La Contraloría General de la República advirtió que 910 funcionarios públicos realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar por un total de $11.490.456.871 entre enero de 2024 y junio de 2025, en una conducta que contraviene la prohibición establecida para personal obligado a rendir caución por administrar fondos estatales.
El hallazgo está contenido en el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) Nº 20, emitido el 23 de marzo de 2026. En el documento, el organismo fiscalizador define “transacción” como cualquier operación económica al interior de un casino —ingreso, uso, conversión o retiro de dinero— asociada al circuito de juego.
La infracción apuntada por la Contraloría se vincula al artículo 10, letra b), de la ley N° 19.995, que prohíbe apostar a quienes, por su función, deben resguardar recursos públicos y están sujetos al deber de caución. En términos prácticos, la norma busca reducir riesgos de manejo indebido de fondos y eventuales conflictos de interés.
Más allá de la cifra total, el informe instala una alerta por la concentración de montos. Según la Contraloría, el 96,8% del dinero involucrado —$11.118.431.956— fue movilizado por apenas 181 funcionarios, un grupo que concentra la mayor exposición y eleva el estándar de preocupación sobre controles internos y trazabilidad de recursos.
Concentración de montos y casos críticos
Uno de los focos más sensibles identificados corresponde a la Fuerza Aérea de Chile (FACH). En ese caso, el informe consigna que dos funcionarios transaccionaron en conjunto $1.046.048.380 en operaciones asociadas a casinos, una cifra que, por su magnitud, tensiona cualquier explicación ligada a ingresos habituales.
En su análisis, la Contraloría subraya un elemento que cruza el conjunto de antecedentes: “Las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones”. Con ese punto, el reporte no solo pone el acento en el incumplimiento administrativo, sino también en el riesgo de que montos de esa escala abran interrogantes sobre el origen del dinero y la necesidad de pesquisas más profundas.
El listado de los mayores montos incluye perfiles de distintas áreas y niveles funcionales. Entre los casos destacados figuran un suboficial de la FACH con transacciones por $1.040.426.820; un directivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) con un total de $622.401.710; y un oficial administrativo de la Tesorería General de la República (TGR) con movimientos por $507.398.060.
Impacto transversal en servicios y municipios
La Contraloría describe que el fenómeno alcanza a 371 entidades públicas y municipales, lo que da cuenta de una dimensión extendida del incumplimiento y de brechas de control que no se limitan a un solo sector. En la nómina aparecen instituciones de fiscalización y orden, como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile, además de servicios con labores sociales como la JUNJI y el Sence, y el Servicio de Gobierno Interior.
En el plano territorial, el informe también menciona municipios como San Ramón y Puerto Montt, un dato que vuelve más cercano el impacto para comunidades donde la confianza en la gestión local se juega en la rutina: permisos, fiscalizaciones, pagos, compras y administración de recursos que terminan afectando directamente la vida cotidiana.
Sumarios, sanciones y derivaciones a Fiscalía
Tras detectar las transacciones, la Contraloría activó medidas en tres frentes. Primero, remitió los 910 casos a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) para el inicio de procesos sancionatorios. Segundo, instruyó a las entidades involucradas a abrir procedimientos disciplinarios, con un plazo de cinco días para iniciar los sumarios.
Tercero, derivó al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la nómina de los 181 funcionarios que concentran los mayores montos. Esa derivación abre un curso de investigación que, de acreditarse responsabilidades, puede escalar desde el ámbito administrativo al penal y patrimonial, incluyendo eventuales acciones para resguardar o recuperar recursos.
Con el informe ya en circulación, el próximo paso queda en manos de las instituciones y organismos a los que se derivaron los antecedentes: sumarios para determinar eventuales faltas y sanciones, procesos ante la autoridad reguladora de casinos y evaluaciones investigativas en sede penal. Para la ciudadanía, el caso reabre el debate sobre probidad y control interno en servicios y municipios, y sobre cómo se detectan a tiempo conductas de alto riesgo en funciones asociadas a la administración del Estado.
