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Puerto Montt entró de lleno en la arista local de un informe nacional que remece al sector público. La Contraloría General de la República reveló que 910 funcionarios públicos realizaron apuestas ilegales en casinos por más de $11 mil millones, y en la capital regional de Los Lagos el municipio anunció querellas al detectar a 16 directivos vinculados a transacciones irregulares.
El hallazgo, según el reporte del ente contralor, corresponde a operaciones registradas entre enero de 2024 y junio de 2025. La investigación se basó en el cruce de información: por una parte, personas que trabajan resguardando fondos estatales y que tienen prohibición legal de apostar; por otra, registros oficiales de los recintos de juego.
Una de las conclusiones más delicadas del documento es la concentración del dinero: 181 de los involucrados reúnen el 96,8% del total transado. La Contraloría enfatizó que estos montos, que superan los 11 mil millones de pesos, no se condicen con las remuneraciones de los trabajadores observados, abriendo un foco de preocupación por el origen de los recursos y los eventuales delitos asociados.
En el caso de Puerto Montt, la situación escaló a nivel municipal por la naturaleza de los cargos involucrados. El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt Galilea, calificó la arista comunal como de “extrema gravedad” y confirmó que en los antecedentes aparecen 16 cargos directivos del municipio.
Además, Wainraihgt destacó un dato especialmente sensible para la comunidad: un funcionario habría gastado cerca de 280 millones de pesos en apuestas. La cifra, por sí sola, refuerza el impacto público del caso, tanto por la magnitud del gasto como por el rol que cumplen directivos en la administración local y en decisiones que afectan recursos y servicios para los vecinos.
Qué detectó Contraloría a nivel país
El informe de la Contraloría General de la República apunta a apuestas consideradas ilegales y realizadas por personal que, por norma, tiene prohibición de jugar en casinos. La revisión se concentró en funcionarios vinculados a la custodia y administración de recursos del Estado, un ámbito especialmente sensible para la probidad y la confianza pública.
La dimensión del caso no solo está en el número de personas: el dato de la concentración del 96,8% del dinero en 181 funcionarios instala un patrón que, para efectos de control, obliga a mirar con mayor detalle perfiles de transacción, frecuencia y montos. En términos prácticos, también tensiona los sistemas de fiscalización interna y los mecanismos de prevención de conflictos de interés.
Querellas y derivación a Fiscalía
A partir de estos antecedentes, los datos fueron derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, con el objetivo de activar las acciones correspondientes en el ámbito penal y patrimonial del Estado. En paralelo, el municipio anunció que llevará el caso a tribunales mediante acciones judiciales.
En el plano local, la estrategia legal será abordada por la unidad penal municipal, a cargo del exfiscal Marcos Emilfork. El equipo sumará estos hechos a una querella criminal que el municipio ya había presentado por irregularidades de naturaleza similar, buscando ampliar la investigación y reunir en una misma causa conductas que podrían estar conectadas.
El curso de esta arista tendrá efectos directos en la gestión municipal: además de eventuales responsabilidades individuales, el caso presiona medidas internas de control y revisión de procedimientos, y puede derivar en nuevas diligencias, citaciones y acciones judiciales a medida que avancen las indagatorias de Fiscalía y los análisis del Consejo de Defensa del Estado.
