georgia y Mississippi.
Críticas por revictimización y violencia obstétrica
El rechazo cruzó el eje político. La directora ejecutiva de Miles Chile, Javiera Canales, afirmó que «si te preguntan ‘¿Quieres escuchar su corazón?’ y la respuesta correcta es una sola, entonces no es una pregunta, es chantaje», y calificó la medida como revictimizante y contraria a la autonomía y dignidad de la paciente. Desde el ámbito clínico, el matrón, ecografista y jefe de carrera de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago, Marcelo Ahumada, sostuvo que evaluar la actividad cardíaca ya forma parte de las ecografías habituales y no requiere que la paciente escuche los latidos, describiendo la exigencia como una forma de violencia obstétrica que «solo agrava la situación clínica».
La exministra de la Mujer Antonia Orellana cuestionó el proyecto en una carta al director titulada «Crueldad legislativa» y afirmó que, más que estar contra el aborto, la iniciativa «está contra la más mínima humanidad». En la misma línea, la exministra Karla Rubilar —única parlamentaria de centroderecha que respaldó íntegramente la ley de tres causales en 2016— advirtió que se trata de un grave retroceso y pidió «más humanidad», recordando que votó a favor de la ley porque, en los momentos más difíciles, el Estado debe acompañar y no revictimizar.
El rechazo también llegó desde el Partido de la Gente. La diputada Zandra Parisi apeló a la dimensión humana del debate y señaló que «de las tres causales que tenemos en nuestro país para poder realizar un aborto, más del 40% se realiza por neonatos que no tienen la posibilidad de vivir», calificando de falta de humanidad pedirle a esas madres que escuchen los latidos.
El aborto en el mundo: qué dicen las cifras
El argumento central del proyecto —que informar sobre la actividad cardíaca reduciría los abortos— choca con la evidencia internacional. Según el Instituto Guttmacher y la OMS, las tasas de aborto son similares en países donde el procedimiento está restringido y en aquellos donde es legal en términos amplios, y la tasa es incluso más alta en los países que lo restringen que en los que no, según análisis que excluyen a China e India. A nivel global se practican unos 56 millones de abortos inducidos cada año, de los cuales alrededor de 25 millones (45%) son inseguros, concentrados en su gran mayoría en países en desarrollo con legislaciones restrictivas. La OMS calcula que cada año se realizan unos 33 millones de abortos en condiciones peligrosas. En 2017, además, el 42% de las mujeres en edad reproductiva vivía en los 125 países donde el aborto está fuertemente restringido.
Chile mantiene una de las legislaciones más acotadas de la región: la interrupción del embarazo solo es legal desde 2017 bajo tres causales —riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal letal y violación—, a diferencia de países como Argentina, Colombia o Uruguay, que han ampliado el acceso en la última década. En ese marco, el debate por «Escucha su corazón» se inserta en una discusión más amplia sobre hasta dónde puede el Estado condicionar una prestación de salud ya restringida.
Para las regiones de Los Lagos y Los Ríos, donde la atención materno-fetal de mayor complejidad se concentra en pocos establecimientos públicos, cualquier nueva barrera al procedimiento podría tensionar aún más los tiempos de acceso para pacientes derivadas desde zonas alejadas, un punto que especialistas ya han levantado sobre esta iniciativa. El proyecto recién inicia su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.
