La Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley que establece mecanismos de reconocimiento, calificación y eventual reparación integral para personas afectadas por hechos de violencia asociados al conflicto intercultural y territorial, registrados desde 1990 en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La votación del texto en su idea de legislar se zanjó con 22 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, mientras que una disposición especial sobre reserva y confidencialidad de información fue respaldada con 29 votos favorables y una abstención.
La iniciativa —originada durante la administración del expresidente Gabriel Boric, según se expuso en la discusión— se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado y busca fijar una política de Estado para el reconocimiento y la reparación, más allá de respuestas administrativas o programas de duración acotada. En lo práctico, su alcance territorial incluye hechos ocurridos en Los Ríos y Los Lagos, donde víctimas podrían acceder a mecanismos de calificación y, de cumplirse los requisitos, a medidas de acompañamiento y reparación.
Durante el debate, parte de los parlamentarios que respaldaron el proyecto plantearon que el país arrastra una deuda con quienes han sufrido hechos de violencia en el periodo democrático, y que la ley permitiría dar un marco permanente a la respuesta estatal. Al mismo tiempo, incluso entre quienes aprobaron en general, se anticipó que habrá ajustes en la discusión en particular para precisar conceptos y alcances.
Una comisión definirá la calidad de víctima y habilitará el acceso a medidas
En la presentación del contenido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la senadora Fabiola Campillai, explicó que el proyecto propone la creación de una Comisión de Calificación de Víctimas de Hechos de Violencia del Conflicto Intercultural y Territorial. Ese organismo, de acuerdo con lo expuesto, revisará antecedentes y determinará qué personas podrán acceder a la calidad de víctima, conforme a los requisitos que establezca la futura ley.
La propuesta incluye además un Programa de Atención de Víctimas, pensado para coordinar y ejecutar medidas de acompañamiento, atención y reparación. Junto con ello, contempla un Catastro Nacional de Víctimas, donde se inscribirán las personas que obtengan la calificación correspondiente.
Dentro de las normas votadas, el Senado también respaldó una regla especial orientada a resguardar la reserva y confidencialidad de la información de las personas afectadas. Ese punto fue aprobado con una mayoría más amplia, en una señal de consenso sobre la necesidad de proteger antecedentes sensibles vinculados a quienes acudan al sistema de reconocimiento.
Indicaciones y debate de fondo: definición de víctima y denominación del conflicto
Tras la aprobación en general, la discusión se traslada al trabajo en particular, donde los senadores anunciaron la presentación de indicaciones. En esa etapa, quienes apoyaron el proyecto señalaron que será necesario afinar la definición de víctima, precisar el alcance de las reparaciones y robustecer la protección de datos personales de quienes sean incorporados al registro.
En la vereda contraria, los parlamentarios que votaron en contra cuestionaron el diagnóstico que sustenta la iniciativa. Según sus intervenciones en Sala, los hechos ocurridos en las regiones incluidas no deberían comprenderse únicamente como parte de un conflicto intercultural y territorial, sino como acciones de carácter terrorista cometidas durante el periodo democrático.
Pese a esas diferencias, el acuerdo en general dejó instalada la base del debate legislativo sobre cómo el Estado reconocerá y abordará el daño causado por hechos de violencia en zonas como Los Ríos y Los Lagos. En términos prácticos, la aprobación habilita que el articulado sea revisado y modificado en detalle en la Comisión de Derechos Humanos, antes de volver a una nueva votación en la Sala.
El proyecto continuará su tramitación con el foco puesto en definir requisitos, procedimientos y resguardos para quienes soliciten ser reconocidos. De avanzar, se abriría un marco legal para la reparación víctimas Los Ríos y también para las personas afectadas en Los Lagos, Biobío y La Araucanía, con un catastro y un programa de atención que, según lo discutido, buscarán dar continuidad a la respuesta pública y proteger la información de quienes recurran a este mecanismo.
